octubre 19, 2018

La geopolítica del fallo de La Haya


Por Rafael Bautista S.-.


Esta lectura constituye una aplicación analítico-coyuntural de lo que hemos denominado una “geopolítica de la liberación”. La geopolítica ya no puede ser más patrimonio de los imperios de turno sino que ahora se nos presenta como el ineludible desmontaje des-colonial del sistema de categorías que sustenta la cosmogonía del sistema-mundo moderno y su cosmovisión imperial centro-periferia. Lo que ponemos a consideración es una lectura crítica de lo que ya habíamos indicado el 2013 [1], acorde ahora a la situación en que nos deja el fallo de La Haya.

Esto requiere de la evaluación crítica de nuestras propias expectativas y ahora de las opciones que nos quedan. Entonces, de lo que se trata, es de mostrar los límites de la sustentación de derecho débil que tenía la posición boliviana ante la Corte; debida no sólo a un cándido optimismo legalista que es ciego de los supuestos liberales del derecho internacional, sino también a lo que habíamos señalado [2] como la ausencia imperdonable de lectura geopolítica en la demanda de reivindicación marítima.

Generalmente se olvida que el neoliberalismo no es sino una radicalización del liberalismo mismo, esto quiere decir que, si el neoliberalismo puede no sólo redefinir la economía sino la política y hasta el derecho, esto puede hacerlo porque esto no va en contra de los credos liberales sino que, lo que hace, es adecuarlos a las exigencias exponenciales del capital. Por eso, con el derecho neoliberal, los Estados dejan de ser sujetos del derecho internacional y son las transnacionales las que usurpan esa condición. Ese diagnóstico podía tasar de mejor modo los compromisos que implicaba un fallo jurídico de semejante magnitud; por eso, recurrir a una instancia anacrónica al orden tripolar actual (con un equilibrio global en disputa), tenía que constituirse en táctica pero nunca en la estrategia misma. Veamos el proceder de la CIJ.

En primer lugar, resulta contraproducente que la Corte admita competencia en la demanda, para después desentenderse del asunto mismo. Porque si la CIJ no cumple con sus prerrogativas de contribuir a la solución de diferendos entre países, entonces es la propia Corte la que se excusa de su propia responsabilidad de administrar justicia, dejando a la parte más afectada en la incómoda situación de quedarse con la verdad histórica, pero no saber qué hacer con ella.

¿Qué proceder muestra la CIJ con su fallo? El mismo que funda las expectativas de todo derecho liberal: la interpretación formalista de los hechos; esto significa legalismo, donde la letra muerta decide el proceder legal del dictamen, porque ¿dónde se ha visto que el usurpador admita, por escrito, sus obligaciones de reparación histórica? Si los jueces querían ver la obligatoriedad como admisión rubricada del propio Estado chileno, jamás iban a encontrar aquello en ningún documento. Lo que hace el fallo es típico derecho positivo.

Si primero admiten competencia es porque encuentran materia procesal y, si es así, entonces su tarea consiste en develar lo que la letra muerta no dice pero asume: el tema pendiente, o sea, la reparación obligada de una usurpación de hecho, o sea, la obligatoriedad que se asume implícitamente al sentarse a una mesa de negociación; cosa que Chile siempre hizo, no para reparar nada sino para aprovecharse siempre de las necesidades nuestras.
Toda la institucionalidad jurídica global es parida por el dólar y está diseñada para darle forma legal a todo el despojo que pretende el capital transnacional. Entrar a ese juego significa constituirse en deudor de ese culto. En ese sentido, puede que hasta sea mejor que la CIJ haya fallado a favor de Chile. En tal caso, el fallo de la Corte nos otorga, sin proponérselo, una ganancia nada despreciable: la estatura moral para denunciar ante el mundo el irracional uso del derecho internacional, porque consagra el derecho del vencedor, un derecho que sólo puede otorgarlo la fuerza, no la razón.

La sustancia del derecho moderno-liberal guarda esa maldición. Si nos preguntamos dónde nace el derecho moderno, nuestra mirada debe dirigirse a la conquista del Nuevo Mundo. En las Conferencias de Valladolid, de 1550, Ginés de Sepúlveda aduce argumentos de “derecho natural” para declarar que el indio no es víctima sino “inferior”; es decir, el argumento para beatificar la conquista es de derecho y funda jurisprudencia. El derecho que concede la conquista funda el factum que admite el derecho liberal como su propia sustancia jurídica. Por eso el factum del derecho liberal no es sino la conculcación del derecho mismo. La injusticia misma se hace legal.

Por eso la ley está podrida en todo lado. Esta historia es lo que precisamente encubre la formalización del derecho moderno-liberal. Por eso se entendía la amonestación chilena: la Corte, en el caso de un fallo favorable a Bolivia sentaba un “peligroso antecedente” y esto significaba, ni más ni menos, que los jueces No podían ir en contra del fundamento del derecho liberal; porque se trata siempre del derecho que impone el vencedor. La historia de las categorías jurídicas modernas, como el ius gentium (derecho de gentes) y el ius peregrinandi (derecho internacional), son la formalización de una jurisprudencia que admite la apropiación ilegitima como sustancia legal que legitima al orden moderno-liberal instituido.

