octubre 15, 2019

‘Maldita tragedia’ de un candidato opositor en Bolivia


Por Jorge Petinaud Martínez *-.


La Paz-. Como si imitara al poeta Dante Alighieri en su periplo por los círculos del infierno, el candidato opositor boliviano a la presidencia Carlos Mesa encara una ‘maldita tragedia’ a pocos días de los comicios.

‘Maldita tragedia’ de un candidato opositor en Bolivia (I)

Con 39 por ciento de intención de voto según los pronósticos, Mesa realizó la presentación de su candidatura el 6 de octubre de 2018, cuando prometió formar un ‘gobierno de ciudadanos’.

Sin embargo, de acuerdo con un sondeo de Viaciencia, a pocos días de la celebración de las justas -el 20 de octubre-, las posibilidades del aspirante de Comunidad Ciudadana (CC) descendieron a 21,2 unidades sobre 100 y ocupa la segunda plaza tras el mandatario y aspirante a la reelección, Evo Morales (43,2 por ciento).

Con estos dígitos, el líder del Movimiento al Socialismo ganaría en la primera vuelta, para lo cual requiere legalmente 40 puntos porcentuales y 10 por delante de su más cercano rival.

Abrumado por esta realidad, Mesa se desdijo de su promesa inicial de gobierno al anunciar la formación de una denominada megacoalición con representantes de partidos tradicionales, varios de ellos responsables de las terapias de choque que aplicaron los gobiernos neoliberales en Bolivia a finales del siglo XX y en los inicios del XXI.

En opinión de la presidenta de la Cámara de Senadores, Adriana Salvatierra, estas alianzas de Mesa constituyen un sinónimo de privatización.

‘Carlos Mesa se alió con Leopoldo Fernández, recibió el apoyo de Manfred Reyes Vila y hoy decide aliarse con Samuel Doria Medina, el mayor privatizador de la década de los años 90’, declaró la joven legisladora a la prensa.

CÍRCULO DE ALIADOS

Actual jefe del partido Unidad Nacional y ministro de Planeamiento del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en 1992, Doria formó parte del trípode pactado (cuoteo de cargos y enajenación de la riqueza nacional que gobernó a Bolivia entre 1985 y 2005 junto al Movimiento Nacional Revolucionario (MNR) y Acción Democrática Nacionalista (ADN) del exdictador Hugo Bánzer).

Fue Doria quien prometió privatizar una empresa por semana, y de acuerdo con el informe de una comisión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) que investigó las gestiones gubernamentales entre 1985 y 2005, en esa etapa el daño económico al país fue de unos 21 mil millones de dólares como resultado de las privatizaciones.

Como aspirante a la vicepresidencia por CC figura Gustavo Pedraza, exministro de Desarrollo Sostenible y Planeación Territorial cuando Mesa ocupó la jefatura de Estado (2004 a 2005).

En las conclusiones de la ALP se vincula a Pedraza con un presunto lavado de dinero en el caso Lava Jato, como firmante de dos documentos que facilitaban la contratación de empresas brasileñas para construir dos carreteras en territorio boliviano.

Carlos Alarcón fue titular de Justicia e interino de Servicios y Obras Públicas durante el mandato de Mesa, y estuvo implicado en las pesquisas sobre Lava Jato por presuntos movimientos inusuales en su cuenta bancaria. En la actualidad es abogado y candidato a diputado por CC.

Manfred Reyes, exjefe de Nueva Fuerza Republicana y aliado en 2003 del exmandatario Gonzalo Sánchez de Lozada, hoy prófugo en Estados Unidos, es otro de los que llamaron a través de las redes sociales a respaldar al rostro más visible de CC. La senadora de Unidad Demócrata por el departamento de Pando e integrante de Columna de Integración Carmen Eva González, es uno de los apoyos más polémicos de Mesa.

Antes de firmar un acuerdo con CC, rubricó el 1 de abril junto a 12 legisladores opositores una misiva en la que pedían al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, una intervención en los asuntos internos de Bolivia para impedir la candidatura del binomio integrado por Morales y el vicemandatario, Álvaro García Linera.

Otro aliado polémico en la campaña de Mesa es Leopoldo Fernández, exparlamentario, exministro cercano a Hugo Bánzer y exprefecto del departamento de Pando, imputado como principal responsable de la denominada Masacre de Porvenir, ocurrida en septiembre de 2008, con saldo de 13 muertos.

Por esos hechos, el 10 de marzo de 2017 un tribunal lo declaró culpable y lo condenó a 15 años de prisión.

