marzo 30, 2020

Voto castigo: no hay iceberg a la vista

Por José Galindo * -.


“La gente no está lo suficientemente enojada”: así podríamos explicar, tal vez de forma muy simplona, por qué Morales sigue siendo el favorito en las encuestas; o tal vez, “no me arriesgo con Mesa”, un liderazgo ni novedoso ni fuerte en tiempos que demandan discursos y posiciones firmes.

Carlos Malamud, analista del Real Instituto Elcano, reflexiona sobre un fenómeno que se ha interpretado desde varios enfoques en los últimos años: “the anger vote”, que podría traducirse casi literalmente en nuestra jerga provinciana como “voto castigo”, y que ha dado lugar a especulaciones sobre un posible “giro a la derecha” o “fin del ciclo progresista” en la región.

Partiendo de hipótesis no muy diferentes de las que se han manejado en Bolivia para explicar el agotamiento de la popularidad de Evo Morales, el autor apunta a las emergentes clases medias latinoamericanas como principales agentes de cambios de gobiernos en países como Brasil, Argentina, Ecuador, Chile y Honduras, aunque en direcciones diferentes y hasta contrapuestas. Casi como una regla, Bolivia se mantiene, en este sentido, como una excepción.

En palabras de Malamud en The anger vote: the new (or not so new) Latin American electoral phenomenon: “El ‘voto castigo’ puede ser definido como el rechazo a partidos políticos, élites políticas tradicionales y al desempeño de las instituciones democráticas por parte de la mayor parte de los ciudadanos de un país”. ¿Cuáles son sus características? No es que se vote a favor de algo, sino en contra de algo; si el voto castigo se hace efectivo, lo hace empujando el ascenso de liderazgos fuertes con una fuerte retórica antisistema; y, finalmente, se lo hace en países donde se responsabiliza a la élite en el poder de situaciones indeseadas de diverso tipo.

Al mismo tiempo, los últimos informes del Latinobarómetro señalan una reducción del apoyo a la democracia como mejor forma de gobierno de 12 puntos porcentuales en los últimos cinco años; de 69% en 2012 a 57% en 2017. Factores todos que dan como resultado sociedades altamente escépticas, hipercríticas, insatisfechas y en busca de cambio, aunque generalmente sin saber hacia dónde debe ir ese cambio.

Bolivia: descontenta pero no enojada

Todos estos elementos parecen estar ausentes en Bolivia: aunque el último informe del Latinobarómetro de 2018 colocaba en el país la preferencia por la democracia como mejor forma de gobierno con un 66%, las acusaciones al gobierno del MAS de erigir un gobierno dictatorial no han logrado resonar en el tiempo ni en el espacio, siendo incluso desechadas por una comisión de la propia OEA este año y sin mayor efecto en las encuestas de intención de voto; de la misma forma, aunque hay un evidente agotamiento del apoyo popular al bando oficialista, este sigue ocupando el primer lugar en la mencionada intención de voto como lo demuestran las últimas dos encuestas del mes pasado, que le dan a Morales un apoyo de entre el 35 al 37%, casi siempre con 10 puntos porcentuales por encima de Carlos Mesa y mucho más altos que el resto de los candidatos. Finalmente, aunque no hay mediciones al respecto, no se visibiliza en el país entero un liderazgo igual de fuerte que el del actual presidente, acusado tradicionalmente por la oposición de ser un caudillo.

Sin embargo, si existe una percepción generalizada de descontento por el actual estado de la justicia en el país, así como lo hay frente a la capacidad del Estado boliviano garantizar un servicio de calidad en la educación, la salud y la lucha contra la corrupción, entre otros males; pero incluso en ésta situación, no se ve al actual gobierno como el principal responsable del estancamiento. Al menos, no hay estudios que apunten hacia ello, a pesar de que el último Latinobarómetro señala que en Bolivia sólo el 23% confía en el Poder Judicial, 27% en su Legislativo, 12% en los partidos políticos, 25% en el Poder Electoral y 33% en el gobierno (aunque se trata del cuarto país mejor posicionado respecto al resto de Latinoamérica, al menos hasta finales de 2018).

¿Qué significa todo esto? Tres cosas: primero, que los cambios de gobierno que promueve el voto castigo son guiados menos por la emergencia o agotamiento de corrientes ideológicas y más por la percepción de ineficiencia de los gobiernos presentes; segundo, que cuando estos cambios se dan no lo hacen en una dirección política particular, favoreciendo tanto a propuestas de ultraderecha como Jair Bolsonaro en Brasil como a otras de centro izquierda como Andrés Manuel López Obrador en México; y tercero, lo hacen casi siempre a favor de liderazgos fuertes que prometen dar al traste con todo el orden preexistente.

