Por Frei Betto -.
El presidente Bolsonaro homenajea, como a un héroe nacional, a uno de los más notorios torturadores de la época de dictadura militar, el coronel Brilhante Ulstra.
Más grave que lo que dice Bolsonaro es lo que hace. En junio firmó un decreto que eliminó los puestos del Mecanismo Nacional de Prevención y Combate a la Tortura. Siete peritos, encargados de monitorear las violaciones de derechos humanos, fueron despedidos. Su actuación pasó a ser consentida como “actividad no remunerada”.
Aunque el Mecanismo sigue existiendo formalmente, los peritos perdieron su condición de funcionarios públicos. Teóricamente, pueden realizar la función de fiscalización sin recibir una remuneración. Aun así, los peritos continuaron su trabajo durante dos meses, vinculados al Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos. Hasta que la ministra Damares Alves, que se dice cristiana, decidió limitar la entrada de los peritos al edificio del ministerio.
El 2 de agosto, la secretaria de Protección Global del ministerio determinó que el acceso de los peritos al edificio comenzaría a controlarse. Cada uno debía solicitar permiso de entrada cada vez que tuviera ese propósito. El uso de oficinas estaría sometido a una solicitud previa, y estas podrían no estar disponibles.
En el interior del edificio, los peritos perdieron el acceso al sistema electrónico, A sus asesores técnicos se les asignaron otras funciones. Así, el gobierno le amputó los brazos y le cegó los ojos al equipo oficialmente encargado de evaluar las denuncias de torturas.
Todo ello significa querer obstaculizar en Brasil el combate a la práctica de la tortura, considerada un crimen infame, no sujeto a fianza e imprescriptible en la legislación brasileña. El Mecanismo, creado en 2013 debido al compromiso asumido por Brasil con la ONU, se dedica a investigar violaciones de derechos humanos en instituciones de privación de libertad, como presidios, hospitales y clínicas psiquiátricas.
El 12 de agosto, la Justicia de Río de Janeiro suspendió el decreto presidencial que eliminaba los cargos del Mecanismo. Una medida preliminar firmada por el juez Osair de Oliveira Jr. del 0 Distrito Federal, indica que los peritos deben ser reintegrados a sus cargos remunerados.
La ministra Damarez Alves, que se dice cristiana, consideró errada la decisión de la Justicia de Rio y aseguró que el gobierno apelará. “No puedo darle empleo a todo el mundo”, afirmó. “La ley no nos obliga a emplearlos. La ley nos obliga a mantenerlos en nuestra estructura y, siempre que sea preciso, a que se les llame para un trabajo específico de combate a la tortura”. Declaró también que seguirían recibiendo pasajes aéreos y dietas diarias cuando fueran llamados a prestar sus servicios.
Según el informe de la Defensoría Pública del Estado de Río de Janeiro, divulgado el 2 de agosto, uno de cada 25 presos que pasan por una audiencia denuncia haber sido torturado. ¿Y cuántos no lo denuncian por miedo a las represalias? Entre agosto de 2018 y mayo de este año, el Núcleo de Derechos Humanos recibió 931 comunicaciones de torturas. De las víctimas, 153 eran menores de edad. Entre las agresiones físicas y psicológicas descritas por los presos se destacan los golpes y las bofetadas, la colocación de un arma en la cabeza, los culatazos, las amenazas de muerte, los shocks eléctricos, la asfixia, las violaciones.
Lamentablemente, hay quien argumenta (y también se dice cristiano”: “¿Y lo que les hicieron a sus víctimas?”. Ahora bien, si vamos a adoptar la Ley del Talión, rasguemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Constitución, suprimamos las leyes y los tribunales, erijamos el odio, y no el amor, como principio básico de esta colectividad, que no merece los calificativos de humana y civilizada.
Resulta oportuno recordar, para aquellos que se dicen cristianos, que Jesús fue torturado y condenó rigurosamente a quienes no ven al prójimo como templo vivo de Dios que jamás debe ser profanado. www.freibetto.org/> twitter:@freibetto. (Traducción de Esther Perez)
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