Por eso la ley moderna sirve al rico y al poderoso y funda una jurisprudencia que hace del despojo lo que, desde Hegel, se conoce como determinación positiva de la libertad individualen cuanto apropiación; es decir, en el mundo moderno, la propiedad privada (de individuos y hasta naciones) es la sustancia del derecho. De ese modo, el derecho consagra esa libertad, porque es la base del derecho y esta libertad consiste en la apropiación de algo común que aparece, por mediación del derecho, “con dueño”; por eso la apropiación es, en realidad, una privación que sienta base jurídica y, a la luz del derecho internacional, eso es lo que aparece como legal.

Por eso se comprenderá que Bolivia siempre iría a perder por esas vías ante Chile, porque la letra muerta, que es la única materia jurídica que admite la Corte, es la legitimación jurídica de una cesión hecha, en su origen, por la fuerza. De tal modo que acudir a los tribunales es ya una aceptación de facto del derecho que impone el vencedor y que se debe, por esa aceptación, obedecer. La propia ley produce esta trampa.

Ahora bien, ¿qué hay detrás de ese fallo que no cabía ni en el más pesimista de los escenarios? La crítica jurídica que hemos hecho es geopolítica, porque el fundamento del derecho internacional responde a equilibrios de poder que delimitan la materia misma de la cosa juzgada; los fallos no son indiferentes a cartografías conceptuales que contienen jerarquías naturalizadas y, si se presentan de modo abstracto, en cuanto derecho positivo, es sólo para no delatar una connivencia hasta acostumbrada con los poderes fácticos.

Ésta nuestra interpretación parte de un principio: los propósitos de la invasión al litoral no fueron meramente comerciales o económicos; fueron en realidad razones geopolíticas las que sostienen la política de Estado chilena, en lo referente al Litoral boliviano. El Estado chileno sólo podía apostar a la invasión de 1879 si aquello significaba a largo plazo asegurar su importancia estratégica. Por eso señalábamos el 2013 que, si una apelación a instancias jurídicas como la CIJ, adolece del componente geopolítico, estaba condenada al fracaso.

En un orden mundial en decadencia, sucede que sus instituciones se vuelven anacrónicas, esto significa que las razones que pesan en todos sus fallos pasan necesariamente por calcular las consecuencias de estos y no comprometer su propia sobrevivencia. El Estado chileno, con su usual prepotencia, ya había advertido con desconocer el fallo, pues de principio sostuvo la no competencia de la Corte en este asunto.

Esa amenaza marcaba el principio realidad para una Corte cuya decisión, de ser contravenida, generaba la posibilidad de ser burlada y esto significaba ratificar su propia incompetencia en asuntos de controversia bilateral. Entonces la CIJ se lava las manos como Pilato, porque sabe que no tiene, en los hechos, potestad vinculante. Implicarse en tales asuntos, ya no tiene sentido en un mundo donde, por ejemplo, EE.UU. se burla del derecho internacional y las potencias occidentales lo usan para destruir países enteros. En tal caso, los fallos de la CIJ sólo tendrían competencia moral pero, las consecuencias de esos fallos, en medio de un dramático des-orden mundial, no pueden socavar su propia institucionalidad; porque además su garante real no es la justicia sino los poderes fácticos (a los cuales debe su permanencia), aunque se hallen en decadencia.

En tal contexto, el conflicto marítimo Chile-Bolivia, se inscribía en la disputa de hegemonía global entre EE.UU. y China, es decir, entre Occidente y el Club de Shanghái, donde también está la nueva potencia militar y energética: Rusia. El tren bioceánico no le conviene a la geoeconomía del dólar, que está representado en Sudamérica por la “Alianza del Pacífico”, del cual Chile forma parte. El fallo de La Haya se constituye en una advertencia del dólar contra los Estados que se atrevan a escoger nuevos socios con otras monedas.

La cosmogonía del dólar hace que la CIJ se incline por el universo de los prejuicios occidentales que representa Chile en estos lados. Porque los capitales globales se encuentran en plena guerra financiera contra toda otra moneda que pretenda rediseñar la imagen del mundo que tenemos. Ese contexto ponía en aprietos a la CIJ que, como toda institución global, es sensible al equilibrio de poderes y, en ello, optó, como siempre, en sacrificar al débil antes de enfrentarse a sus garantes: los poderos fácticos.

En consecuencia, el sustento histórico-político que fundamentaba jurídicamente la apelación boliviana, sin esta contextualización que le podía brindar una lectura geopolítica de la coyuntura global, se quedaba con la verdad discursiva pero sin posibilidades de persuasión estratégica. Sin lectura geopolítica, la demanda boliviana no sabía en qué mundo se encontraba ni a quién arrimarse para equilibrar una situación adversa. Por eso, no se trata sólo de querellarse contra el Imperio, sino de plantearse una política de liberación de la dependencia estructural, para actuar en la arena global de modo soberano.

