noviembre 18, 2018

Por una vida segura

Ante los innumerables casos de violencia delincuencial que vienen sucediendo en el país, es fundamental contar con instrumentos normativos y políticas públicas que apunten a proteger la vida e integridad de las personas, garantizando la seguridad ciudadana prevista en la Constitución Política del Estado.

Actualmente existe un proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana y varias organizaciones de mujeres a nivel nacional han trabajado en propuestas para que la misma tenga un enfoque más integral, inclusivo y que tome en cuenta los derechos de hombres y mujeres. Además que permita una política pública no sólo represiva, sino preventiva y que contemple el ámbito privado en el que las mujeres vivimos constantes situaciones de inseguridad, no solamente a manos de “extraños” y “antisociales”, sino también por personas conocidas y cercanas al entorno familiar. Así mismo que considere no sólo la actuación de la policía, sino también de las instancias autonómicas.

Mencionan que los principios deben reflejar los desafíos de transformación del nuevo Estado Plurinacional, recogidos en la Constitución Política y deben plasmarse en la formulación y gestión eficaz de las políticas de seguridad ciudadana. Es necesario considerar que existen dos factores que inciden en mayor riesgo y afectan de manera particular a las mujeres. Primero los riesgos por razón de género, que hacen que las mujeres requieran de políticas focalizadas específicamente para garantizar su seguridad, distintas a las que puedan adoptarse de manera general. Segundo la pertenencia a una nación o pueblo indígena originario o campesino, que implica una realidad diferente respecto a la protección que puedan requerir, según sus culturas o formas de vida.

También se plantea ampliar la participación en el Consejo de Coordinación de Seguridad Ciudadana al Ministerio Público, para evitar la impunidad en delitos vinculados situaciones de violencia en los ámbitos público y privado. Si los Consejos no articulan sus acciones con el Ministerio Público, hay más posibilidades de que los delitos vinculados a situaciones de violencia queden en la impunidad. Es un sistema, que se inicia con la prevención y debe terminar con la sanción penal. La mayor causa de los feminicidios es la falta de sanción a las agresiones previas que sufren las víctimas. Es fundamental garantizar el acceso efectivo a la justicia como factor esencial para enfrentar la inseguridad ciudadana.

Se sugiere que la Policía Boliviana en forma conjunta con el Ministerio Público y con las Brigadas de Protección a la Mujer y la Familia de manera permanente, realicen patrullajes, atención oportuna y efectiva en casos de violencia intrafamiliar, doméstica y pública, identificando con carácter preventivo los casos de reincidencia y gravedad puedan derivar en feminicidios, debiendo tomar las medidas de protección necesarias para garantizar la seguridad, la integridad y la vida de las víctimas.

Así mismo, se debe modificar la reafirmación de una idea colonial y patriarcal que identifica a niños, niñas y adolescentes que viven en la calle como delincuentes, enfoque que es violatorio de los derechos humanos, del derecho de igualdad ante la ley y de la presunción de inocencia, criminalizando además la pobreza.

Respecto a las modificaciones al Código Penal, a la Ley n° 054 de protección legal de niñas, niños y adolescentes y la Ley n° 2494 del sistema nacional de seguridad ciudadana no deben retroceder más bien se ampliarse, por ejemplo el delito de violación.

Por último, se propone la inclusión de un articulo relacionado a las lesiones gravísimas que expresa: “si la víctima fuera una mujer, o una niña, niño o adolescente, la pena será agravada en dos tercios”.

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