Esta tendencia a rodearse solo de ‘viejos conocidos’, provocó en mayo del año en curso el distanciamiento de Comunidad Ciudadana de uno de los principales impulsores de la candidatura de Mesa, el sociólogo Julio Aliaga.

‘Más claro agua: @carlosdmesag ha cerrado su corral y solo acepta a sus amigos con él. Si quieres ser parte y apoyar a la reconstrucción de la democracia en Bolivia, tienes que haber sido su compañero de curso. áYo me rindo!’, escribió en un tuit el primero que se apartó públicamente de la campaña de Mesa.

Con ese argumento también se alejaron Cristina Mamani y la estudiante Yulitza Daza, así como tres aspirantes a legisladores: Fanny Nina, Carlos Carrasco y María Elena Roja.

Hasta sumar 16 las dimisiones, entre los distanciamientos resalta el del portavoz por pocos días, Diego Ayo, tras revelar que CC contaba con 10 millones de dólares, obtenidos supuestamente a través de quermeses (verbenas).

‘Maldita tragedia’ de un candidato opositor en Bolivia (II)

En la ruta electoral descendente en la cual Carlos Mesa parece encontrarse ‘en oscura selva’, como Dante en El Infierno, las acusaciones que lo vinculan con sospechosas sumas de dinero y su mutis constituyen un ‘círculo escabroso’.

‘Tenemos que tener moral, autoridad ética para hablar de transparencia’, aseguró el 9 de mayo el mandatario, Evo Morales, en rueda de prensa a la que asistió Prensa Latina en respuesta a un tuit de Mesa.

El 29 de abril, el aspirante de Comunidad Ciudadana (CC) demandó claridad al jefe de Estado ante el arresto del excoronel de la policía Gonzalo Medina por vínculos con el narcotráfico.

‘Pido a @evoespueblo transparencia y honestidad para dar a conocer el detalle de las investigaciones sobre la penetración del narcotráfico en la Policía Boliviana. No es posible que un asunto de tanta sensibilidad se mantenga en la especulación. Esto #YaEsDemasiado’, escribió entonces el candidato de CC.

Sin embargo, a menos de dos semanas de los comicios generales del 20 de octubre, Mesa incurre en una contradicción que lo vincula de nuevo sospechosamente con cientos de miles de dólares, al asumir la callada por respuesta ante la exigencia de políticos y periodistas, quienes le reclaman transparentar los pagos recibidos del exgobernante prófugo Gonzalo Sánchez de Lozada.

De manera reiterada y durante cerca de tres meses, el ex vicemandatario de aquel gobierno neoliberal mantiene su negativa.

‘Yo no voy a explicar nada que tenga ver con una guerra sucia’, insiste el candidato, quien inició su campaña como heraldo de la transparencia y abanderado de la lucha contra la corrupción.

La respuesta constituye una evasiva ante la aseveración del periodista y escritor Emilio Martínez en un libro de que el Movimiento Nacional Revolucionario (MNR) se comprometió en 2002 a pagar la suma de 1,2 millones de dólares para que Mesa aceptara ser postulante a vicepresidente de Sánchez de Lozada.

Al referirse al tema, el diario La Razón recordó que Mauricio Balcázar, yerno de Sánchez de Lozada y hombre fuerte de su gobierno, sostiene desde hace algunos años que Mesa condicionó su candidatura en el binomio del MNR a un aporte financiero.

Según el denunciante, el destino de ese desembolso habría sido evitar la quiebra de la cadena mediática Periodistas Asociados Televisión (PAT), de la cual Mesa era accionista mayor.

Luego en la red de redes aparecieron los documentos que confirman esa supuesta operación, cifrada en poco más de 830 mil dólares y los datos de depósitos bancarios en la cuenta de PAT realizados en 2002 y 2003.

En opinión de La razón, la actitud de Mesa se contradice con la posición asumida en ocasiones anteriores en que salió rápidamente a desmentir o aclarar otras acusaciones.

Según el diario, así ocurrió en el caso Quiborax, ante la posibilidad de un juicio de responsabilidades en su contra; también fue clara su respuesta sobre el presupuesto público destinado al personal de apoyo y a sus viajes como vocero de la causa marítima de Bolivia.

Más recientemente, CC respondió de inmediato en bloque cuando el vocero de efímera ejecutoria Diego Ayo habló de 10 millones de dólares para la campaña.

En contraposición, Mesa y su alianza mantienen una posición inalterable pese a la reiterada exigencia de que ‘responda con claridad’, pese a que la acusación por el caso PAT devino tema central de la campaña con vista a los comicios del 20 de octubre.

