mayo 23, 2019

Marco jurídico de privatización en Bolivia, violación constitucional

La Paz-. La enajenación de empresas públicas en Bolivia durante la etapa neoliberal estuvo sustentada en una estructura jurídica y financiera, que violó disposiciones de la anterior Constitución Política, afirmó hoy el primer vicepresidente de la Cámara de Senadores, Rubén Medinacelli.

En 20 años de gobiernos neoliberales (1985-2005) fueron emitidas 26 normas para privatizar 157 de las 212 compañías estatales existentes, explicó Medinacelli, una transgresión al artículo 59 de la Carta Magna relacionado al Poder Legislativo que establecía ‘la enajenación de bienes nacionales, departamentales, municipales, universitarios y de todos los que sean de dominio público’.

‘Nunca se salvó este escollo que era a nivel constitucional’, precisó el también expresidente de la Comisión Especial Mixta de Investigación de la Privatización y Capitalización, responsable de investigar decretos, resoluciones, leyes aprobados durante los siete gobiernos de esa época que evidenciaron la enajenación, y determinó un daño económico de 21 millones de dólares al país suramericano.

El informe documental -agregó- presentado en enero pasado a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) reveló que durante la gestión de Víctor Paz Estenssoro (1985-1989) comenzó el proceso de privatización mediante un convenio con la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo (Usaid, por sus siglas en inglés), y fueron destinados 17,5 millones de dólares para crear en 1987 la Comisión de Transición Industrial (Comtrain).

Comtrain recomendó aplicar medidas para racionalizar el sector empresarial público y, en 16 meses de trabajo, recibió asistencia técnica del Center for Privatization, una consultora con sede en Washington, Estados Unidos.

Asimismo, el proyecto BOL/88/002, también financiado por Usaid, encargó a Price Waterhouse la elaboración de una propuesta de privatización, documento denominado Estrategia de privatización para Bolivia, entregada en septiembre de 1990, y constituyó la base para que el presidente Jaime Paz Zamora (1989-1993) comenzara a entregar las empresas públicas.

Medinaceli explicó que ese proceso tuvo un consejo y una comisión encabezados por Samuel Doria Medina, entonces ministro de Planeamiento y actual candidato presidencial por la Unidad Nacional (UN) con vista a las elecciones generales del 20 de octubre próximo.

Por otra parte, el informe debatido por la ALP confirmó que en los gobiernos de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997), de Hugo Banzer Suárez y Jorge Quiroga (1997-2002), fueron creados consejos interministeriales encargados de la privatización y cierre de empresas públicas.

Agregó que toda estructura institucional a nivel nacional, departamental y empresarial fue apoyada por organismos internacionales mediante préstamos y donaciones, la contratación de consultorías individuales de línea y por producto para diseñar estrategias en la enajenación.

Medinacelli confirmó que tienen identificados a los involucrados en esa red de poder que enajenó las empresas bolivianas y recursos naturales, y están elaborando las proposiciones acusatorias para remitirlas a la Contraloría General del Estado, la Procuraduría, Fiscalía y el ministerio de Justicia.

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