octubre 21, 2018

Bolivia rechaza en ONU la politización en el Consejo de Seguridad

Naciones Unidas-. El representante permanente de Bolivia ante la ONU, Sacha Llorenti, rechazó hoy la politización e instrumentalización de algunos temas en el Consejo de Seguridad, como en el debate sobre la corrupción.

El embajador recordó que existen mecanismos y organizaciones internacionales dedicados a velar por este tema, y que el Consejo no debe restarles autoridad ni tomarse atribuciones que no le corresponden, como catalogar de corruptos a algunos Estados miembros de la ONU.

Las discusiones del órgano de 15 miembros no deben socavar la independencia y la soberanía de los países bajo la instrumentalización de los debates; estas reuniones no debe ser una excusa para menoscabar la legitimidad de Gobiernos democráticos, señaló.

El Consejo de Seguridad debe respetar la soberanía de los Estados y apoyar la solución pacífica de controversias, en lugar de atizarlas, recalcó el diplomático boliviano.

Asimismo, destacó que Naciones Unidas debe cooperar con la creación y el establecimiento de instituciones que velen por el Estado de derecho y contra la corrupción.

En Bolivia, el presidente Evo Morales decidió renunciar al secreto bancario en aras de una mayor transparencia, dijo y se refirió también a las iniciativas contra la corrupción desarrolladas en el marco de organizaciones como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur)

Hace falta un firme compromiso político para luchar contra la corrupción, y es preciso adoptar medidas dirigidas a supervisar a las empresas transnacionales que merman la soberanía de las naciones, saquean los recursos naturales y se dedican al lavado de dinero, subrayó Llorenti.

En este mismo debate del Consejo de Seguridad, la representante permanente de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, atacó verbalmente a Venezuela e Irán, y calificó a sus Gobiernos de corruptos.

Bajo ese alegato, justificó la imposición de sanciones y medidas coercitivas contra Caracas y Teherán, cuyas consecuencias afectan grandemente a la población civil.

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