agosto 24, 2019

Argentina, enferma y empobrecida por el aumento descontrolado en los medicamentos

Desde la llegada de Mauricio Macri a la presidencia de Argentina en diciembre hasta 2018, la inflación acumulada fue de 160%, pero los fármacos están en promedio 245% más caros, con algunos incrementos en productos esenciales, como los anticoagulantes, que alcanzan hasta el 540%.

Las vidas y la salud de los argentinos está en juego. Enfermos crónicos y, sobre todo, las personas de la tercera edad son los más vulnerables: mientras todo aumenta a un ritmo indiscriminado, las jubilaciones y pensiones han subido 143% en promedio entre mayo de 2015 y diciembre de 2018.

Hoy los haberes mínimos —con los que cuenta la gran mayoría de los retirados— son de 9.300 pesos (227 dólares) mensuales, frente a una canasta básica de alimentos y servicios que para la tercera edad ronda los 26.000 pesos (640 dólares).

Esto alertó a través de un informe el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que utilizó datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) a enero de 2019, y que advirtió sobre el «retroceso y deterioro de las condiciones de vida de las personas mayores» por culpa de la crisis económica que vive el país. Según el Indec, casi 7 millones de habitantes (16% del total) son personas con más de 60 años, en su mayoría mujeres (57%).

«Es una bronca generalizada, cada vez tenemos más aumentos. Hay viejos que veo que llevan una receta por cuatro remedios y piden: ‘haceme estos dos que son los más urgentes, los otros dos voy a esperar porque no me alcanza más la plata'», dijo a Sputnik Miguel Ángel, de 72 años, a la salida de una farmacia.

«Compré un remedio que, teniendo el descuento de la obra social, me salió 496 pesos [12 dólares], de 30 pastillas, que me dura un mes. Dos meses atrás salía 330 pesos [8 dolares]. En la caja sin descuento está 900 y pico de mangos [pesos, o más de 22 dólares]. ¿Cómo puede ser?», se quejó.

Miguel Ángel, que cobra el mínimo de haberes, contó que además de ese medicamento psiquiátrico, toma otros por las secuelas que tuvo luego de sufrir un accidente cerebrovascular (ACV). Estas últimas drogas fueron las que más aumentaron en estos tres años. El jubilado comentó que puede acceder a ellos gracias a los descuentos de la obra social estatal para jubilados y pensionados PAMI (Programa de Atención Médica Integral), que son de entre 50 y 80%, salvo para algunos tratamientos de alto costo contra el VIH, el cáncer y la diabetes, que permanecen gratis.

En enero de 2017, el PAMI decidió restringir la política a través de la cual otorgaba medicamentos gratuitos. La entidad quitó gradualmente varias fórmulas de la lista de fármacos sin costo para sus usuarios. Finalmente, acotó el beneficio a todos aquellos jubilados o pensionados que cobraran menos de un haber mínimo y medio (13.950 pesos, 342 dólares) o que destinaran 5% o más de sus ingresos a la compra de drogas prescritas.

Desde entonces, quedaron eliminados de este beneficio todos los que tienen un seguro médico privado o que posean autos de menos de 10 años, embarcaciones, aviones o más de un inmueble. Situaciones en las que evidentemente no entran los ancianos que desembolsan buena parte de sus ingresos en sus pastillas y cuyos ingresos —aún insuficientes para sus necesidades básicas— superan el tope puesto por el Gobierno.

«El problema en lo sanitario es que la gente se muere por no tomar los medicamentos que necesitan. Tenemos registrado que el paciente en lugar de tomar la pastilla todos los días la toma día por medio, para la presión, para la glucemia, para el colesterol», dijo a Sputnik Marcelo Peretta, secretario general del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (Safyb).

También advirtió que la situación, provocada por la desregulación estatal sobre los precios de los fármacos, que superan por mucho los índices de inflación, está llevando a problemas estructurales mayores debido a que las personas contraen enfermedades más complejas y terminan teniendo que ser atendidos en los hospitales públicos, que ya tienen graves problemas de abastecimiento de insumos por falta de presupuesto y que reciben cada vez más pacientes debido a las bajas en las prepagas y la crisis económica.

«El cuadro es muy grave pero es como que están anestesiados. Todo esto se lo decimos a los funcionarios pero no toman conciencia, no asumen la gravedad del tema, no disponen regulaciones, no cambian absolutamente nada. Tienen una decisión tomada que es que los laboratorios sigan decidiendo qué quieren hacer, y el Estado, totalmente ausente», dijo Peretta.

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