Con el pueblo o sin el pueblo Un falso dilema para el gobierno de Morales

En  el ámbito académico de la gestión pública comúnmente se habla de dos formas de formular políticas públicas: una estratégica, donde especialistas en diversas áreas tienen la última palabra sobre lo que el Estado debería hacer o dejar de hacer, tomando como criterio secundario las demandas expresas de la población; y otra participativa, donde la construcción de las políticas tiene como fundamental actor a la sociedad civil, que impone de alguna forma su agenda a la del gobierno, muchas veces ignorando criterios técnicos.

Se trata de una simplificación demasiado básica, pero resulta útil para entender algunos rasgos de la gestión pública en Bolivia y cómo su Estado formula sus estrategias de intervención en la sociedad.

No son pocos los académicos que identifican al gobierno de Morales como un gobierno populista, que se sustenta principalmente en el apoyo de las masas y a las que responde directamente con todas sus acciones. Desde la nacionalización de los hidrocarburos, las elecciones en el Órgano Judicial, su discurso frente a las masas y más aspectos, estos académicos indican y critican que Morales se ve en la necesidad de contentar a sus bases con cada decisión que toma.

De forma contradictoria, esos mismos intelectuales condenaron a este gobierno por intentar suspender el subsidio a los carburantes sin consulta alguna con la población a finales de diciembre de 2010 o por decidir unilateralmente la construcción de la carretera Tunari – Moxos a través del TIPNIS, pasando por alto incluso leyes constitucionales y acuerdos internacionales.

Salta a la vista que aunque es cierto que este gobierno ha tenido desde sus inicios su principal fortaleza en el apoyo de sus amplias bases sociales, tiende a veces a formular políticas públicas sin tomar en cuenta la agenda pública o la posición de los sectores de la población que le son más cercanos.

Esta tendencia de tomar de forma secundaria la agenda pública e ignorar a sus bases sociales le ha costado perder a un sector que se creía formaba parte de su gobierno, como las extremidades forman parte de un cuerpo: el sector indígena de tierras bajas, representados a primera vista por la CIDOB. Muchos aseguran que la insistencia del Gobierno por construir una carretera por medio del TIPNIS tuvo como resultado una ruptura entre el movimiento indígena de tierras bajas y el movimiento campesino que hizo temblar las bases de su respaldo popular.

La promulgación del D.S. 1126, que amplía el horario de los trabajadores de salud de seis a ocho horas le ha costado al gobierno más de un mes de conflicto con aquel sector y dos semanas de directa confrontación Estado – sociedad. Es aquí desde donde podemos comprender cuando el gobierno adquiere esos rasgos en su gestión pública que muchos llaman “populistas” y cuando deja de hacerlo. Cuando formula políticas de forma estratégica y cuando de forma participativa.

Se debe considerar como primer dato que la promulgación de este decreto responde directamente a una demanda expresa de sus bases sociales durante la Cumbre de Cochabamba. Dicha Cumbre fue convocada después de enfrentar una crítica de amplias capas de la población por la violenta intervención policial a la VIII marcha de los indígenas de tierras bajas que rechazaba la construcción de una carretera por medio del TIPNIS, en septiembre de 2011.

La Cumbre, en palabras de Morales, serviría para acordar una nueva agenda con los movimientos sociales que reimpulsaría el proceso de cambio que su Gobierno lidera desde 2006. A pesar de que en ella participaron amplios sectores de la población (incluso algunos que eran considerados como distantes al Gobierno, los empresarios privados) el propósito principal de la Cumbre era formular una nueva agenda que establezca nuevas relaciones de lealtad hacia el Gobierno y al proceso de cambio mediante la incorporación de demandas.

Por ello no era necesario que el D.S. 1126 parta de una estrategia o planificación coherente y articulada con otras políticas públicas para mejorar la salud, pues era en realidad para cumplir con las demandas de sus bases expresadas en el encuentro de Cochabamba.

Otro antecedente de este tipo son las elecciones de magistrados para el Órgano Judicial. Uno de los muchos cuestionamientos que se hizo a esta política puso en duda la relación entre los problemas más estructurales de la justicia en Bolivia y en el hecho de que los magistrados fueran elegidos democráticamente o no. Estas elecciones fueron convocadas por el Gobierno para octubre de 2011, casi un año después del golpe que representó para su imagen la promulgación del decreto 074 que suspendía la subvención a los carburantes, derogado después por la presión popular. Esta medida que a su vez, fue elaborada sin conocimiento de la población.

¿Qué se concluye de esto?

El gobierno de Morales debe formular sus políticas públicas contando con la participación de sus sectores más cercanos y, en lo posible, sumando a nuevos sectores. Esto debido a que la legitimidad de sus acciones no depende del apoyo que consiga en ningún sistema de partidos sino de sus bases populares. La propia aprobación de la ley de convocatoria para el referéndum constitucional que luego se celebraría en 2009 demuestra la validez de esta afirmación. Aunque en ese entonces no contaba con la abrumadora mayoría legislativa que tiene ahora, en octubre de 2008 la organización de ese referéndum fue aprobado con una intensa movilización de sus bases que presionó por la vía del cerco al Congreso.

El gobierno de Morales no puede formular políticas de otra forma debido, además, a que toda acción suya es utilizada por sus rivales y a veces por la propia población para medir el grado de apoyo y legitimidad con el que cuenta. De esta forma, toda decisión que toma el Gobierno, es inmediatamente revisada por los partidos de oposición y por los medios de comunicación, y esto hace que se levante polémica por cada uno de los pasos que da, incluso de los más técnicos.

Debido a la crisis y desaparición del viejo sistema de partidos, y la ausencia de otro nuevo que lo reemplace, los principales mediadores entre el Estado y la sociedad son las organizaciones sociales de raíz popular y corporativa. Por lo tanto, los partidos pasan a ser mediadores secundarios comparados con las organizaciones sociales.

¿Qué consecuencias puede acarrear esta forma de hacer políticas públicas?

Riesgos:

  1. Podrían ser políticas improvisadas con poca eficacia y eficiencia para alcanzar sus objetivos.
  2. Podrían debilitar políticamente al Gobierno si es que este no las planifica tomando en cuenta la forma de reaccionar de los sectores afectados directa o indirectamente.

Pero también los siguientes beneficios:

  1. Con apoyo técnico podrían ser políticas que no sólo cumplan criterios de eficacia y eficiencia sino también de alta legitimidad.
  2. Podrían, por lo anterior, fortalecer al gobierno políticamente si es que la planificación de las políticas públicas no es sólo técnica sino también política, previendo las reacciones de los sectores afectados directa o indirectamente y evaluando los costos y beneficios de los posibles escenarios.

Cabe recordar

No existe una contradicción teórica ni práctica entre la formulación de políticas públicas de forma participativa o estratégica. Por ejemplo, existe la posibilidad de planificar una serie de objetivos, metas y políticas que mejoren la salud de los ciudadanos tomando en cuenta criterios técnicos para su óptima aplicación y, al mismo tiempo, hacer parte de este proceso a la población, que trabajaría sobre una agenda previamente elaborada por el Gobierno con el apoyo de expertos en la materia.

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