Tipología de las nacionalizaciones

por: Ernesto Sheriff

Latinoamérica vive una nueva ola de privatizaciones y probablemente otras economías, especialmente del Tercer Mundo (donde indudablemente también se encuentra Argentina), opten por este instrumento a la hora de desmantelar el poco exitoso y hasta regresivo esquema de libre mercado impuesto por los organismos internacionales y las élites empresariales a finales de la década de los 80 del siglo anterior.

Este desmantelamiento, sin embargo, no ha sido acompañado por la construcción, ni siquiera inicial, de un nuevo paradigma, razón por la cual los procesos nacionalizadores han abundado en formas y presentaciones que tienen confundida a la opinión pública. En algunos casos se vio a las empresas afectadas protestar e iniciar acciones legales de corte internacional amparadas en tratados y en la diplomacia de sus países de origen. En otros casos se ha visto débiles reacciones e incluso una aceptación con sonrisa abierta por parte de los mal llamados “inversores”. Por tal razón en este artículo se propone una tipología de las nacionalizaciones por el tipo de compensación otorgadas a los afectados. En la escala no se considera la simple compra de acciones (equivalente a tipo 0) y tampoco se considera el despojo sin indemnización (equivalente a un tipo 6).

La escala propuesta parte de 1 (la más suave) hasta 5 (la más dura) y se describe a continuación:

Nacionalización tipo 1 (muy suave, casi delincuencial, amerita un juicio de responsabilidades con responsabilidad penal). En este tipo de nacionalizaciones la participación accionaria de uno o más inversionistas es comprada de manera “forzosa” a un precio mayor del valor de mercado. No es sorpresiva ya que le anteceden “intensas” reuniones entre las partes. Usualmente la reacción de los afectados es “aceptar con resignación” la medida tomada y en algunos casos es usual hasta palabras de felicitación por la medida. El afectado tiene una reacción leve ya que el monto recibido es superior a cualquiera de sus expectativas de venta o renta futura. No existen medidas de corte legal más allá de un simple anuncio. El país nacionalizador termina pagando una considerable suma adicional donde no se descarta la presencia de alta corrupción por lo que el pueblo deberá condenar a los culpables.

Nacionalización tipo 2 (suave, amerita juicio de responsabilidades con responsabilidad administrativa). La participación accionaria de uno o más inversores es comprada de manera auténticamente forzosa pero tomando parámetros de compra desde el punto de vista del inversionista. En unos casos tomando el aporte de capital efectuado (precio base), en otros casos actualizándolo con un costo de oportunidad y en general con parámetros que distan mucho de una valuación científica. En los hechos el Estado busca determinar de manera unilateral el valor de mercado de lo nacionalizado y termina adoptando un criterio favorable al afectado determinándose incluso un valor cercano o superior al valor de mercado dejando al inversionista casi en posición de indiferencia entre seguir con la empresa o no. En estos casos el inversionista reacciona con negociaciones del monto indemnizado ya que espera obtener una suba a pesar de la ya “generosa” oferta estatal. Las acciones legales surgen del cálculo costo-beneficio de lograr algo más teniendo en cuenta que el costo de una acción completa sin garantía de éxito supera los 2 millones de dólares. Produce roces de tipo diplomático que no van más allá de la emisión de comunicados. El Estado nacionalizador termina pagando un monto en que, como mucho, financieramente hubiera sido indiferente entre mantener la empresa como privada o nacionalizarla. Esta ineptitud en el cálculo amerita un juicio posterior por parte del pueblo.

Nacionalización tipo 3 (intermedia anunciada, amerita investigación). El Estado afecta patrimonialmente a uno o más inversionistas determinando una compra auténticamente forzada de participación accionaria a un valor por debajo del valor de mercado usualmente tomando el aporte de capital inicial menos las utilidades repatriadas más las inversiones netas de nuevo endeudamiento. Pero la medida es anunciada con al menos tres meses de antelación. La reacción del afectado es proactiva. Inicia el maquillaje de sus estados financieros para tener contundentes argumentos legales. Desarticula el equipo estatal que está trabajando en su nacionalización, incluso contratando en su staff a muchos de ellos. Inicia un lobby nacional e internacional y una campaña publicitaria mostrando sus cualidades como empresa privada. Pese a que el Estado tiene buenos argumentos legales, la preparación previa del inversionista le da mejores probabilidades de disuadir al Estado exigiendo una mayor compensación que en muchos casos, después de las negociaciones y amenazas internacionales, termina siendo similar al nivel 2. El Estado no comunica al pueblo el monto final indemnizado y por tanto amerita investigación por parte del pueblo.

Nacionalización tipo 4 (intermedia sorpresiva). El Estado afecta patrimonialmente a uno o más inversionistas determinando una compra auténticamente forzada y sorpresiva de participación accionaria a un valor por debajo del valor de mercado, usualmente tomando el aporte de capital inicial menos las utilidades repatriadas más las inversiones netas de nuevo endeudamiento. La reacción del afectado es intensa y recurre a al lobby en su país de origen y a nivel internacional. El Estado posee varios argumentos que podría plantear en una instancia legal demostrando la negligencia del inversionista en la administración de la empresa. Ambos se preparan para la disputa legal. La existencia de descargos legales por parte del Estado es un punto de incertidumbre para el inversionista que termina perdiendo las rentas futuras pero no las pasadas. El lobby internacional puede influir en la liquidación recibida pero el inversionista no basa muchas expectativas en las acciones legales.

Nacionalización tipo 5 (fuerte, confiscatoria). El Estado se apropia casi sin indemnización de las acciones de uno o más inversionistas. El monto calculado es meramente nominal y toma como base de cálculo en el mejor de los casos el valor de compra de la empresa al momento de su privatización. Sin actualizaciones y sin cálculo de valor. Independientemente de si en el Estado tienen o no descargos legales el inversionista recurre a las medidas legales y al lobby internacional al más alto nivel. Dependiendo de lo sorpresivo de la medida el inversionista puede reaccionar inutilizando cadenas de funcionamiento enteras y otras medidas de corte similar. Necesariamente el Estado deberá enfrentar acciones legales y una fuerte presión internacional.

Corresponde al lector ubicar las nacionalizaciones latinoamericanas de última generación en las escalas antes mencionadas.

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