En ese sentido, la demanda marítima fue desaprovechada y ya no se nos presentaba como la mejor forma de diseñar ya no una lectura geopolítica clásica sino de redefinir la geopolítica misma. De eso trataría una “geopolítica de la liberación”: de tematizar, de modo multidimensional e hipercomplejo, las posibilidades de irradiación estratégica del poder popular. Sólo de ese modo una lectura geopolítica des-colonial estaría en condiciones de dar razón ya no sólo de un mundo multipolar sino, lo que más interesaría a los pueblos: de un nuevo orden mundial basado en la cero-polaridad (donde ninguna potencia tenga poder de decisión al margen de los pueblos).

En la invasión al Litoral boliviano Chile también se jugaba su sobrevivencia como Estado. Y su sobrevivencia pasaba por reducirnos a garantes de su desarrollo. Por eso se proponen vivir a costa nuestra y todos los tratados que hizo firmar a la oligarquía antinacional boliviana no hicieron más que ratificar ese propósito geopolítico del Estado chileno. Nos tenían que encerrar, enclaustrar, para que Chile, o sea, su burguesía, las 7 familias, se abran al mundo. ¿Cómo podemos revertir aquello?

Nuestra propuesta ha sido siempre responder geopolíticamente al enclaustramiento marítimo. Una política de Estado debiera consolidar, a largo plazo, un corredor geoeconómico de irradiación al pacífico (adonde se está desplazando la economía del siglo XXI, con la nueva “Ruta de la Seda”), basado en la conexión geocultural entre el sur del Perú, el occidente boliviano y el norte de la Argentina. Porque en toda reconfiguración del tablero geopolítico, de lo que se trata es de ingresar, en las mejores condiciones, en la nueva cartografía global. Entonces, el tren bioceánico, por ejemplo, debiera ser visto como un recurso geoestratégico que nos libere definitivamente de la dependencia de los puertos chilenos.

El norte chileno vive gracias al comercio boliviano. La política arancelaria con Chile debe redefinirse para promover la industria nacional y desplazar las mercancías chilenas del mercado boliviano. Con el Perú (sobre todo el sur) nos une la cultura y la lengua, y una estrategia integradora conviene a ambos.

¿Por qué el pacífico? Porque es nuestra conexión natural. Somos culturas que miran al Oriente, no al Occidente. Éste tiene apenas 5 siglos. Nuestra conexión al pacífico tiene milenios. ¿Por qué sucede el enclaustramiento en nuestra propia idiosincrasia, es decir, en nuestra propia subjetividad?, porque se cierra nuestra apertura natural al mundo.

¿Cómo hacer que el exitismo chileno se convierta en su triunfo pírrico? Si las instancias jurídicas no pueden siquiera persuadir al Estado chileno a actuar de buena fe con nuestra demanda marítima, entonces geopolíticamente debemos liberarnos de toda prerrogativa chilena, comenzando con mermar su importancia en nuestro comercio, dejando de alimentar a la economía chilena y apostar definitivamente a salir al pacifico vía Perú.

Esto no significa renunciar al Litoral sino sentar las condiciones para que sea Chile quien requiera de nuestro comercio para no deprimir su economía y sean ellos quienes toquen nuestras puertas y nos soliciten nuevos tratados. Entonces podríamos negociar soberanamente. Esto ya lo hemos expuesto el 2013: “si toda apuesta boliviana fracasa, es porque nunca se generó las condiciones para remontar la dependencia, de modo que se pueda tener márgenes soberanos de negociación.

No es lo mismo negociar suplicando favores que reclamando deudas” [3]. Suplicar es lo que siempre hizo la oligarquía boliviana, hasta la presidencia de Carlos Mesa.
Pero sólo se reclama soberanamente una deuda cuando ya no hay dependencia de por medio. El óptimo nacional sólo sería decisivo si asume que nuestro consumo no puede significar nuestro despotenciamiento nacional, favoreciendo siempre al enemigo. Por eso la salida al enclaustramiento es, más que todo, subjetiva, porque se trata de nuestra propia dignificación como pueblo y como nación. Y esto empieza por empezar a consumir lo nuestro, impulsando la producción nacional para potenciar nuestra cultura. Salir del enclaustramiento marítimo es, en realidad, salir del enclaustramiento mental.

Gran parte de la diplomacia boliviana se “formó” en universidades chilenas, por eso siempre patrocinó acuerdos a favor del enemigo; no le quedaba otra porque, una vez naturalizada la dependencia, la dominación constituye una religiosidad donde el enemigo se hace dios y puede imponer su derecho como mandato divino. Ese es su triunfo acabado. El señorialismo boliviano padece de esa tragedia. Por eso es antinacional y ahora se constituye en oposición y festeja el fallo de La Haya haciendo coro a la arrogancia chilena.


1 Hacia una geopolítica del mar II, en: www.alainet.org/es/active/63317
2 Hacia una geopolítica del mar, en: www.rebelion.org/noticia.php?id=164053
3 Cfr. Bautista S., Rafael: La geopolítica y el derecho al mar, rincón ediciones, La Paz, 2013, p. 23.


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