abril 22, 2019

Vuelve al foco uruguayo impunidad de represores de dictadura

Montevideo-. Un nuevo procesamiento solicitado por la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad en Uruguay vuelve hoy a poner en foco la impunidad de represores de la dictadura aquí décadas después.

Esta vez se trata del encausamiento contra tres exmilitares y un expolicía que responde a una denuncia de 26 mujeres expresas políticas víctimas de torturas, y entre los imputados figura un coronel retirado, en la actualidad en prisión.

Las denunciantes pusieron en octubre de 2011 en conocimiento de la justicia los distintos apremios físicos y psicológicos a los que fueron sometidas, las privaciones ilegítimas de libertad que sufrieron y en especial los abusos sexuales cometidos.

El período comprendido en la denuncia abarca desde el año 1972, en que fueran detenidas las primeras de ellas, hasta el año 1983 en donde ocurriera el arresto de las últimas en distintas unidades militares y policiales, así como centros clandestinos de detención.

La Fiscalía encontró evidencias para formalizar el proceso a cuatro personas, ya que sobre el resto de los denunciados, que incluye hasta profesionales de la salud, aún no hay material como tomar resolución, ya sea porque las causas se encuentran en dilucidación, por cuestiones vinculadas a la prescripción de las mismas o por inconstitucionalidad.

Al propio tiempo la Asociación de Madres y Familiares de prisioneros desaparecidos uruguayos reaccionó críticamente al planteamiento del nuevo Jefe del Estado Mayor del Ejército, Alfredo Erramún de brindar información sobre el paradero de víctimas de la dictadura a cambio de impunidad a culpables que pertenecieron a las instituciones armadas.

Después de calificar ese pronunciamiento de chantaje exigieron al alto oficial que actúe en función del cargo que ocupa y se la entregue al presidente de la República con todas las garantías de un estado de derecho que parece ignorar.

La Asociación aclaró que los distintos gobiernos desde la restauración de la democracia en 1985 concedieron todas esas condiciones y nunca hablaron de más de 25 años de absoluta impunidad que otorgó la polémica Ley de Caducidad promulgada con los nefastos resultados de maniatar a la justicia.

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