Incluso, en una reciente entrevista con su exsocia de PAT Amalia Pando en el espacio televisivo Cabildeo, el exmandatario reiteró su negativa sobre el cobro millonario que según Martínez recibió para ser candidato a la vicepresidencia por el MNR.

En esa ocasión insistió en que no hablará, aunque su jefa de campaña y exsocia también de PAT, Ximena Valdivia, sea detenida por legitimación de ganancias ilícitas.

Más adelante, señaló que ‘de haber sido un hecho irregular prescribió hace más de 16 años’, lo cual fue interpretado por opositores y representantes del oficialismo como un reconocimiento tácito del delito.

Al respecto, el ministro de Justicia, Héctor Arce, sostuvo en el espacio El Pueblo es noticia, del canal gubernamental Bolivia TV, que legal y jurídicamente hay una gran responsabilidad en Mesa de informarle al país y decirle qué es lo que ha pasado con ese tema, y ya no señalar que se trata de una ‘guerra sucia’.

‘Este ya no es un tema que se pueda decir no voy a responder la guerra sucia, esto no es guerra sucia, estas son denuncias serias, y sobre eso han aparecido evidencias’, enfatizó el titular.

Por su parte, la diputada Valeria Silva opinó sobre ese tema que ‘en la jerga cotidiana se podría decir a confesión de parte, relevo de pruebas. Mesa ha sido absolutamente claro (…), la señora Valdivia, según él, evidentemente hace 16 años realizó ilícitos y podríamos decir ‘no más preguntas señor juez».

Más cáustico en su punto de vista sobre el particular fue el candidato a la presidencia por el partido Bolivia Dijo No, Oscar Ortiz, quien escribió en un tuit que la campaña tiene un antes y un después, luego de la admisión de que @carlosdmesa había recibido dinero.

‘Pedimos al señor Mesa, que no solo responda frente al país, además tiene que reponer el dinero de los gastos reservados, que son casi cinco millones de dólares’, concluyó el senador Ortiz en relación a documentos que Mesa decretó quemar para no dejar pruebas, cuando era mandatario.

Sin dudas, la callada por respuesta resulta muy contradictoria ante tales acusaciones, sobre todo porque sale muy mal parada la imagen del candidato que en abril reclamaba honestidad y transparencia al presidente Morales.

‘Maldita tragedia’ de un candidato opositor en Bolivia (III)

El candidato a senador por el gobernante Movimiento al Socialismo Rogelio Mayta formuló otra acusación contra Carlos Mesa por sacar provecho ilícito de sus cargos públicos.

Abogado de las víctimas de la matanza ejecutada por la administración de Gonzalo Sánchez de Lozada con saldo de 67 muertos y más de 400 heridos en la ciudad de El Alto en octubre de 2003, Mayta afirma que desde el cargo de vicemandatario de ese gobierno Mesa cobró 400 mil bolivianos (más de 52 mil dólares) provenientes del lavado de dinero, el 12 de febrero de ese año.

En una reciente rueda de prensa, el abogado de profesión explicó que Mesa formó la empresa Itaca con varios socios, entre ellos Ximena Valdivia, actualmente imputada por el delito de legitimación de ganancias ilícitas.

Valdivia supuestamente ordenó a funcionarios subalternos depositar altos montos de dinero, que suman más de tres millones 474 mil bolivianos y 195 mil 953 dólares durante 2002-2003, a las cuentas de Periodistas Asociados Televisión (PAT), propiedad de Mesa.

‘Ese 12 de febrero, mientras compatriotas eran asesinados en calles de La Paz -describió el abogado-, Mesa recibía la suma de 400 mil bolivianos, equivalentes a 52 mil 910 dólares, a través de un pago del lavado de dinero que se puede ver que se estaba realizando a través de Ximena Valdivia’.

Tras precisar que esa operación a través de la empresa que crearon, Itaca, era supuestamente un préstamo a PAT, Mayta aclaró que no se trata de un complot o ‘guerra sucia’ contra la candidatura a la presidencia de Mesa.

Describió que es el resultado de una pesquisa legal derivada de una investigación periodística, la cual develó que el dinero percibido por Mesa podría provenir de Sánchez de Lozada, de los denominados gastos reservados.

A su juicio, Carlos Mesa debe dejar de escudarse en el viejo discurso de la guerra sucia.

Mayta recordó que la misma Valdivia fue quien denunció los supuestos delitos que habría cometido el periodista Emilio Martínez al revelar que Mesa cobró 1,2 millones de dólares para aceptar la postulación a la vicepresidencia por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), en las elecciones de 2002.

