septiembre 18, 2019

Ministro de Justicia socializa la Ley de Abreviación Procesal Penal en Yacuiba

Yacuiba, BOLIVIA.- El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, la Fiscalía Departamental de Tarija y el Ilustre Colegio de Abogados organizaron el viernes en el Colegio Liceo Gran Chaco de Yacuiba las «Jornadas de la Ley 1173 de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres».

«A raíz de un profundo análisis de los cuellos de botella del sistema penal boliviano, se elaboró el Código del Sistema Penal que lamentablemente fue abrogado por intereses políticos. Por lo tanto, el presidente nos encomendó una ley de emergencia para aliviar el sufrimiento de la gente y esa ley es la 1173», explicó citado en un boletín institucional.

Arce detalló que, a partir de la descripción de la situación actual del sistema penal boliviano, se desarrolló uno a uno los seis ejes de la norma: la simplificación de las notificaciones, la limitación a la detención preventiva, el afianzamiento de la oralidad en el proceso penal, el ajuste competencial, la actividad procesal y el uso de Tecnología de la Información y Comunicación y el fortalecimiento de la lucha contra la violencia hacia niñas, niños, adolescentes y mujeres.

Asimismo, la autoridad informó que esas acciones que se desarrollan en todo el país responden a las tareas de implementación para una adecuada aplicación de la norma «que entrará en vigencia este octubre para efectivizar los procedimientos, hacerlos expeditos y garantizar los derechos humanos de las personas que enfrenten procesos penales»

«La justicia penal es la más visible y palpable en nuestro país. Con la Ley 1173 queremos revolucionar la justicia penal para brindarle a la población boliviana esa justicia efectiva, con calidad y calidez», señaló.

Participaron del evento el gobernador regional, José Quecaña; el viceministro de Justicia Indígena Originario Campesino, Gilvio Janayo; la subprocuradora de Supervisión e Intervención, Anrriela Salazar; la representante departamental de la Defensoría del Pueblo, María Paredes; y el representante del Colegio de Abogados, Fernando Castillo.

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