La tortura fue elevada a práctica habitual durante el régimen Bush-Cheney; pero nada demuestra que haya sido dejada a un lado en la política carcelaria de Estados Unidos y sus aliados frente a adversarios «especiales». Cruel, inhumana y degradante. Así es la tortura, definida legalmente como: cualquier acto mediante el cual, con dolor severo y sufrimiento, ya sea físico o mental, se inflija a una persona intencionalmente con el propósito de obtener de ella o de una tercera persona, información o confesión; se castigue a esa persona por un acto que ella o una tercera persona hayan cometido o sea sospechosa de haberlo cometido; o para intimidarlas o ejercer coerción sobre ellas, por cualquier razón basada en la discriminación de cualquier clase; cuando ese dolor o sufrimiento es infligido por o bajo instigación o con el consentimiento o la aquiescencia de un funcionario público o de otra persona actuando en su capacidad oficial.
En Kuala Lumpur, Malasia, acaba de reunirse un tribunal de conciencia convocado por la Fundación para Criminalizar la Guerra y el ex primer ministro Mahathir Mohamad, que acusó y condenó a una banda de ocho personeros del Gobierno de George W. Bush, el hijo, por crímenes de guerra que incluyen la práctica de la tortura.
Los ocho acusados son el propio Bush, su vicepresidente Richard Cheney y el secretario de Defensa Donald Rumsfeld, además de cinco ex asesores del tenebroso trío y de la Fiscal: el consejero Alberto Gonzales; el consejero general del vicepresidente, David Addington; el consejero general del secretario de Defensa, William Haynes H; el fiscal general asistente Jay Bybee; y el viceasistente de fiscal general, John Yoo.
Sin embargo, los culpable de tanto oprobio, quedarán sin castigo porque el jurado, sin poder judicial pero sí moral, no puede aplicar sentencia de custodia o declarar convictos a los ocho victimarios.
Y no se trata de sacar «historia antigua», es que ninguno de sus organizadores y ejecutores han sido juzgados. Por estos días son sometidos a proceso unos pocos de los recluidos en el campo de concentración de la Base Naval de Estados Unidos en Guantánamo, territorio usurpado a Cuba, y que constituye la prisión símbolo de la brutalidad del imperio en su selectiva guerra contra el «terrorismo», ya sean los sospechosos militantes de organizaciones terroristas que la propia CIA creó y organizó— como la Al Qaeda de Osama Bin Laden—, o combatientes de naciones invadidas y ocupadas como Iraq y Afganistán, o simplemente «sospechosos» por su etnia y religión (pueblos árabes, del Asia Central, y musulmanes, fundamentalmente).
Desde Abu Ghraib, la expuesta en un puñado de fotografías sobre la aberración, hasta las cárceles secretas de la CIA instaladas en países aliados de Estados Unidos, lo mismo en Europa que en África o Asia, Washington construyó y mantiene su propio y bien extenso Archipiélago Gulag, que incluye unidades especiales dentro de cárceles federales estadounidenses de máxima seguridad, como es el caso de la Supermax de Florence, en Carolina, donde mantiene a varios de los «terroristas» detenidos y no convictos.
Ante el panel de Kuala Lumpur y durante los cinco días del juicio, testimoniaron algunas víctimas que sufrieron a manos de soldados norteamericanos o contratistas en Iraq y Afganistán. Common Dreams citaba a Jameelah Abbas Hameedi, una mujer que fue desnudada y humillada en Abu Ghraib, y a Briton Moazzam Begg, quien sobrevivió al campamento de la base naval del Caribe, donde fue golpeado, encapuchado y dejado en confinamiento solitario.
Coincidentemente, sale otra vez en las noticias el caso de una de las víctimas de la llamada «rendición extraordinaria», el eufemismo para secuestrar, encerrar, desaparecer de la vista pública y torturar en cárceles secretas a los «sospechosos de terrorismo», según la aplicación práctica que la CIA le ha dado a esa violación de toda la legislación internacional sobre los derechos humanos.
Es probable que ante la Corte Europea de Derechos Humanos comparezca un no identificado alto funcionario del Gobierno de Macedonia, que puede testificar sobre el secuestro en ese país, en el año 2003 —para hacerle el trabajo y a requerimiento de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos—, de Khalid el-Masri, un vendedor de automóviles de Alemania.
El hombre estuvo detenido durante meses, y fue torturado por la CIA para sacarle «información» y enviado a Afganistán e Iraq, hasta que los esbirros de las operaciones sucias estadounidenses comprendieron que nada tenía que ver con Al-Qaeda. Entonces, probablemente en otro de los vuelos secretos en que transportaban de uno a otro lugar oscuro a sus víctimas, la CIA dejó abandonado a Khalid el-Masri, en medio de la noche, en un camino desierto de Albania.
Se afirma que el Gobierno alemán ha dicho que EE.UU. confirmó que El-Masri fue secuestrado «erróneamente» y Wikileaks reveló que Washington advirtió a Berlín no intentar ninguna acción relacionada con el caso.
Khalid el-Masri es apenas uno de los cientos, quizás miles, que han corrido semejante suerte desde el terrible y oportuno 11 de septiembre, que abrió las puertas a estas prácticas fascistas, y las «legalizaron» con un puñado de ordenanzas del equipo Bush y el visto bueno del Congreso.
