Por Marcelo Caruso Ascárate *-.
¿Es la lucha anticorrupción un tema de moralidad o una lucha antisistémica? Fueron 11.600.000 millones de personas, 32% del total del censo electoral, las que votaron sin ningún tipo de estímulo legal o ilegal en la consulta contra la corrupción que se realizó en Colombia. La votación superó la votación lograda por el presidente Duque y representó a más del 60% de la población que regularmente ejerce su derecho al voto, la que su vez representa un 55% del censo electoral. Es decir, que entre los que reconocen al mecanismo electoral y se consideran ciudadanos políticamente activos, la mayoría contra la corrupción fue clara.
Se debe considerar que los 500.000 votos que faltaron para el triunfo, se perdieron en las zonas donde menos presencia del Estado existe como garantista de derechos, y donde más se mantienen las dinámicas de narcotráfico y paramilitarismo en connivencia con sectores de la fuerza pública, junto a insurgentes que no se incluyeron en el acuerdo de paz de las FARC y del ELN. Quien votaba en la consulta se convertía en un objetivo militar, lo que explica que entre la Costa Pacífica y Caribe la votación promedio sea menor al 20%, mientras que en ciudades capitales, comenzando por Bogotá, osciló entre el 45% y el 33%.
Fue tal la presión social previa, que el presidente Duque oliendo lo que se venía, salió a anunciar su voto positivo en la consulta, en contra de la opinión abierta y militante del expresidente Uribe y su partido, que fueron quienes lo seleccionaron e hicieron elegir.
Pero más grande fue la presión posterior, que incluyó la evidente derrota de esa ultraderecha, y la necesidad del presidente de reunirse con todas las fuerzas políticas, partido FARC incluido, para pactar la implementación por la vía parlamentaria de lo que se proponía en la consulta.
Revisando la historia cercana de la corrupción, encontramos que fue el Banco Mundial, en el marco de la implementación del modelo neoliberal, el que instaló en el debate global la necesidad de la lucha anticorrupción, como una forma de garantizar los pagos de las deudas de los entes territoriales con la banca privada. Buscaba, al mismo tiempo, prevenir los estallidos sociales generados por la desigualdad creciente estructural, impidiendo que los pocos recursos disponibles para garantizar derechos humanos, fueran apropiados por funcionarios corruptos de niveles locales
En un columna anterior tratábamos de explicar el por qué la lucha anticorrupción se convertía en una lucha antisistémica en el marco del neoliberalismo. Mostrábamos que con la concentración y mundialización del capital, los montos de los negocios que se realizaban a través del Estado, pasaban a tener valores que multiplicaban las clásicas comisiones que se llevaban los funcionarios públicos cuando mediaban en algún contrato público-privado. Como el modelo incluyó la reducción de las funciones del Estado en su control del mercado, se le abrió el paso carteles internacionales y nacionales privados que pasaron a controlar los grandes negocios legales, pero también los ilegales. En este juego de lucro acelerado, con intereses y ambiciones que rompían los estándares de moralidad que manejaban las tradicionales oligarquías, la lucha por la hegemonía del bloque histórica capitalista se mundializó y se tornó mucho más agresiva. Un contrato realizado puede determinar el futuro de una mediana o gran empresa nacional, pero por lo general, termina quedando en manos de una transnacional.
La acumulación capitalista no puede detenerse, y menos aún quedar pendiente de la más lenta valoración de sus activos fijos. Se necesita crecer y acumular a muy altas velocidades, ritmo que impone el capital financiero. En estas condiciones la acumulación por desposesión vía especulación financiera (Harvey) se crece, pero se genera también una creciente acumulación que hemos llamado “por despojo de los recursos públicos”, cuyo motor es la corrupción, la cual crece en su importancia y se convierte en un determinante cuando se trata de contratos con gobiernos sometidos a los mandatos imperiales. En su salvaje concurrencia monopolizadora, el capital recurre a todas las formas de lucha, y la corrupción es la cara oculta de sus acciones, con la diferencia frente a sus orígenes de “a sangre y fuego”, que hoy implican partidas de dinero multiplicadas, pues al concentrarse la economía en esos 1% que la controlan, la tajada en juego es siempre mayor.
En Colombia, como en toda América Latina, se ha usado la lucha anticorrupción como un tema de moralidad ajeno al capitalismo y golpeando a los gobiernos progresistas, para demostrar que un problema que abarca a todos los sectores políticos de la sociedad sin diferencias ideológicas. Por eso es importante argumentar y demostrar que estas economías periféricas son cada vez más liquidas, (Bauman), mas desregularizadas y al mismo tiempo menos controlables por un Estado permisivo. Por lo que se requiere en Colombia y en América Latina y el Caribe, que sean los partidos de izquierda, los sindicatos, los movimientos sociales, los pueblos indígenas, las comunidades afros y los sectores populares, los que a través del control social y político, tomen las banderas de la lucha anticorrupción como parte de su lucha contrahegemónica (gobernando) y antisistémica (empoderando), e impulsen organismos de poder popular que junto con sus gobiernos garanticen de derechos humanos y se propongan cambiar de raíz un sistema cada vez más salvaje, corrupto y desinteresado en el equilibrio con la naturaleza.
* Intelectual colombo-argentino.
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