agosto 26, 2019

La lucha por los derechos laborales no claudica


Por Soledad Buendía Herdoíza *-.


La conmemoración del primero de mayo, como Día Internacional del Trabajo, tiene su origen en la huelga general protagonizada por obreros estadounidenses quienes, en el año 1886, clamaban por condiciones mínimas de trabajo, tales como jornadas laborales de ocho horas, días de descanso y dignificación de sus salarios, transformándose en un hito mundial de la lucha histórica de los trabajadores por sus derechos.

Hoy en día, esta conmemoración es celebrada en la mayoría de los países del mundo, después de que se estableciera oficialmente el Primero de Mayo, como resultado del Congreso Obrero Socialista Internacional celebrado en París en 1889. En la actualidad, solamente Estados Unidos de América, Canadá y otros pocos países celebran el día del trabajo el primer lunes del mes de septiembre.

En la República del Ecuador, en materia de protección y garantía de derechos laborales, el Primero de Mayo es un momento crucial para reflexionar y luchar por mantener los derechos adquiridos, sobre la base de la dignificación de las políticas laborales y las conquistas en materia de derechos alcanzadas entre los años 2007 y 2017, durante la administración del expresidente Rafael Correa.

En contraparte, durante los últimos veinticinco años, anteriores al año 2007, los gobernantes ecuatorianos promovieron políticas económicas “neoliberales”, confiando en el papel “modernizador” de la empresa privada y la autorregulación del mercado libre. Se consideró que el Estado debía apartarse de la economía y no tener injerencia alguna en su planificación. Paradójicamente, la suscripción del acuerdo del Gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional, en este año 2019, nos conduce nuevamente hacia tales conceptos e intencionalidad.

Las políticas laborales, vigentes en la República del Ecuador antes del año 2007, tuvieron graves consecuencias: desinstitucionalización del Estado Nacional, deterioro de los servicios públicos, derrumbe del gasto social y precarización de las condiciones de vida y trabajo de la gran mayoría de la población. Situaciones que, precisamente, fueron ampliamente superadas en el Ecuador de la última década, sin que a las políticas implementadas desde el Estado se les haya dado continuidad en los últimos dos años de desgobierno.

No es difícil comprender la línea argumentativa del Gobierno Nacional actual en materia de derechos laborales: es evidente que lo que pretende es “flexibilizar” el derecho al trabajo, bajo la tesis de favorecer la “libre competencia” y la “inversión extranjera”, para cuyo efecto se promueven las demandas de los representantes del capital: disminuir el impuesto a la renta, aumentar la jornada laboral, no pagar horas extras ni suplementarias, limitar o suprimir el reparto de utilidades, restringir los aumentos salariales, disminuir las indemnizaciones, limitar el sindicalismo, impedir las huelgas, frenar la contratación colectiva, facilitar el despido de los trabajadores, introducir el trabajo por horas y la tercerización, entre otras “reivindicaciones”.

Es importante destacar que, con la mentada “flexibilización” laboral, lo que se pretende es estrangular el mercado interno sobre la base de la falsa idea de que la “competitividad” se verá incrementada a costa de la una mano de obra “barata”, sin considerar que tal concepción regresiva da paso a una mayor concentración de la riqueza en pocas manos, incrementa los niveles de pobreza y promueve la conflictividad política y social.

Lo que el Ecuador requiere es claridad y transparencia respecto de las políticas laborales que se han venido implementando desde hace una década; así como una clara responsabilidad del Estado, basada en coherencia jurídica y política, a fin de garantizar las conquistas laborales y los derechos sociales alcanzados por las y los ecuatorianos en la última década.


* Asambleísta ecuatoriana.

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