Por Hugo Moldiz Mercado-.
La oposición boliviana quiere ganar desde afuera y con los de afuera las elecciones de octubre de este año, para lo que lleva adelante iniciativas políticas de clara orientación injerencista.
El mes de mayo es “clave” para la estrategia de la oposición boliviana que, aunque fragmentada electoralmente, busca impedir, a través de la intervención de Estados Unidos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), la participación del presidente Evo Morales en las elecciones del 20 de octubre de este año, en un momento en que todas las encuestas de medición electoral permiten apreciar un ascenso gradual del líder indígena, que se mantiene primero, y un descenso de Carlos Mesa, presidente de unos de los gobiernos más ortodoxos del período neoliberal.
La estrategia opositora, que gira alrededor de reivindicar el resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016, ha empezado a cobrar mayor fuerza en las últimas semanas con una iniciativa de una veintena de parlamentarios que le han enviado al presidente Donald Trump una carta para que intervenga en las elecciones bolivianas activando mecanismos que impidan la participación de Morales. Si hay una ligera duda de que la oposición no depende de lo que le digan o no desde Washington, solo hacer referencia a una parte del texto en que le dicen al jefe de Estado estadounidense que “tenga a bien interceder en América Latina y evitar que Evo Morales vuelva a postularse a la Presidencia de Bolivia”.
Esta misiva se suma a otra apuesta que marcha en curso desde hace más de un año. La idea es que Brasil y Colombia, mediante sus presidentes, empleen el procedimiento de la “consulta consultiva” a la Corte IDH para saber si la reelección es o no un derecho humano, tal como sostiene el fundamento de la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional que el 28 de noviembre de 2017 habilitó a todas las autoridades nacionales y subnacionales –entre ellas al binomio Evo Morales y Álvaro García Linera-, para las elecciones de 2019 y 2020.
El papel de EE.UU.
Animados por el papel de la administración Trump contra Venezuela, Nicaragua y Cuba –países ubicados en la primera línea de los objetivos políticos de la Casa Blanca-, la intervención de Estados Unidos se ha convertido en una prioridad para la oposición política boliviana en sus planes de impedir la postulación del presidente Evo Morales para las elecciones generales del 20 de octubre y, por tanto, para “revertir” el Proceso de Cambio.
Si bien electoralmente la oposición se encuentra fragmentada a pesar de los esfuerzos desplegados por la embajada de EE.UU. para forjar un solo candidato, lo cual no ha sido posible por las ambiciones particulares de los partidos y jefes opositores, el punto de convergencia de los contrarios a la continuidad del Proceso de Cambio está en su apelación a la intervención extrajera. Lo que une a la oposición boliviana es EE.UU. por encima de cualquier diferencia.
La última iniciativa, como decimos, fue una carta enviada el 1 abril pasado por diputados y senadores bolivianos al presidente Donald Trump, y que señala textualmente en dos de los varios párrafos:
“Nuestra república se encuentra hoy en peligro de subsistencia democrática desde su recuperación en el año de 1982, debido a que el gobierno del presidente Evo Morales dio un golpe judicial en la búsqueda de perpetuarse en el poder, atropellando nuestra Constitución Política del Estado y la soberanía popular”.
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Y reitera, como para no dejar dudas de la solicitud de intervención, lo siguiente:
“Por todo lo expuesto, solicitamos a su excelencia intervenga ante la Organización de Estados Americanos (OEA) para que la misma se pronuncie ante la comunidad internacional y de esta manera se evite la consolidación de la dictadura totalitaria de Evo Morales Ayma en Bolivia”.
La reacción de la población boliviana ha sido de rechazo a la misiva enviada por la oposición, lo que ha servido para que el gobierno y los movimientos sociales bauticen a esos parlamentarios como “manueles rocha” en alusión al embajador de EE.UU. que en 2002 hizo un llamado público para que la población no vote por el candidato indígena campesino de izquierda, quien por esa y otras razones adicionales más bien estuvo cerca de ganar las elecciones de ese año.
En los últimos dos años, los EE.UU. –tanto a nivel de su “gobierno temporal” (Trump) y del Congreso estadounidense-, han dado señales muy claras de que la postulación de Morales para las elecciones de octubre les incomoda profundamente, aunque en términos generales el tono y las formas como se refieren al líder indígena no son tan beligerantes como los desplegados contra las revoluciones de Venezuela, Nicaragua y Cuba.
El 30 de noviembre de 2017, un comunicado oficial del Departamento de Estado de los Estados Unidos “instaba” al presidente Morales a respetar el referéndum del 21 de febrero de 2016 y a no presentar su candidatura para las elecciones de 2019, que definirá al gobierno que conducirá este país andino en el período 2020-2025.
