¿Qué lecciones nos deja la Argentina gobernada por la derecha?


Por Julio C. Gambina-*


Macri se ha encargado de confirmar que la derecha no tiene una alternativa a la que en Argentina se llevó adelante con los gobiernos de Nestor Kirchner y Cristina Fernández. Pero esas lecciones son válidas para América Latina.


La situación económica y política de Argentina se viene agravando desde la asunción del gobierno de Mauricio Macri en diciembre del 2015, cuando sustentaba un diagnóstico crítico a la inflación y a la falta de crecimiento, haciendo propagando que con su sola presencia llegaría inversiones externas para resolver el problema de la economía y años de expansión y estabilidad de precios.

Es concreto ver como se esfuman esos propósitos de hace muy poco y en el tercer año de gobierno, en 2018 puede terminar la Argentina con una caída del 2 al 2,5% del PBI y una inflación de más del 40% anual.

Ambos datos impactan regresivamente sobre la desigual estructura socioeconómica del país. Es un proceso con pocos beneficiarios y millones de perjudicados entre los sectores de menores ingresos de la sociedad.

El resultado directo es una mayor concentración y centralización de la economía, que genera mejores condiciones para la profundización de la extranjerización económica y una inserción subordinada a la lógica mundial del capital en momentos de tensiones globales definidas por la guerra comercial desatada por EE.UU.

Además, con la corrida cambiaria en etapas sucesivas, escalando desde mayo pasado, en estos días el dólar alcanzó la cotización de 40 pesos por dólar (17,50 en diciembre de 2017), lo que motivó que el BCRA elevara la tasa de interés de referencia al 60% anual para competir, vía intereses, con la demanda de divisas. Es una tasa de usura que impide cualquier acceso a crédito de sectores pequeños o medianos, cooperativos o emprendimientos de la economía popular.

Consolida así a la Argentina como una economía de especulación, que junto a la inflación y la consecuente recesión castiga a los sectores productivos de menor peso relativo y sin capacidad de defensa ante la dominación de las transnacionales y el gran capital local hegemónico. Los grandes perjudicados son los perceptores de ingresos fijos: trabajadoras y trabajadores, activos y pasivos, regulares e irregulares más beneficiarios de planes sociales, los que se cuentan por millones.

Shock de ajuste

En ese marco, el Gobierno Macri acudió por segunda vez en tres meses al FMI para lograr sustento financiero a una política económica que en el discurso oficial abandona el “gradualismo” en el ajuste para construir un Shock de Ajuste, con déficit fiscal primario (antes del pago de intereses) del 0% del PBI en 2019 y lograr un superávit del 1% para el 2020, anticipando metas establecidas en el memorándum suscripto con el FMI en Junio del 2018.

Con el shock de ajuste fiscal está previsto reducir el déficit entre 2018 y 2019 en 6.500 millones de dólares vía reducción del gasto y mejoras de ingresos vía inclusión de las retenciones a las exportaciones. [1] Si se adiciona el superávit previsto del 1% para el 2020 remitimos a 11.700 millones de dólares en dos periodos.

Al mismo tiempo que está previsto un déficit fiscal primario de 2,6% para 2018, el déficit financiero alcanzará al 2,9%, motivado en elevados intereses de un endeudamiento externo que sostiene el funcionamiento de la economía argentina.

El déficit financiero se eleva en 2019 al 3,2%, de modo que si bien el déficit primario se propone reducir a 0, el financiero crecerá y con ello la hipoteca de un endeudamiento que supera los 150.000 millones de dólares en la gestión Macri desde diciembre del 2015.

Se trata de un ajuste fiscal que supone disminución del gasto público e instauración de retenciones a las exportaciones para mejoras en el ingreso fiscal.

Respecto del ahorro se afecta el gasto de capital; en subsidios económicos que se transfieren a usuarios y/o a Provincias (transporte y electricidad); baja de gastos operativos por congelamiento de ingresos de empleo estatal y bajas de salarios con relación a la evolución de la inflación; reducción de gastos corrientes del Estado, lo que en conjunto suma 1,5% del PBI.

Desde el mayor ingreso fiscal destaca la vuelta de las retenciones, aunque pesificadas y con carácter transitorio hasta el 2020.

En efecto, se aplican 4 pesos por dólar de exportaciones primarias y 3 pesos por dólar al resto de las exportaciones, con un impacto total de, 1,1% del PBI.

