Sebastián y la mala praxis


Editorial La Época-.


Lo que le pasó a Sebastián, el niño de cinco años que por error o negligencia le extirparon el riñón bueno y no el malo, vuelve a colocar sobre el tapete de discusión la imperiosa necesidad de contar con una normativa legal que sancione a los responsables de este tipo de delitos.

La mala praxis del médico cirujano que le hizo la intervención ha condenado al niño a estar conectado a una máquina de hemodiálisis durante los siguientes cinco años, a la espera que crezca y luego aparezca un riñón de donación que le sea compatible con su estructura fisiológica. En ese lapso de tiempo, la vida del menor estará a prueba todos los días por los efectos directos y colaterales que se producen cuando una persona no tiene ningún riñón.

Cuando suceden este tipo de dramas, entonces lo que retorna a la mente es el recuerdo de que hace pocos meses, un nuevo Código del Sistema Penal fue retirado a pocos días de su promulgación debido a un cálculo político estrecho de la dirigencia médica opositora. A la élite médica poco o nada le importaba la situación igual o similar a la de Sebastián que durante años han enfrentado varias personas de todas las edades. Lo que estaba en la agenda de ciertos médicos, como el Dr. Luis Larrea, es oponerse por cualquier motivo al gobierno y, de paso, preservar los intereses de la aristocracia médica.

Ese nuevo corpus penal contenía una figura muy clara de la mala praxis y de los casos en que se debía sancionar penalmente al autor de un delito de esa naturaleza. Su contenido era menos duro que el vigente en el Código Penal aprobado por la dictadura de Hugo Banzer Suárez, pero poco importaba eso frente a los intereses mezquinos de ese tipo de opositores a quienes la vida de la gente le es indiferente. Lo paradójico es que la sociedad no reaccionó positivamente ante las ventajas que ofrecía la norma promulgada. La gente fue engañada con mentiras sobre supuestos peligros a los derechos y garantías constitucionales de los médicos.

En Bolivia, como en cualquier parte del mundo, hay buenos médicos a quienes se les puede escapar una vida en una intervención quirúrgica. Todos sabemos que una operación siempre contrae riesgo, por muy pequeña o superficial que sea. Está claro que en ese tipo de situaciones sería demagógico e irresponsable pretender procesar ante la justicia ordinaria a un médico que dio todo de si a su paciente.

¿Cómo establecer si hubo o no negligencia? Para eso están los protocolos médicos y la reglamentación de una ley, como la que se promulgó en diciembre de 2017 y que, como señalamos, tuvo que ser levantada. Es un apego estricto a la norma y a esos mecanismos lo que le permite a un médico estar fuera de riesgo de que un juicio injusto termine su carrera o la ponga en peligro.

Por eso, como bien ha señalado el presidente Evo Morales, es urgente debatir y aprobar una ley que le brinde la mayor protección al paciente. La sociedad debe vencer la resistencia conservadora de los malos médicos a contar con una legislación que sancione la mala práctica médica. Quizá el Encuentro Nacional de Salud que se prepara para este mes sea una oportunidad.

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