diciembre 8, 2019

Alcance de las contrataciones directas

por: Katherine Hinojosa Virreira

Uno de los temas centrales que preocupa a la población es, sin duda, la corrupción. La fuente principal de los ingresos del Estado corresponde a los impuestos que paga la ciudadanía. Por tanto, es natural que exista una legítima preocupación por el destino de los recursos públicos. De hecho, los gobiernos caen no precisamente porque no hagan “obras” sino porque la gente asume que sus integrantes se corrompen con facilidad.

La corrupción es también un tema que puede manipularse políticamente. De hecho, si un partido se encuentra en la “oposición” lo que buscará desesperadamente es encontrar temas que permitan cuestionar la solvencia moral de las autoridades. No siempre con buenos resultados, pues se debe cuidar que lo criticado esté adecuadamente sustentado.

El último “gaffe” fue protagonizado por la diputada de Unidad Demócrata (UD), Jimena Costas, quién afirmó que el Decreto Supremo N° 2294 (18/03/2015) incrementaba el monto de la “contratación directa” de Bs20.000 a Bs50.000, que los proveedores ya no pagarían impuestos y que se eliminaban los requisitos y controles para acceder a una contratación estatal.

Aparentemente, la diputada no leyó el decreto o no entendió su espíritu, pues el artículo 2° de la norma señala que, con la finalidad de fomentar la economía social comunitaria se aplica para “aquellos proveedores que realicen las actividades establecidas en el Artículo 8 del Código de Comercio, con excepción de sus numerales 2 y 6”.

El artículo 8 se refiere a las actividades “no comerciales”, es decir aquellas que no tienen por fin el lucro sino la subsistencia. Dentro de los actos no comerciales, están los agricultores, avicultores, ganaderos no empresarios, club de madres, trabajadores de oficios manuales, obreros, artesanos y servicios pequeños.

¿Cuál es la situación de los proveedores locales de un municipio de categorías demográficas A y B, hasta 5.000 o 15.000 habitantes respectivamente? Por ejemplo, de un agricultor de Tacachi (categoría A) que produce maíz para el consumo de su familia, y que podría proveer el producto para el desayuno escolar. O del albañil de Yotala (categoría B) que podría reparar la escuela del municipio. Y así hay varios ejemplos.

Bajo las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (SABS) para adjudicar el contrato se exige cumplir una serie de formalidades como la inscripción al registro de comercio, al Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), NIT y otros. Requisitos que son muy difíciles de cumplir para estos proveedores no comerciales. ¿Qué opción queda a los Gobiernos Autónomos Municipales? Contratar a proveedores comerciales en las ciudades a precios más altos y con mayor costo administrativo. Incluso corren el riesgo de no ejecutar su presupuesto al no tener proveedores interesados.

Bajo el D.S. N°2294, sólo es necesario que los proveedores no comerciales presenten su Cédula de identidad. El pago de impuestos no se omite, pues la norma prevé que las entidades públicas realicen la retención y empocen el monto al fisco, aspecto ya establecido en el Código Tributario. También es preciso aclarar que la “contratación menor” ya se amplió a Bs50.000 mediante el D.S. N°1497 (20/02/2013), hecho que en su momento fue saludado por los alcaldes ya que desburocratizaba la inversión pública. Asimismo, los controles no se eliminan, el inciso d) del artículo 27 de la Ley 1178 establece que, las entidades públicas deben enviar a la Contraloría una copia de sus contratos y la documentación sustentatoria. Además las entidades deben publicar en el SICOES toda contratación con cuantía mayor a Bs20.000.

En conclusión la norma permite impulsar la “economía comunitaria” y muestra un gran avance en la inclusión de personas tradicionalmente excluidas. Sin duda, a la larga deberán formalizarse pero un gobierno debe reconocer realidades y debe procurar la mayor inserción posible, no hacerlo sería perpetuar la discriminación invisible que se ejercía contra ellos. Se debe criticar pero no es bueno ver fantasmas donde no los hay.


* Es ciudadana del Estado Plurinacional de Bolivia.

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