septiembre 18, 2019

Puerto Rico, una colonia constitucional

Por Julio A. Muriente Pérez * -.


Como secuela de la situación reinante en Puerto Rico desde hace varias semanas, hemos caído en lo que algunos han definido como una crisis constitucional. Abundan en estos días los expertos constitucionalistas, que hacen alarde de su sapiencia en el manejo de las leyes y de la interpretación de la constitución del Estado Libre Asociado (ELA). Todo para decidir si el gobernador colonial debe ser Pedro Pierluisi o cualquier otro, si es la legislatura o el Tribunal Supremo quien debe decidir sobre el sucesor del desacreditado exgobernador Ricardo Rosselló Nevares y, en definitiva, de cómo retornar a la normalidad institucional; es decir, colonial.

Conviene recordar que las constituciones son leyes fundacionales de sociedades que deciden organizarse, con el prerrequisito indispensable de que se trata de un ejercicio soberano e independiente. Por su propia naturaleza de sociedades a las que les ha sido usurpado el poder político, las colonias no tienen constituciones. Los países independientes sí. La constitución que impera en las colonias es la de la potencia colonial. A no ser que a la propia potencia colonial se le antoje consentir en endilgarle algo parecido —fraudulento— a su colonia, llamarle constitución e incluso organizarla institucionalmente “a la manera republicana”.

El 3 de julio de 1950 el Congreso de Estados Unidos aprobó la llamada ley 600, por virtud de la cual dicho congreso autorizó el establecimiento de una constitución para Puerto Rico.

Dicha constitución entró en vigor cuando así lo decidió el Congreso, unilateral y soberanamente, según lo establecido en el artículo 3 de la ley 600:

Al ser adoptada la constitución por el pueblo de Puerto Rico, el presidente de los Estados Unidos queda autorizado para enviar tal constitución al Congreso de los Estados Unidos, si el llega a la conclusión de que tal constitución está de acuerdo con las disposiciones aplicables de esta Ley y de la Constitución de los Estados Unidos.

Al ser aprobada por el Congreso, la constitución entrará en vigor de acuerdo con sus términos.

El gobierno de Estados Unidos ha sido exitoso al imponer en Puerto Rico un diseño político-administrativo parecido a una república, sobre todo desde 1952, que incluye muchos de los instrumentos formales de la institucionalidad republicana, al punto de crear en algunos la falsa impresión de que tomamos decisiones libremente como si en efecto fuéramos un país independiente. Además de constitución, tenemos un capitolio y tres ramas de gobierno, partidos políticos y elecciones cada cuatro años en las que elegimos gobernadores, legisladores y alcaldes; e incluso un comisionado residente. Hasta tribunal supremo tenemos.

Pero las leyes que aprueba el Congreso nos son impuestas; nos vemos obligados a recurrir al tribunal de apelaciones de Boston, que es más supremo que nuestro supremo. O a la corte federal de la avenida Chardón, que puede condenarnos a muerte aunque la constitución del ELA lo prohíba. O nos imponen una abusiva junta de control fiscal sin inmutarse, para que se lleve hasta los clavos de la cruz. O usan nuestro territorio para amenazar otros países sin que podamos decir ni esta boca es mía.

Lo controlan todo. Lo deciden todo. Pero tenemos una constitución con la cual entretenernos, mientras discutimos hasta el cansancio sobre quien debe ser el administrador colonial de turno.

No obstante, tiene valor e importancia lo que acontece en el país, sobre todo para que acabemos de reconocer las grandes carencias que han distinguido a este modelo político y económico. Para que reflexionemos seriamente sobre un Puerto Rico diferente y superior.

Para que finalmente le llamemos a cada cosa por su nombre, sin subterfugios ni disimulos.


* Catedrático Universidad de Puerto Rico y dirigente del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH) de Puerto Rico.

Be the first to comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: