octubre 20, 2019

Cuatro caminos para democratizar la comunicación en Bolivia. Mediocracia de alta intensidad

por: José Luis Exeni R.

Está visto. Una asignatura pendiente de nuestras democracias, por lo cual permanecen incompletas-cercenadas, es la democratización del espacio público-mediático. Por ello la importancia de avanzar, desde la sociedad, desde el Estado, desde los mass media, en acciones específicas que nos permitan garantizar el ejercicio pleno —sin mediaciones, sin mordazas— de los derechos a la comunicación e información en el horizonte de una democracia intercultural con igualdad en Bolivia. ¿Cómo hacerlo? En lo que sigue describo sintéticamente, como insumo para el debate, cuatro acciones complementarias.

1. La regulación, el derecho

La comunicación es un asunto demasiado importante como para dejarlo sólo en manos de comunicadores y periodistas. O peor: de empresarios mediáticos. O de políticos. Por ello no sólo es necesario, sino urgente, construir de forma ampliamente participativa y democrática, desde la sociedad organizada, una norma general —llámese ley orgánica, llámese código— que garantice e impulse el ejercicio de los derechos humanos a la comunicación e información consagrados en la Ley Fundamental. No es poca cosa.

¿Por qué normar los derechos ciudadanos a la comunicación e información cuando al parecer bastaría con preservar, para los operadores mediáticos, las libertades de expresión y de prensa? Sobran razones. Para empezar, hay un mandato constitucional toda vez que la nueva Constitución Política del Estado por primera vez en nuestra historia reconoce a la comunicación y a la información como derechos fundamentales. Es necesario, pues, un desarrollo normativo para hacerlos plenamente efectivos. Si a ello se añade, en la materia, la existencia de un conjunto de legislación extemporánea, dispersa, incoherente y que no se cumple, entonces el mandato se convierte en necesidad impostergable.

¿Cómo normar los derechos a la comunicación e información? En este recorrido el procedimiento es fundamental. La única forma de hacerlo es desde/en sociedad, a partir de la conformación de una plataforma por la comunicación democrática que active-impulse espacios públicos, plurales y participativos de diálogo y deliberación. Los riesgos, siempre presentes, son dos: que esta asignatura sea asumida verticalmente por los órganos del poder público (sea el Ejecutivo, sea la Asamblea Legislativa Plurinacional); o que sea monopolizada, en lógica de trinchera, por los operadores mediáticos en la defensa a ultranza de sus viejas normas y privilegios para que nada cambie.

Asumido como necesidad-mandato e impulsado desde la sociedad organizada, el reto de regular el ejercicio de los derechos a la comunicación e información plantea la ineludible interrogante de qué normar. O en otras palabras: ¿cuáles son los ámbitos de regulación? El enfoque principista radica en el ejercicio de derechos, y no en la prestación de servicios. Y debe insistirse también en que el cuerpo normativo requerido es un marco general, y no legislación dispersa, que regule los procesos y ámbitos comunicacionales e informativos en todo el territorio del Estado Plurinacional.

Así, ciertamente los ámbitos de regulación son varios y complejos, entre otros: el régimen de propiedad mediática, la comunicación pública y estatal, la comunicación comunitaria, el régimen de telecomunicaciones, las tecnologías de información y comunicación (TIC), el acceso a la información pública, los servicios de comunicación audiovisual, la responsabilidad en el ejercicio periodístico, la publicidad, la participación y el control social. A ello habrá que añadir la necesidad de una nueva institucionalidad como un Consejo Plurinacional e Intercultural de la Comunicación, con sus expresiones en las entidades territoriales autónomas; una Defensoría de los Públicos; y, claro, una Autoridad de aplicación.

Estamos entonces ante una inmejorable “estructura de oportunidades” para avanzar en esta asignatura pendiente llamada regulación. Pero ésta, siendo fundamental como lo es el derecho, no es suficiente.

2. La autorregulación, la ética

Mecanismos. Dicen que la peor forma de censura, la más deplorable, es la autocensura. ¿Pasará lo mismo con la definición de valores y normas para el desempeño de los medios de comunicación? Sinceramente no creo. La autorregulación, sin ser inequívoco remedio ni fatal maleficio, constituye un excelente/imprescindible instrumento para mejorar-cuidar la calidad de la comunicación mediatizada. Más todavía: es un sólido complemento de la regulación. Ya se ha dicho: “la ética no sustituye al derecho”. Pero ello no implica que el derecho, por muy formal que sea, ignore-desprecie a la ética. En materia de comunicación-periodismo el derecho y la ética configuran un añejo matrimonio, de esos que, aunque duerman en camas separadas, no se divorcian.