Son dos las cuestiones a destacar al respecto.

Una remite al fondo que supone restablecer retenciones a las exportaciones, cuando una de las primeras medidas de la gestión Macri fuel la eliminación de las retenciones y un cronograma de disminución de las retenciones a la soja.

Fue un compromiso con los sectores hegemónicos del agro, la industria y la minería, que ahora critican el restablecimiento de las mismas, aun pesificadas, porque conceptualmente resurge un fundamento rechazado hace ya una década en la gran crisis política del 2008, entre los grandes productores y exportadores del campo y el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Otra cuestión es el cargo en pesos, que con la variabilidad del tipo de cambio podría rápidamente licuarse, aun cuando desde el punto de vista fiscal, al Estado le interesa el ingreso de pesos, ya que el gasto es mayoritariamente en pesos.

¿Qué significa todo esto?

El propio gobierno reconoce que crece y crecerá la pobreza en la Argentina, cuando la campaña electoral y el primer mensaje oficial al país suponían el compromiso de Pobreza Cero. Es una proposición que quedará muy lejos con el ajuste en curso.

La sola devaluación cambiaria, de 9 pesos en diciembre de 2015 a los 40 actuales, o la reciente duplicación de 20 pesos a 40 entre la corrida de mayo y sucesivas, sin límite predecible en el corto plazo, significa traslado a precios de la economía, especialmente en aquellos que afectan la canasta de consumo cotidiano y por ende con impacto entre sectores más empobrecidos: perceptores de salarios, jubilaciones o planes sociales, la mayoría de la sociedad.

Argentina dolarizó en estos años el precio de los combustibles y de las tarifas de servicios públicos, afectando la cadena de precios de buena parte de los consumos populares, especialmente alimentos y medicamentos.

Todo contribuye a alejar la capacidad de cobertura de necesidades sociales con los ingresos populares devaluados.

De hecho, el gran objetivo del capital hegemónico apuntaba a la reducción del costo laboral, algo que no pudo avanzar por vía legislativa ante la resistencia impuesta por el movimiento sindical y territorial de trabajadores, que en conjunto desplegaron iniciativas de confrontación y límite a los propósitos de reforma laboral regresiva, al estilo Brasil.

Sin embargo, con la devaluación cambiaria redujeron los salarios en dólares, mejorando la ecuación a favor de los inversores dolarizados que el gobierno aspira atraer para inversiones en energía, yacimiento Vaca Muerta de hidrocarburos no convencionales por ejemplo; o en comunicaciones y áreas de infraestructura.

Las negociaciones salariales paritarias han sido condicionadas en estos años, estableciendo techos por debajo de la inflación, lo que supone pérdida de ingresos salariales en la distribución funcional del ingreso.

Para este año el techo se había establecido en 15%, luego se flexibilizó a 20% y algunas organizaciones sindicales lograron actualizaciones del 26 al 28%, en un gran logro de lucha y organización. La realidad ahora desbordada de una pauta inflacionaria del orden del 40% esperado aleja cualquier recomposición salarial contra precios.

En el mensaje presidencial del lunes 3/9, no son sin cinismo, Macri señaló la imposibilidad de satisfacer la demanda salarial de los profesores universitarios, en paro desde el 6 de agosto, en el marco de un conflicto que ascendió a la toma de varios institutos universitarios y masivas movilizaciones callejeras de la comunidad universitaria más allá de la demanda corporativa de los docentes.

Con el deterioro de los ingresos populares como el principal efecto, se agudiza la perspectiva recesiva de la economía argentina. El propio INDEC informa que:

“La actividad de la industria manufacturera de julio de 2018 presenta una baja de 5,7% respecto al mismo mes del año 2017. En el acumulado de los primeros siete meses de 2018 en su conjunto, el estimador mensual industrial (EMI) alcanza el mismo nivel que en igual período del año anterior, por lo que registra una variación interanual de 0,0%”. [2]


1         Acciones para alcanzar el equilibrio fiscal. 3/9/2018. Información oficial del Ministerio de Hacienda, en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/presentacionmedidas20180903.pdf (consultada el 5/9/18).

2         INDEC. Estimador mensual industrial, Julio de 2018, en: https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/emi_09_18.pdf (consultado el 5/9/18).


 

Be the first to comment

Deja un comentario

A %d blogueros les gusta esto: