noviembre 20, 2018

La Ley de Organizaciones Políticas: un paso pequeño e insuficiente, pero también necesario


Por José Galindo *-.


El involucramiento político en Bolivia siempre ha sido más corporativo que ciudadano; más emocional que racional; más clientelista que cívico; más centrado en intereses sectoriales o individuales que por el bien del país. Reformar nuestra cultura política, hacerla menos prebendal y más ciudadana, es un reto que requiere mayores cambios legales y hasta educativos.


La Ley de Organizaciones Políticas fue aprobado por diputados y senadores para reemplazar a la actual Ley de Partidos Políticos vigente desde 1999. Entre sus elementos más polémicos y discutidos se encuentran propuestas para introducir elecciones primarias en el seno de las organizaciones políticas que deseen disputar espacios de poder a nivel nacional; la obligación de contar con un “régimen” en asuntos de género; la subvención estatal para todos los sujetos en carrera en tiempos de campaña; e incluso la sanción para aquellos que incurran en la tradicional práctica boliviana de transfugio político. Es decir, medidas que sin ser revolucionarias ni radicales, deberían suscitar cierto nivel de debate y discusión entre las principales fuerzas políticas que hoy ocupan el poder del Estado. No obstante, no sucede así.

La oposición ha hecho oídos sordos ante la propuesta como un todo, argumentando, generalmente, de que aceptar ir a primarias sería legitimar la postulación de Evo Morales como candidato en las elecciones generales de diciembre próximo. Salen por la tangente pues es una sentencia constitucional y no una ley de Organizaciones Políticas la que habilita a Evo Morales para las elecciones de 2019. La oposición, ya sea mediante las autodenominadas plataformas ciudadanas y los partidos han aprobado, este sábado 1 de septiembre en Sucre, resistencia activa a las ley de organizaciones políticas, que solo debe ser promulgada por el Ejecutivo, en las calles, aunque al mismo tiempo acordaron construir una alianza hasta octubre, cuando fenece el plazo para registrar alianzas e inscribir candidatos para las primarias.

Entre las disposiciones transitorias de este proyecto, una establece que las elecciones primarias deberían llevarse a cabo en el interior de cada partido y el registro de las organizaciones políticas hasta octubre, lo que presionaría quizá demasiado a la fragmentada y confundida oposición partidaria del oficialismo. Es decir, no les daría el suficiente tiempo para lograr un candidato consensuado entre todas las fuerzas políticas dispuestas a competir y tal vez ni siquiera en cada una de ellas. El MAS, por otro lado, es un partido mucho más disciplinado en ese sentido, y no es posible imaginar a un militante suyo proponiendo a otro candidato fuera del presidente.

Así, el proyecto de ley en cuestión podría introducir cambios altamente positivos en la forma de competir políticamente en el país, sin dejar de ser por ello una propuesta política orientada a presionar a la oposición para definir sus candidatos (y posiblemente debilitándola en el camino) cuando no cuentan con una solides orgánica comparable a la del partido oficialista. A pesar de ello, como apunta Rafael Archondo en su columna de opinión del último lunes 27 en La Razón, la oposición podría utilizar ésta supuesta trampa como un impulso que les permita unirse frente a un oponente contra el cual no tienen posibilidad alguna individualmente.

Una reforma/ actualización necesaria

Es sabido que en Bolivia el comportamiento de nuestros políticos, dentro y fuera de elecciones, no ha cambiado mucho desde los tiempos de la Candidatura de Rojas, aquella novela escrita por Armando Chirveches a principios del siglo pasado para retratar los juegos subterráneos de aquellos que desean conquistar poder. Hoy podríamos llamar a dichas prácticas instituciones informales de acceso y ejercicio de la autoridad política. O también informalidad política, que en suma son reglas de juego que no se dicen pero se acatan de forma a veces mucho más estricta que las propias disposiciones legales que la mayor parte de los ciudadanos ignoran.

En Bolivia éstas instituciones informales tienen poco que ver con las instituciones formales de la democracia que todos conocemos y amamos: como el pluralismo, la participación, el derecho al disenso, la meritocracia, la transparencia, la libertad de expresión, la alternancia, etc.; ninguna institución informal acompaña aquellos principios o instituciones base, sino que más bien las contradicen o debilitan, haciendo muchas veces de nuestra democracia nada más que un cascaron vacío en nombre del cual dicen hablar casi todos los políticos. Éstas instituciones son la prebenda, el patrimonialismo, el clientelismo político, el padrinazgo, el “dedazo”, la compra de votos, el intercambio de favores políticos a cambio de favores sexuales; e incluso la abierta y más descarada corrupción; todas instituciones muy malas, indudablemente, pero tan cotidianas que cierta parte de la sociedad, y no diremos una muy minoritaria, las refuerza, las apoya y las defiende. El empleo de muchos burócratas sólo es posible mediante ellas, así como la emergencia de ciertos liderazgos que de otra manera no podrían generar lealtades políticas.

El actual Proyecto de Ley que se discutirá ahora en la Cámara de Senadores no se dirige a todas éstas instituciones perversas o enviciadas, ni siquiera a una mayor parte de ellas. De hecho, no hay garantía alguna de que logre sobreponerse incluso a aquellas que sí tiene intención de cambiar. Pero es una propuesta pensada, al menos en parte, bajo el criterio de cambiar en algo la forma en la que funciona nuestro sistema político. Después de todo, la realidad política boliviana, sus escenarios y sus actores, han cambiado mucho durante los últimos 19 años, y a pesar de contar con una nueva Constitución, es obvio para muchos de que es necesario realizar algunos ajustes que puedan llevar a los bolivianos al pleno ejercicio de las cuatro formas de democracia de las cuales se habla en nuestra Carta Magna: la democracia directa, participativa y representativa.

Posibles avances necesarios de la LOP

Ésta democracia plural que se introduce en nuestra Constitución fue pensada como una alternativa a la democracia representativa que hoy se encuentra en crisis en casi todos los gobiernos de inspiración occidental del planeta. Entre sus debilidades muchos filósofos y pensadores han apuntado a la separación entre sociedad política y sociedad civil, o entre representantes y representados; también se ha criticado el hecho de que el único momento de verdadera participación política de la sociedad se limite a coyunturas electorales; así como también la falta de compromiso o involucramiento por parte de la sociedad civil o una gran parte de ella en momentos de decidir sobre el futuro de su Estado, lo que algunos llaman desafección política.

Imponer elecciones primarias dentro de cada partido contrarrestaría la existencia de caudillismos prebendales. Es decir, liderazgos que surgen gracias al monopolio que tiene una persona sobre los recursos materiales de los cuales dependen sus militantes para sobrevivir. Es decir, restaría poder de compra al capital económico con el que muchos líderes compran capital político. Doria Medina viene a la cabeza de muchas personas cuando se considera esto. También obligaría a muchos ciudadanos a involucrarse más activamente antes de que un partido elija a sus líderes, haciendo que se preste mayor atención a la propuesta de cada uno de ellos.

La propuesta de sancionar el transfugio político debe entenderse más allá del cambio de sigla que un político puede hacer cuando su actual partido cae en desgracia o surge otro con mayores posibilidades para beneficiarlo. Sanciona también el que un representante electo se declare independiente de la sigla que lo eligió a cambio de una prebenda o beneficio. Lo que obligaría a los políticos de una sigla a seguir ciertos principios programáticos por los cuales, se supone, votaron sus electores.

La obligación de toda organización política de contar con un “régimen” sobre asuntos de género es en definitiva una reforma necesaria en un país donde la mayor parte de casos de violencia y acoso político se cometen en contra de representantes electas de sexo femenino, un mal que ha afectado negativamente la imagen del partido oficialista durante los últimos años, debido a que muchas de sus concejales mujeres fueron obligadas por medio de la violencia (y a veces la muerte) a dejar sus curules en favor de correligionarios del sexo masculino que no dubitaron en imponerse mediante la amenaza o la coerción.

Finalmente, establecer un régimen de financiamiento de organizaciones políticas que incluya subvenciones estatales proporcionalmente distribuidas entre las fuerzas en competencia, sumado a la prohibición de aportes obligatorios, financiamiento extranjero y empresarial, disminuye la posibilidad de que la formación de partidos sea posible sólo para aquellos con mucho poder económico, y reduce la posibilidad de injerencia de potencias extranjeras, algo que sucedió en Bolivia durante décadas.

No obstante, ninguna de éstas medidas garantiza que se democratice más nuestro sistema político, sobre todo en términos de participación o involucramiento. No es que Bolivia tenga índices bajos en ese sentido, tradicionalmente superando el 70% del universo en edad de votar. El involucramiento político en Bolivia siempre ha sido más corporativo que ciudadano; más emocional que racional; más clientelista que cívico; más centrado en intereses sectoriales o individuales que por el bien del país. Reformar nuestra cultura política, hacerla menos prebendal y más ciudadana, es un reto que requiere mayores cambios legales y hasta educativos. Por lo pronto, el proyecto en cuestión, más allá de los criterios “tácticos” con los que fue elaborado, puede ser altamente beneficiosos para los bolivianos como sociedad.


*            Politólogo.


 

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