Editorial Cambio-.
Después de 13 años alejada del poder, la derecha presentó su plan de gobierno arropado con un discurso de “renovación” y “transparencia”. Sin embargo, en el caso de Comunidad Ciudadana (CC) y en términos generales, esa propuesta se contradice con algunos hechos del pasado y destila neoliberalismo.
La propuesta de país de CC, denominada “#Soluciones para el presente y futuro de Bolivia”, fue entregada 10 minutos antes del cierre del plazo establecido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Fue remitida junto a su lista de postulantes al Legislativo en ausencia del candidato presidencial Carlos de Mesa.
De manera preliminar, ese plan de gobierno minimiza/olvida/obvia algunos elementos fácticos reales y verificables como el éxito regional en el crecimiento económico del país (resultado reconocido por organismos internacionales), la disminución de la pobreza (en un 23%), la disminución de la desigualdad, la estabilidad política, social, la inclusión y el salto a la industrialización que se logró en los últimos 13 años.
La propuesta de Carlos de Mesa, por ejemplo, menciona la importancia de elegir a las autoridades sin imposiciones: “Nuestra reforma estará focalizada en la forma de designación de todas las autoridades del Órgano Judicial, rompiendo el monopolio absoluto que detenta la clase política en perjuicio de los ciudadanos, verdaderos usuarios y destinatarios de estos servicios públicos”, indica su plan en la página número 4.
“Propondremos un mecanismo transparente, meritocrático y democrático de elección de todas las autoridades claves de la democracia boliviana —basados ya no en la toma de todos los Órganos del Estado, ni en la manipulación autoritaria del Estado de Derecho”, añade el planteamiento de CC.
Sin embargo, esa propuesta choca con la realidad verificable, ya que cuando fue presidente, Carlos de Mesa usó el monopolio del poder para designar a las autoridades judiciales según su criterio personal. Aprobó y puso en vigencia el Decreto 27650 del 30 de julio de 2004, por el que designó a 17 tribunos y fiscales de distrito, pese a que la Constitución Política del Estado señalaba que era atribución del Congreso Nacional.
Otro de los enunciados de Comunidad Ciudadana tiene que ver con la transparencia y la ética. “Los ciudadanos conoceremos el destino de cada centavo del Tesoro General de la Nacional (sic)”, indica el documento en su página 3.
La idea de nuevo choca con la realidad, pues cuando De Mesa ejerció la presidencia hizo quemar/incinerar/destruir las copias de los pagos de los millonarios gastos reservados que se dieron durante el período neoliberal.
En ese sentido, aprobó el Decreto Supremo 27345 del 31 de enero de 2004, que establece —en su artículo 10— que la documentación presentada en la rendición de cuentas (del Gobierno) será clasificada como “secreta”.
“Los documentos que prueben la erogación de los gastos bajo la partida Gastos Específicos – ‘Gastos Reservados’, que sean aceptados por el Contralor, deberán ser destruidos o incinerados por este en presencia del Ministro respectivo, debiendo dejarse constancia en acta de este hecho”.
En 2016, el vicepresidente Álvaro García Linera reveló que entre 1990 y 2005 el valor de los ‘gastos reservados’ era de Bs 1.480 millones.
El presidente Evo Morales afirmó el 13 de noviembre del año pasado que Carlos de Mesa cobraba $us 200 mil mensuales de los gastos reservados cuando asumió la vicepresidencia en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. (Fuente: http://190.129.90.36/cambio3/?q=node/61388)
Por otro lado, el plan de CC también incorpora categorías como la “Participación Popular”, un mecanismo implementado por el MNR que, entre otros aspectos, exporta al área rural los valores liberales, alienta el resurgimiento de la nueva nobleza dominante, la desmembración comunal y la negación de la autodeterminación.
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