octubre 14, 2019

Fiscal General del Estado presenta requerimiento acusatorio en contra de Carlos Mesa

El Fiscal General del Estado Plurinacional de Bolivia, Ramiro José Guerrero Peñaranda, presentó el lunes el Requerimiento Acusatorio de Juicio de Responsabilidades en contra del expresidente Carlos Diego de Mesa Gisbert, en el marco del denominado caso Quiborax.

La presentación fue realizada ante la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en la ciudad de Sucre, una vez que se cumplió el plazo de 30 días establecido de acuerdo a normativa legal para la acumulación de antecedentes.

Fiscal General del Estado presenta requerimiento acusatorio en contra de Carlos Mesa

El Fiscal General del Estado Plurinacional de #Bolivia, Ramiro José Guerrero Peñaranda, presentó el lunes el Requerimiento Acusatorio de Juicio de Responsabilidades en contra del expresidente Carlos Diego de Mesa Gisbert, en el marco del denominado caso #Quiborax.

Publicada por La Época en Lunes, 9 de julio de 2018

“Lo que hizo el Ministerio Público en estos 30 días, tal cual establece el procedimiento, fue la acumulación de antecedentes en el presente caso (…). Ahora hemos presentando este requerimiento acusatorio ante la Sala Penal que a su vez pondrá a consideración de Sala Plena para que sea elevada a la Asamblea Legislativa Plurinacional”, explicó Guerrero.

En la proposición acusatoria presentada por la Procuraduría General del Estado en contra de Carlos Diego de Mesa Gisbert también están contemplados los exministros de Desarrollo Sostenible, Gustavo Pedraza Mérida; de Minería e Hidrocarburos, Freddy Gustavo Escobar Rosas y de Trabajo, Luis Antonio Martín Fernández Fagalde.

Los tipos penales denunciados son Resoluciones Contrarias a la Constitución y a las Leyes; Incumplimiento de Deberes y Conducta Antieconómica.

Fiscal General del Estado presenta requerimiento acusatorio en contra de Carlos Mesa

El Fiscal General del Estado Plurinacional de #Bolivia, Ramiro José Guerrero Peñaranda, presentó el lunes el Requerimiento Acusatorio de Juicio de Responsabilidades en contra del expresidente Carlos Diego de Mesa Gisbert, en el marco del denominado caso #Quiborax.

Publicada por La Época en Lunes, 9 de julio de 2018

“La única persona que goza de privilegio constitucional es el expresidente Mesa Gisbert y al Ministerio Público le corresponde pronunciarse solo sobre él”, mencionó el Fiscal General del Estado.

De acuerdo a procedimiento, si la Asamblea Legislativa determina el inicio de Juicio de Responsabilidades, el Ministerio Público comenzará con la etapa de investigación correspondiente.

En el período de acumulación de antecedentes, la Fiscalía recibió la declaración informativa de exautoridades de la Procuraduría General del Estado y de la parte denunciada encabezada por el exmandatario Mesa Gisbert quien evitó responder las consultas realizadas por el Fiscal General del Estado.

En fecha 19 de junio del presente año, Mesa junto a su abogado Carlos Alarcón se presentaron a citación del Ministerio Público en la Fiscalía General del Estado, sin embargo una vez instalada la audiencia para la toma de declaraciones y tras la lectura de sus generales de ley, la exautoridad nacional dijo “me remito a mis tres memoriales presentados”, eludiendo con ello las preguntas del Fiscal General del Estado.

Entre sus memoriales, Mesa solicita que las investigaciones se amplíen a los ministros de Justicia, Héctor Arce Zaconeta; de Minería, César Navarro Miranda; al Procurador General del Estado, Pablo Menacho Diederich; y a la exministra de Defensa Legal del Estado, Elizabeth Arismendi Chumacero, por la presunta comisión de los Delitos de Conducta Antieconómica e Incumplimiento de Deberes. Por tratarse de autoridades que no gozan de privilegio constitucional el caso fue remitido a la Fiscalía Departamental de La Paz.

El Ministerio Público inició la acumulación de antecedentes luego que la Procuraduría General del Estado presentó la denuncia en contra de Carlos Diego de Mesa Gisbert por no cumplir la Ley Nº 2564 y la emisión ilegal del DS 27589 que dieron lugar a la demanda de Arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias de Inversiones (CIADI) y el pago de 42,6 millones de dólares.

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