marzo 22, 2019

‘Impuestazo’ y neoliberalismo

A 16 años del ‘impuestazo’ dictado por el entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, en concomitancia con su vicepresidente Carlos de Mesa, es menester refrescar los trágicos hechos que dejaron el saldo de más de 30 muertos y alrededor de 200 heridos, como consecuencia de la feroz oposición a las políticas neoliberales aplicadas a rajatabla.

El modelo económico aplicado y pergeñado a fuego y sangre por la derecha boliviana daba sus últimos estertores pues campeaba una grave crisis económica, política, social debido a que los partidos políticos como el MNR, MIR, ADN, NFR y otros aplicaron órdenes del Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial (BM) y otros.

Las recetas aplicadas en el país devinieron en que grandes sectores de la población como los campesinos, indígenas y otros caigan en la extrema pobreza y un sector minoritario —conformado por algunos empresarios y políticos de la derecha— se llenaron de dinero a manos llenas producto de los hechos de corrupción y los negociados con el Estado.

Los organismos internacionales también ordenaron a sus títeres encarnados en los partidos neoliberales el saqueo de recursos naturales y la privatización de empresas estratégicas como Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Empresa Nacional de Electricidad, Empresa Nacional de Ferrocarriles, Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) y la Empresa Metalúrgica Vinto.

Un informe de la Comisión Mixta de Investigación del Proceso de Privatización y Capitalización de las Empresas Públicas de la Asamblea Legislativa Plurinacional señala que entre 1985 y 2005 fueron privatizadas y capitalizadas 362 empresas del Estado, que ocasionaron daños que ascienden en la actualidad a $us 21.000 millones.

De 362 empresas nacionales y departamentales enajenadas, 205 fueron capitalizadas, 102 privatizadas y 55 tuvieron dificultad para continuar operando o fueron transferidas. Siete períodos de gobierno neoliberal están involucrados en la entrega de empresas al capital extranjero o nacional.

La aplicación de recetas de saqueo y achicamiento del Estado por parte de Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos de Mesa devino en una grave crisis fiscal, por lo que dictaron el ‘impuestazo’ con el objetivo de cubrir el déficit fiscal de 8,9 puntos del PIB a costa de los salarios de los trabajadores.

Un tuit del presidente Evo Morales resume la nefasta medida: “El impuestazo de febrero de 2003 afectaba el salario de los obreros y la clase media y fue aprobado por Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos de Mesa, por orden del FMI, para pagar el déficit fiscal de 8,9 puntos del PIB ($us 800 MM). Esta medida produjo el levantamiento del pueblo”.

Efectivamente, la medida provocó una rebelión popular que cobró la vida de más de 30 personas, entre policías, militares, vecinos y estudiantes, además de cerca de 200 heridos en las ciudades de La Paz y El Alto.

El Fondo Monetario Internacional le lanzó un salvavidas de 15 millones de dólares al Gobierno, pero era insuficiente para aplacar la ira de la población, que quemó las sedes del MNR, MIR, UCS y ADN e instituciones del Estado.

A 16 años de esos luctuosos acontecimientos, los hechos muestran que Carlos de Mesa fue un actor principal del ‘impuestazo’.

Hoy, después de que Bolivia sepultó el neoliberalismo, vive una época de dignidad y de bonanza económica producto de la nacionalización de los hidrocarburos, cuyos indicadores dan cuenta de un país pujante, que industrializa sus recursos naturales e invierte en su desarrollo.

A 16 años de los trágicos hechos de Febrero Negro, los bolivianos nunca más debemos permitir la intromisión de los organismos internacionales en nuestra soberanía y el retorno del neoliberalismo.

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