¿En qué manos estamos?

Por María Bolivia Rothe *-.

Desperté el lunes con un audio que enviaron a mi WhatsApp; era la ¿“confesión”? de la jueza Pacajes, en medio de una reunión social, llena de alcohol en las venas, de haber metido a la cárcel a una persona inocente, sabiendo que lo era. No era un audio en el que la persona que confesaba, lo hacía en un tono de arrepentimiento o de reflexión por el enorme delito cometido; no. Era un audio donde ella se jacta de saber “siempre donde piso”. Un audio jactancioso sin el menor atisbo de autocrítica o arrepentimiento.

La grabación en cuestión, además de ser un documento que devela la inmundicia en la que se mueve nuestro sistema judicial, devela también que la injusticia es un asunto que a nadie le preocupa. No es importante haber condenado a un inocente; es importante cuidar las espaldas… Esto es cuando menos, nauseabundo e imperdonable.

Unas horas después tuve acceso al texto íntegro de la sentencia condenatoria al Dr. Fernández. En resumen, esta sentencia establece la fundamentación en hisopeados tomados del ano del bebé, en los que se hubiera encontrado trazas de antígeno prostático (PSA), el mismo que según la jueza pertenecería al Dr. Fernández. Hay que hacer notar, que el hisopeado anal contenía sangre, además y que en el PSA no es posible determinar ADN, lo que sí sería una prueba concluyente si se hubiera probado que el DNA del hisopeado correspondía al médico. También pesó como criterio para condenar, el hecho de que, supuestamente, este doctor en años pasados hubiera intentado “abusar sexualmente a una menor de 7 años”; sin embargo, Jheri Fernández no tiene ninguna otra demanda por abuso sexual o violación que curse en el sistema judicial. Solamente se basaron en esta prueba y en el hecho de que era el único varón en el centro de acogida de menores. Hay más errores. La médica Forense diagnosticó sangrado profuso por “laceración ano sigmoidea y traumatismo anal penetrante”. Sn embargo, la autopsia del menor señala que “no hubo lesión, porque la lesión deja infiltrados hemorrágicos y laceraciones”, mismas que no se encontraron. En resumen, la sentencia se basa en inferencias. Inaudito.

Es increíble que con tanta irresponsabilidad los jueces hayan basado una condena de 20 años de cárcel para el Dr. Fernández, en pruebas no concluyentes. El juicio probó la muerte del menor por “aparente violación”. Las pruebas son circunstanciales y externas; se basan en que él era el único varón en el lugar, que intentó violar a una menor de 7 años, hecho por el que jamás se lo imputó y que no era parte del juicio y la presencia de PSA que no es concluyente.

Este caso muestra una vez más, la corrupción en la que, lamentablemente, se encuentra sumida nuestro sistema de justicia; un sistema corrupto no da garantía de justicia, sino que se mueve en torno a intereses creados. Por eso la pregunta: ¿En qué manos estamos? No nos toque la desgracia de caer en un problema judicial y serle incómodo a alguna autoridad del sistema; porque entonces, la verdad será lo último que importe.

Es urgente hacer un alto para repensar autocríticamente; no es suficiente hacer elecciones judiciales como garantía de transparencia y veracidad; se necesita una verdadera reingeniería del sistema judicial y dejar de utilizarlo como escalera sobre la vida y la honra de las personas.

Que se haga justicia con Jheri Fernández, médico que juró proteger la vida de sus pacientes, vida que a él –valga la redundancia- se la arrebataron en vida.

*                      Médica especialista en Salud Pública.