¿Opción por la ética? ¿Apuesta inteligente por la autorregulación? Bien podríamos decir, con fundado escepticismo y algo de razón, que dichos mecanismos (códigos, tribunales, defensorías) no constituyen ninguna novedad ni, menos, son garantía plena para que las cosas cambien-mejoren en la compleja cuadrilla de los mass media. En efecto. Contamos en Boliviacon importante experiencia en materia de autorregulación. Pero los resultados, por decirlo con suavidad, no han sido muy eficaces. Al contrario: en la última década la credibilidad de los medios, y su desempeñoconfrontan una situación muy crítica. Y no precisamente por la existencia y/o falta de autorregulación.

Pero lo más relevante, más allá de la siempre apreciable decisión de los propietarios de medios y de los comunicadores-periodistas de optar por la autorregulación, es el ineludible desafío que corresponde a cada uno de los ciudadanos: apropiarse de los Códigos de Ética, desmenuzarlos, confrontarlos con las noticias de cada día, realizar un minucioso seguimiento, velar por el cumplimiento de cada principio, denunciar desviaciones y excesos, acudir a los Tribunales de Ética, exigir nuestros derechos a la información y la comunicación… Sospecho que sólo así este gran paso de la autorregulación será mucho más que una tentación o, peor, una prescindible coartada.

Así las cosas, los emprendimientos del Código Nacional de Ética Periodística con su correspondiente conformación del Tribunal Nacional de Ética impulsado desde el Consejo Nacional de Ética, por un lado; y la vigencia del Código de Ética y el Tribunal de Ética de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), por otro, constituyen avances fundamentales, ora desde el gremio periodístico, ora desde las empresas mediáticas, para dar cumplimiento al Art. 107 de la Constitución Política del Estado que establece, precisamente, como un mandato-tarea, la opción por la ética y la autorregulación para garantizar los principios de veracidad y responsabilidad en la acción de los medios de comunicación.

Esta segunda apuesta, pues, en el horizonte de una agenda mínima de democratización de la comunicación e información, resulta imprescindible como parte de la acción mediática misma.

3. Dos, tres, muchos observatorios y veedurías ciudadanas

Como quien cumple una inexcusable ceremonia, al despuntar cada mes de mayo, los comunicadores y periodistas se elogian y flagelan (quizás más lo primero que lo segundo) en bien cuidadas dosis. Lo hacen en homenaje al temible pero asaz satisfactorio oficio. Y es que celebramos, nada menos, el Día Mundial de la Libertad de Prensa (3 de mayo) y, nada más, el Día del Periodista Boliviano (10 de mayo). Ocasión propicia, qué duda cabe, para reavivar el debate y la reflexión acerca de los andamios y (des)andares del periodismo y otros dominios. Campo mimado, en una vereda; campo minado, en la otra.

¿Por qué los elogios? Por muchas razones, unas reales, otras imaginarias. Primero porque, como irrenunciable principio, sin prensa libre no existe democracia. Así de contundente. Segundo debido a que, por una declarada convicción, los periodistas son los guardianes contra los excesos y desviaciones del poder. Tercero porque, con vocación hegemónica, precautelan el acceso a la información cual si fuese su mejor tesoro. Y cuarto, nadie más sacrificado que el periodista sin horarios, mal pagado, prisionero de la noticia…

¿Y por qué el (auto)flagelo? Por otros tantos motivos, unos gráciles, otros más bien densos. Primero porque, cual si fuese un consagrado privilegio, los periodistas detentan el “derecho a versión” en la fijación de agenda. Segundo debido a que, por una equívoca creencia, ejercen con inmunidad el placer de ser irresponsables. Tercero porque, con cualidad de monopolio, defienden las libertades (de expresión y de prensa) a costa, muchas veces, de derechos ciudadanos (a la información y la comunicación). Y cuarto, nadie más envanecido que el hombre/mujer de oráculo televisivo, micrófono abierto, opinión ligera, pluma veloz…

Dice el buen Gabo, con pleno conocimiento de causas y azares, que el periodismo es “el mejor oficio del mundo”. Y tiene razón. Así lo demuestran, cotidianos, apasionados, innumerables colegas que han dedicado/dedican su vida al ejercicio de informar en clave de servicio público. Asegura el indomable Kapuscinski, por su parte, con su ejemplo como emblema, que “los cínicos no sirven para este oficio”. Y también lleva razón. Así lo confirman, incansables, comprometidos, inmensos periodistas que están ahí, jornada tras jornada, preservando verdades como una trinchera. No es poca cosa. El periodismo, por definición y propósito, es un bien necesario.