Del submarino al waterboarding
También por estos días han salido a la luz informaciones relacionadas con el ocultamiento de estos hechos execrables, concretamente la destrucción de videos que mostraban las torturas a que fueron sometidos Abd al-Rahim al-Nashiri y Abu Zubaydah.
Uno de esos métodos, que levantó rechazo global por su especial crueldad cuando fue revelada su aplicación, es el waterboarding, que somete a la víctima al borde de la asfixia por ahogamiento en agua, una y otra vez con la intención de lograr de ella información o confesión de supuestas actividades.
Lo que se presentó entonces como algo «nuevo», no es más que una versión del «submarino» que aplicaron los torturadores de las dictaduras latinoamericanas, cuando fueron alumnos aventajados de sus asesores de la CIA, como Dan Mitrione en Uruguay, y de sus profesores militares estadounidenses en la tenebrosa Escuela de las Américas.
Al waterboarding sometieron en dos ocasiones a Al-Nashiri, de quien se dice fue uno de los organizadores del ataque en el año 2000 a la nave de guerra estadounidense USS Cole, cuando murieron 17 marinos norteamericanos; y Zubaydah, supuesto agente de viaje de los jihadis de Osama Bin Laden, tuvo que pasar por esa «técnica mejorada de interrogatorio» nada menos que en 83 ocasiones.
Esos «interrogatorios» filmados por la CIA en 92 cintas de video —12 de ellas mostraban la aplicación de enhanced interrogation techniques, entre ellas el waterboarding—, no pueden ser presentados como prueba de la infamia, porque fueron destruidas por orden de José Rodríguez, entonces director del Centro Contraterrorista de la CIA, quien asegura que ni siquiera vio los videos, algo que en verdad no le hacía falta porque de él emanaban las órdenes aplicadas contra los detenidos en las «rendiciones extraordinarias».
Pero John Rizzo, el consejero legal de la CIA, quería asegurarse de estar actuando «legalmente» y envió a uno de sus expertos colegas de la Compañía a observar lo aplicado en el «hueco negro», al parecer en Tailandia.
Dicen las informaciones que el agente CIA vio 92 horas de video y concluyó que todo había sido aplicado con legalidad, aunque Rizzo reconoció que «Él dijo que porciones de las cintas, especialmente aquellas en que Zubaydah estaba en el waterboarding, eran extraordinariamente duras de observar»… y que Zubaydah «visiblemente reaccionaba en una forma muy perturbadora».
La «legalidad» que tanto preocupaba a Rizzo, también estaba presente en su jefe máximo, George W. Bush, si nos atenemos a las cínicas declaraciones que hiciera en enero de 2009 durante una entrevista con la cadena de la derecha Fox News.
Entonces, el hijo del Bush que antes de ser presidente fue director de la CIA, aseguró: «Firmemente rechazo la palabra “tortura”… Cada cosa que esta administración hace… tiene una base legal para ello, de otra forma nosotros no lo haríamos… Todo lo que hicimos fue consultado con profesionales en nuestro Gobierno que entendía… cómo usar técnicas de forma que obtuvieran información… dentro de la ley, necesarias para proteger al pueblo americano».
Eso mismo dice José Rodríguez, en un libro que Amazon.com acaba de publicar y poner en venta online el 29 de abril, con el largo y explicativo título de Hard Measures: How Aggressive CIA Actions After 9/11 Saved American Lives (Medidas duras: Cómo las acciones agresivas de la CIA luego del 11 de septiembre salvaron vidas norteamericanas), y del que es co-autor Hill Harlow. Por supuesto, sus páginas están dedicadas a demostrar que las enhanced interrogation techniques y otros métodos fueron males necesarios en la lucha contra el terrorismo.
La «legalidad» sigue su curso
¿Continúan las torturas en las cárceles de la CIA y el Pentágono? Nada demuestra lo contrario. El presidente Barack Obama prometió cerrar el campo de concentración de la Base Naval de Guantánamo y ahí sigue la mazmorra donde todavía están encerrados 171 hombres de 20 países, y apenas unos pocos están ahora sometidos a proceso militar por acusaciones logradas mediante torturas.
Todavía hay cárceles secretas, ya se conoce la unidad especial en la supermax de Florence, y hay otras. Camp Honor, en la llamada Zona Verde de Bagdad, existe y tiene su zona de interrogatorios, a pesar de que se ordenó su cierre hace más de un año, y las autoridades iraquíes que ahora la dirigen aplican lo aprendido. Bagram en Afganistán, mantiene su status carcelario. Y Washington prosigue su guerra infinita, tiene «enemigos», busca constantemente información y opera suciamente para imponer en todo el mundo sus modos y maneras…
Además, las prácticas de las detenciones militares se mantienen, están establecidas en la Ley de Autorización de la Defensa Nacional 2012, conocida por sus siglas NDAA, un poder que la Cámara acaba de ratificarle al Presidente, aunque haya sido rechazado por la jueza de distrito Catherine Forrest, luego que lo denunciaran personalidades tan prestigiosas de la intelectualidad estadounidense como Noam Chomsky y Daniel Ellsberg, alegando razonablemente que ellos pueden ser detenidos y transferidos a custodia militar bajo una legislación que castiga sus posiciones contra la guerra y contra las políticas de la administración, y les niega libertad de asociación y expresión y el debido proceso en cortes.
A no dudar, muchos analistas consideran que la NDAA tiene fuertes visos fascistoides, y la tortura está agazapada en ese nido de víboras.
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