“El pueblo de Bolivia ha hablado claro. Estados Unidos les apoya e insta al actual Gobierno de Bolivia a que respete el resultado de esos referendos”, establece textualmente el comunicado del gobierno estadounidense al rechazar la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional” del 28 de noviembre de 2017 que dio curso al Recurso Abstracto de Inconstitucionalidad presentado meses antes por un grupo de parlamentarios.
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El fundamento del recurso constitucionalidad se basó en el artículo 256 de la CPE que, solo se supedita a Tratados Internacionales de Derechos Humanos y que es concordante con el artículo 23 de la Convención Americana que garantiza el derecho a la participación política sin restricción alguna, salvo en casos de incapacidad permanente, sentencia ejecutoriada, edad y nacionalidad. Ninguna de esas causales afecta al binomio Evo Morales-Álvaro García Linera.
Otro comunicado del mismo origen, fue emitido el 17 de diciembre de 2018, un mes y diez días antes de que se llevaran adelante las elecciones primarias que legitimaron los binomios presidenciales presentados por las organizaciones políticas y en las que el MAS recibió un contundente respaldo de su militancia a la fórmula Evo Morales-Álvaro García Linera. Estos dos párrafos del comunicado son bastante claros:
“Estados Unidos se suma a la Unión Europea para subrayar que las amenazas contra jueces del Tribunal Supremo Electoral no son propicias para crear condiciones necesarias para celebrar elecciones libres y justas en 2019”.
“El respeto a la independencia del Poder Judicial, el pluralismo político y la libertad de expresión son derechos fundamentales y pilares fundamentales de la democracia y del estado de derecho”.
Pero eso no es todo. Las acciones contra Bolivia no solo han provenido de la Casa Blanca, sino del propio Congreso de los Estados Unidos. Veamos:
La congresista estadounidense, de origen cubano y de la línea dura contra los gobiernos de izquierda, Ileana Ros-Lehtinen, pidió en una sesión del congreso de su país al presidente Trump: “el pueblo boliviano necesita nuestra ayuda, señor presidente y debemos comenzar a prestar atención a lo que está sucediendo aquí en nuestro hemisferio”.
Pero más significativa ha sido la resolución legislativa, luego trasladada al Comité de Asuntos Exteriores, en la que tres congresistas de una comisión bipartidista señalan:
“Bolivia se encamina a una dirección muy peligrosa, alineándose con regímenes ilegítimos e ilegales, incluido el de (Nicolás) Maduro en Venezuela. Es importante que todas las partes respeten la Constitución de Bolivia, que incluye límites de mandatos”, señaló el senador republicano Ted Cruz. La resolución, liderada por el legislador demócrata Bob Menéndez, pide a las democracias latinoamericanas, incluyendo Bolivia, que respeten “las pacíficas transferencias regulares de poder a través de elecciones”.
“Debemos tener un enfoque claro y coherente contra cualquier líder electo que intente extender su control del poder al eludir la propia Constitución de su país”, subrayó Menéndez, el miembro demócrata de mayor rango del Comité de Relaciones Internacionales del Senado de EE.UU.
La carta a la Corte IDH
La otra carta de la oposición, como señalamos líneas arriba, es que la Corte IDH coloque un obstáculo legal y moral a la aspiración de Evo Morales y de los movimientos sociales de ganar las elecciones de octubre y de esa manera conducir el país por cuarta vez consecutiva desde 2005, cuando el líder indígena conquistó la victoria electoral más importante de la historia democrática boliviana.
Los operadores de esta carta son el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien es el que da la cara, y el ex presidente Jorge Tuto Quiroga, quien a partir de la Fundación IDEA y su relación con el ex presidente colombiano Andrés Pastrana, busca que los presidentes Iván Duque y Jair Bolsonaro, de Colombia y Brasil, respectivamente, sean los que envíen esa carta consultiva a la Corte IDH.
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Para que la iniciativa genere mediáticamente repercusión, lo que se hizo es recolectar firmas de apoyo en algunas ciudades del país, particularmente Santa Cruz, pero no se ha llegado a la cantidad de adhesiones esperadas -500 mil firmas- y no pocas organizaciones han retirado sus libros de firmas por la denuncia, mediante redes, de que también se iba a aprovechar esos registros para inscribir el partido de Quiroga ante el Tribunal Supremo Electoral.
Sin fuerza y proyecto alternativo, y con un candidato –de los seis que tiene- que da señales de retroceso a nivel de la preferencia electoral de la gente, es evidente que EE.UU. y la oposición no se detendrán en su estrategia de inmiscuirse en los asuntos internos de Bolivia. El grado y la profundidad en que lo hagan depende de varios factores internos y externos, entre ellos de cómo evolucione la situación venezolana que se ha convertido en una “misión imposible” para la derecha mundial, tal como demuestra el fracasado intento de golpe del 30 de abril pasado.
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