Está dicho: “la ventana al mundo no se la puede cubrir con un periódico” o, peor, sustituirla por la “quinta pared”. Menos mal. Y es que sería francamente abominable que, como ciudadanos, nos resignásemos a “estar al tanto” e interpretar los hechos de interés colectivo por obra exclusiva/excluyente de la agenda mediática. No vale la pena. Pero la responsabilidad ciudadana respecto a los medios y su desempeño va más allá de la recepción selectiva, filtrada y crítica. Tiene que ver también con la necesidad-posibilidad de hacer un seguimiento permanente de la acción mediática a través de veedurías ciudadanas y observatorios de medios. La experiencia reseñada en este campo permite contar con buenos cimientos para multiplicar este ejercicio.

El desafío-camino, en consecuencia, radica en crear muchos observatorios de medios desde la sociedad que, en clave de veeduría ciudadana, provean insumos-instrumentos para realizar una continua y eficiente exigencia de responsabilidad a los medios-periodistas.

4. Comunicación pública, el desafío democrático

Hablar de medios públicos en Bolivia es hacer alusión a una ausencia. Algo así como un abortado sueño sin muchos soñadores. Por si fuera poco, el estrangulamiento de la radiodifusión pública va de la mano del atrincheramiento oficialista de los medios de comunicación estatales y las limitaciones de la comunicación comunitaria. El resultado: un escenario con amplia supremacía de la mediatización privada y comercial.

Pese a la aparente variedad del menú en los medios nuestros de cada día —en especial las pantallas televisivas—, asistimos a un poderoso, y curiosamente atractivo, monopolio de la verdad mediática. Veamos la televisión: el placentero cambio de canal (¡esa venganza!), salvando diferencias, pareciera no ser más que la sustitución de voceros que repiten más o menos las mismas historias. Diferencias de estilo, a qué negarlo, pero ¿es acaso posible hablar de pluralidad?

Bastará mencionar, como muestra, el conocido reclamo por la carencia de producción nacional. ¡Viejo lamento, renovada constatación! El porcentaje de contenidos locales es precario, repetitivo e insignificante. Así, condenados a la recepción, seguimos siendo minusválidos en la producción de mensajes. Y no hablemos ya de la calidad de la oferta.

¿Quiere un ejemplo? Haga zapping de noticieros. Además de rostros más o menos simpáticos o gruñones, encontrará usted, de inicio, una surtida antología de sangre; tendrá luego conflictos sociales por montones, actores políticos en clave de espectáculo, funcionarios públicos con dotes de malabarismo; y, para concluir, vistosos desfiles de fina lencería. Ciudadanía (des)informada, se llama el acto.

Dice bien el viejo Pasquali que, al menos, los ciudadanos debiéramos exigir una televisión con parámetros mínimos de calidad y decencia. Pero el desafío tendría que apuntar a la democratización de la información, la comunicación y el conocimiento. O mejor, para no renunciar a la quimera: un servicio de radiodifusión que nutra el diálogo plural y la deliberación informada en el espacio público.

El reto es por demás evidente: apostar por la comunicación pública tanto en los medios masivos e interactivos como, quizás de mayor relevancia, “más allá de los medios”. ¿Qué significa? Impulsar ejercicios de comunicación e información desde los propios sujetos con base en los tres sentidos de lo público: generalidad, visibilidad y apertura. La tradición de medios sindicales, campesinos, comunitarios y otros medios alternativos dan cuenta no sólo de la posibilidad, sino también de la potencialidad de esta apuesta por desarrollar otros procesos y flujos comunicacionales e informativos diferentes a los privado-comerciales y a los estatales-gubernamentales.

Doble tarea, difícil reto: fortalecer los medios de comunicación estatales (que no gubernamentales ni, menos, al servicio de caudillos), por una parte; y multiplicar los medios de comunicación públicos-comunitarios, gestionados desde la colectividad en el espacio público, por otra.

Cuatro caminos, cuatro.

 

       Fragmento del Capítulo 6: “¿Qué hacer?”, del libro de José Luis Exeni R. (2011): Mediocracia de alta intensidad. Bolivia: medios de comunicación y democracia en contextos de cambio, recién publicado por IDEA Internacional.

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