agosto 26, 2019

Sobre el Decreto 27650


Editorial Cambio-.


En su reciente visita a España, el candidato Carlos de Mesa hizo varias promesas a los compatriotas. Una de ellas es elegir a las autoridades judiciales mediante la consulta popular. Sin embargo, cuando fue presidente no puso en práctica esa idea y optó por designar por decreto (es decir a dedo, imposición y de manera personal) a 17 magistrados, fiscales y consejeros de la judicatura.

Esta contradicción de decir una cosa un día y hacer otra al día siguiente, decir lo que no se hace, hacer lo que no se dice, parece formar parte de la naturaleza del postulante de Comunidad Ciudadana (CC), según un breve recuento de sus actitudes.

En el caso de las autoridades judiciales, el tema es el siguiente: Carlos de Mesa viajó a Barcelona, España. Allí sus seguidores lanzaron al suelo a un compatriota que le gritó “vendepatria” y quitaron el micrófono a otro ciudadano que le preguntó sobre la privatización (pecado mortal de Gonzalo Sánchez de Lozada, de quien fue su vicepresidente).

Ante un público de adeptos, De Mesa les dijo que “nuestro primer objetivo, nuestra primera tarea, será cambiar la totalidad de la cúpula del poder judicial y la totalidad del Ministerio Público, nada más lleguemos al gobierno a través del mecanismo democrático y constitucional de la consulta popular”, según el reporte del periódico Página Siete del 2-6-2019.

Sin embargo, el aspirante de CC, cuando fue presidente del país tras la fuga de Sánchez de Lozada, aprobó el Decreto Supremo 27650, el 30 de julio de 2004.

Esta aprobación pasó por encima del entonces Poder Legislativo y dejó boquiabiertos a dirigentes del MIR, MNR, NFR y otros, que no podían creer que De Mesa haya asumido decisiones unilaterales al haber designado a dedo a las principales autoridades judiciales del país.
Por ejemplo, Johnny Antezana, de NFR, opinó entonces que al Presidente solo le faltó anunciar el cierre del Parlamento, mientras que el movimientista Luis Eduardo Siles calificó la actitud de De Mesa como “una terrible agresión al Poder Legislativo”, según testimonia la noticia publicada por el periódico La Razón el 31-7-2004.

Las personas designadas por el dedo de De Mesa fueron:
-Ministros de la Corte Suprema de Justicia: Virginia Kolle Caso, Nelly de la Cruz de Palomeque, José Luis Baptista Morales, Gonzalo Castellanos Trigo, René Berindoague Peñaranda, Carlos Roberto Cardona Uriona.
– Consejeros de la Judicatura: Germán Gutiérrez Gantier y Ricardo Germán Pol Achá
-Fiscales de Distrito: César Suárez Saavedra (Chuquisaca), Audalia Zurita Zelada (La Paz), Róger Arturo Arnez Osinaga (Cochabamba), Williams Herrera Áñez (Santa Cruz), Gustavo Calvo Ugarte (Potosí), Ángel Irusta Pérez (Oruro), María del Carmen Arellano de Yeske (Tarija), Grover Vega Méndez (Beni) y Gonzalo Flores Céspedes (Pando).

Ese decreto anunciado cerca de la medianoche tuvo como antecedente una medida similar asumida por Sánchez de Lozada cuando también designó por Decreto Presidencial 23832, del 11 de agosto de 1994, al fiscal general Óscar Crespo Soliz.

Las contradicciones del postulante de CC se nutrieron con su tuit del 29-4-2019, cuando pidió “transparencia y honestidad” respecto a las investigaciones sobre los narcovínculos de un coronel de la Policía. Sin embargo, al poco tiempo se descubrió que ese uniformado depositó $us 30 mil en la cuenta bancaria de De Mesa.

Otro caso se presentó en 2003 cuando las víctimas de la Masacre de Octubre pidieron sanción para Sánchez de Lozada. Entonces, De Mesa ofreció: “Ni olvido, ni venganza”, sino justicia. Sin embargo, pese a su promesa, en 2018 se contradijo al negarse a ser testigo clave en el juicio civil que las víctimas de octubre le siguieron a Goni.

Mediante un decreto, Carlos de Mesa designó “a dedo” a 17 magistrados, fiscales y consejeros. Hoy, el candidato plantea una consulta popular que no hizo en su gobierno.

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