El liderazgo fuerte de Evo: “como tú no hay otro”

En Bolivia el voto castigo no parece haber incidido tanto como en otros países de la región; el ciclo electoral al cual se refiere Malamud en su trabajo (que se abrió en 2017 y cerró a finales del año pasado) terminó con las experiencias progresistas en Brasil, Argentina y Ecuador, pero tampoco pudo consolidar gobiernos estables de derecha, y actualmente tanto Brasil como Argentina enfrentan fuertes protestas populares que los presionan contra las cuerdas por las mismas razones que los llevaron a abandonar a los gobiernos del PT y el peronismo justicialista. En estos países hubo voto castigo, y posiblemente lo haya de nuevo. Y no es que en Bolivia no existan razones para protestar o para sentirse decepcionado.

Incluso los propios simpatizantes del gobierno de Morales tienen razones, no siempre expresadas en público, para estar molestos con el actual rumbo del país. Pero si seguimos la propuesta de Malamud, acá en Bolivia faltan dos ingredientes para que el voto castigo surta efecto: primero, que se responsabilice o se logre generalizar la idea de que las cosas están mal y que es culpa del gobierno; y segundo, que surja de entre las masas un liderazgo de tipo carismático que prometa ser la negación de todo lo que el actual gobierno es.

Y en Bolivia, el apoyo demostrado a Morales en las encuestas de CIESMORI y Mercados y Muestras, si bien no es un espaldarazo a su gestión, sí demuestra que no hay un sentimiento colectivo de escepticismo y enojo. Añadamos a esto que no se ve a Mesa ni como un hombre fuerte ni como alguien nuevo, con ataques (tal vez coordinados, tal vez no) tanto por parte del gobierno como por parte de sus antiguos aliados en referencia a su pasado político junto con un líder y un partido que hoy en día son casi un anatema de lo políticamente correcto: el MNR y Gonzalo Sánchez de Lozada.

Clases medio insatisfechas, pero no plenamente insatisfechas.
Ahora bien, hemos insistido en los últimos artículos acerca de la importancia de la agenda que los tiempos imponen sobre aquellos que desean hacer política; y cómo, aunque los programas de gobierno incidan poco en la inclinación partidaria del voto de la gente, los mismos son más que todo una prueba que se impone a los candidatos para medir si pueden interpretar las preocupaciones colectivas y representar una posible alternativa que resulte mínimamente creíble.

Para Malamud, un elemento central de la capacidad o potencialidad del voto castigo para cambiar las cosas proviene del cada vez mayor peso de las nuevas clases medias que se han levantado en el continente durante los últimos años. Sí, los gobiernos progre de Brasil, Argentina y Ecuador crearon a sus propios sepultureros, al darles condiciones de vida mejores a las que tenían antes, pero no la sensación de que dicho ascenso estaba garantizado. En sus propias palabras: “Los segmentos medios temen perder su actual estatus y su recién ganado poder de compra. Un crecimiento económico lento (entre el 1% y 2% como promedio regional del PIB) es insuficiente para atender sus crecientes expectativas y por lo tanto amenaza ganancias sociales previamente consolidadas”.

No es coincidencia, luego nos advierte el autor, que los cambios promovidos por el voto castigo se hayan dado justo después de la caída de los precios de las commodities en el mercado internacional en 2013; se podría añadir que esto no sólo hacía más difícil a los gobiernos dependientes de estos precios aceitar sus mecanismos de gobernabilidad fundamentados en la redistribución de la riqueza (formal e informal), sino que hacían más difícil que estas clases medias se consoliden por fuera de los límites del asistencialismo del Estado, contra el cual finalmente se revelaron, esperando mejores oportunidades que, al final, nunca llegaron.

Ahora bien, Bolivia sí sufrió el golpe de la caída del crudo de más de 122 dólares el barril en 2012 a 60 dólares en 2015: las regiones recibieron menos recursos, así como los emprendimientos del gobierno. En 2016, una comisión oficial viajó a EE.UU. a promocionar las inversiones en el país, buscando capitales. Pero, al mismo tiempo, se ha logrado posicionar exitosamente la idea de que el actual gobierno es el único capaz de mantener un ritmo de crecimiento del PIB del 4% (y tal vez es así, a juzgar por el papel de la inversión pública con el cual el Ministerio de Economía explica el actual modelo económico y sus resultados). Las clases medias a las que se refiere Malamud pueden ser indiferentes a la retórica antimperialista del gobierno o a su política de inclusión política y social, pero desean ante todo estabilidad. Tienen miedo a perder lo que tienen, sí, pero no están dispuestas a arriesgarse y tal vez esa es la idea con la cual la actual campaña del MAS debe jugar: “el otro no es apuesta segura”.


* Es politólogo.

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