noviembre 14, 2019

‘Maldita tragedia’ de un candidato opositor en Bolivia (II)


Por Jorge Petinaud Martínez * -.


La Paz-. En la ruta electoral descendente en la cual Carlos Mesa parece encontrarse ‘en oscura selva’, como Dante en El Infierno, las acusaciones que lo vinculan con sospechosas sumas de dinero y su mutis constituyen un ‘círculo escabroso’.

‘Tenemos que tener moral, autoridad ética para hablar de transparencia’, aseguró el 9 de mayo el mandatario, Evo Morales, en rueda de prensa a la que asistió Prensa Latina en respuesta a un tuit de Mesa.

El 29 de abril, el aspirante de Comunidad Ciudadana (CC) demandó claridad al jefe de Estado ante el arresto del excoronel de la policía Gonzalo Medina por vínculos con el narcotráfico.

‘Pido a @evoespueblo transparencia y honestidad para dar a conocer el detalle de las investigaciones sobre la penetración del narcotráfico en la Policía Boliviana. No es posible que un asunto de tanta sensibilidad se mantenga en la especulación. Esto #YaEsDemasiado’, escribió entonces el candidato de CC.

Sin embargo, a menos de dos semanas de los comicios generales del 20 de octubre, Mesa incurre en una contradicción que lo vincula de nuevo sospechosamente con cientos de miles de dólares, al asumir la callada por respuesta ante la exigencia de políticos y periodistas, quienes le reclaman transparentar los pagos recibidos del exgobernante prófugo Gonzalo Sánchez de Lozada.

De manera reiterada y durante cerca de tres meses, el ex vicemandatario de aquel gobierno neoliberal mantiene su negativa.

‘Yo no voy a explicar nada que tenga ver con una guerra sucia’, insiste el candidato, quien inició su campaña como heraldo de la transparencia y abanderado de la lucha contra la corrupción.

La respuesta constituye una evasiva ante la aseveración del periodista y escritor Emilio Martínez en un libro de que el Movimiento Nacional Revolucionario (MNR) se comprometió en 2002 a pagar la suma de 1,2 millones de dólares para que Mesa aceptara ser postulante a vicepresidente de Sánchez de Lozada.

Al referirse al tema, el diario La Razón recordó que Mauricio Balcázar, yerno de Sánchez de Lozada y hombre fuerte de su gobierno, sostiene desde hace algunos años que Mesa condicionó su candidatura en el binomio del MNR a un aporte financiero.

Según el denunciante, el destino de ese desembolso habría sido evitar la quiebra de la cadena mediática Periodistas Asociados Televisión (PAT), de la cual Mesa era accionista mayor.

Luego en la red de redes aparecieron los documentos que confirman esa supuesta operación, cifrada en poco más de 830 mil dólares y los datos de depósitos bancarios en la cuenta de PAT realizados en 2002 y 2003.

En opinión de La razón, la actitud de Mesa se contradice con la posición asumida en ocasiones anteriores en que salió rápidamente a desmentir o aclarar otras acusaciones.

Según el diario, así ocurrió en el caso Quiborax, ante la posibilidad de un juicio de responsabilidades en su contra; también fue clara su respuesta sobre el presupuesto público destinado al personal de apoyo y a sus viajes como vocero de la causa marítima de Bolivia.

Más recientemente, CC respondió de inmediato en bloque cuando el vocero de efímera ejecutoria Diego Ayo habló de 10 millones de dólares para la campaña.

En contraposición, Mesa y su alianza mantienen una posición inalterable pese a la reiterada exigencia de que ‘responda con claridad’, pese a que la acusación por el caso PAT devino tema central de la campaña con vista a los comicios del 20 de octubre.

Incluso, en una reciente entrevista con su exsocia de PAT Amalia Pando en el espacio televisivo Cabildeo, el exmandatario reiteró su negativa sobre el cobro millonario que según Martínez recibió para ser candidato a la vicepresidencia por el MNR.

En esa ocasión insistió en que no hablará, aunque su jefa de campaña y exsocia también de PAT, Ximena Valdivia, sea detenida por legitimación de ganancias ilícitas.

Más adelante, señaló que ‘de haber sido un hecho irregular prescribió hace más de 16 años’, lo cual fue interpretado por opositores y representantes del oficialismo como un reconocimiento tácito del delito.

Al respecto, el ministro de Justicia, Héctor Arce, sostuvo en el espacio El Pueblo es noticia, del canal gubernamental Bolivia TV, que legal y jurídicamente hay una gran responsabilidad en Mesa de informarle al país y decirle qué es lo que ha pasado con ese tema, y ya no señalar que se trata de una ‘guerra sucia’.

‘Este ya no es un tema que se pueda decir no voy a responder la guerra sucia, esto no es guerra sucia, estas son denuncias serias, y sobre eso han aparecido evidencias’, enfatizó el titular.

Por su parte, la diputada Valeria Silva opinó sobre ese tema que ‘en la jerga cotidiana se podría decir a confesión de parte, relevo de pruebas. Mesa ha sido absolutamente claro (…), la señora Valdivia, según él, evidentemente hace 16 años realizó ilícitos y podríamos decir ‘no más preguntas señor juez».

Más cáustico en su punto de vista sobre el particular fue el candidato a la presidencia por el partido Bolivia Dijo No, Oscar Ortiz, quien escribió en un tuit que la campaña tiene un antes y un después, luego de la admisión de que @carlosdmesa había recibido dinero.

‘Pedimos al señor Mesa, que no solo responda frente al país, además tiene que reponer el dinero de los gastos reservados, que son casi cinco millones de dólares’, concluyó el senador Ortiz en relación a documentos que Mesa decretó quemar para no dejar pruebas, cuando era mandatario.

Sin dudas, la callada por respuesta resulta muy contradictoria ante tales acusaciones, sobre todo porque sale muy mal parada la imagen del candidato que en abril reclamaba honestidad y transparencia al presidente Morales.

(Continúa)


*Corresponsal jefe de Prensa Latina en Bolivia.

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