Después, a través de su sitio web estotambiensucede.net, Martínez divulgó 53 boletas con evidencias de que entre mediados de 2002 y hasta poco antes de la matanza de octubre de 2003, la cuenta bancaria de PAT, propiedad de Carlos Mesa, recibió depósitos por 831 mil 454 dólares.

‘Todo se le empezó a complicar a Valdivia -acotó el abogado-, a partir de que no supo explicar cómo así había llegado a través de sus manos a PAT y Carlos Mesa más de 800.000 dólares’.

De acuerdo con la fiscalía, Itaca S.R.L. no realizaba actividad comercial ni registraba movimiento económico, sólo contaba con una cuenta bancaria de la cual no salieron los montos.

Sin embargo, se utilizó el nombre de la compañía para hacer depósitos en favor de PAT.

A partir de estos elementos, Mayta concluye que Mesa se negó en 2018 a servir como testigo en el juicio en Estados Unidos contra Sánchez de Lozada por la matanza de ‘octubre negro’, porque bajo juramento habría tenido que confesar el dinero que recibió.

Diputados de distintas bancadas, por su parte, coinciden en que la candidatura de Mesa tiene como lastre los errores de su pasado neoliberal, en alusión también a las 67 muertes y al menos 400 heridos de la masacre ocurrida en la ciudad de El Alto.

Con ese criterio coincidieron los legisladores del MAS-IPSP Lino Cárdenas y Romina Pérez, así como Víctor Gutiérrez, de la opositora Unidad Democrática.

La Matanza de El Alto ocurrió cuando la población se lanzó a las calles en defensa de los recursos naturales bolivianos e impidieron que la administración de Sánchez de Lozada-Mesa exportara gas a Estados Unidos a través de puertos chilenos.

‘Maldita tragedia’ de un candidato opositor en Bolivia (IV, final)

En la campaña presidencial de cifras declinantes, según las estadísticas del candidato Carlos Mesa, octubre puede significar su llegada al noveno y último círculo del infierno, descrito por Dante Alighieri en su obra literaria.

Solo que si el vate pudo clasificar su periplo poético como comedia -Giovanni Bocaccio le añadió el calificativo de divina-, en el caso de Mesa parece que su carrera política avanza hacia una ‘maldita tragedia’, pues si hace un año al presentar su candidatura el pronóstico de intención de voto superaba las 39 unidades, hoy es apenas de 21,2 puntos sobre 100.

El décimo mes del año trae tristes recuerdos a los ciudadanos de El Alto, quienes hace 16 años sufrieron una represión militar que dejó 67 muertos y 400 heridos, y la oportunidad de hacer justicia quedó frustrada por la negativa de Mesa a testificar contra el exmandatario Gonzalo Sánchez de Lozada, de cuyo gobierno fue vicepresidente.

‘Él tenía que aportar a la justicia simplemente como testigo y no quiso ir, pero la respuesta es clara, él (Mesa) fue pagado por Sánchez de Lozada por más de un millón de dólares para ser candidato’, aseguró la diputada Betty Yañíquez.

Evocó la legisladora del gobernante Movimiento al Socialismo denuncias de que Mesa cobró a Sánchez de Lozada 1,2 millones de dólares por figurar en la boleta electoral como aspirante a vicepresidente, y señaló que esa mancha en su moral le impidió testimoniar ante los jueces sobre la masacre.

Calificó Yañíquez de ‘tenebrosa’ la actitud de Mesa, candidato en la actualidad de la alianza Comunidad Ciudadana (CC), quien tras prometer justicia a los familiares de las víctimas del crimen se negó a prestar declaración.

El gobierno de Sánchez de Lozada protagonizó el 20 de septiembre de 2003 la denominada ‘masacre de Warisata’ bajo las órdenes del ministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín (también prófugo en Estados Unidos), con saldo de seis muertos.

Al respecto, la senadora del Movimiento al Socialismo Máxima Apaza recordó que tras esos acontecimientos los movimientos sociales se movilizaron en las urbes de El Alto y La Paz contra la venta de gas por Chile hacia Estados Unidos ‘a precio de gallina muerta’, al decir de los bolivianos.

Simultáneamente, reclamaban en las calles y con barricadas la industrialización de los hidrocarburos, a lo cual el gobierno del que Mesa era vicepresidente respondió con el denominado convoy de la muerte, que se abrió paso disparando contra la población por el mismo trayecto que este 5 de octubre recorrieron los partidarios de CC en un acto proselitista.

En relación con Mesa y su negativa a declarar en un juicio contra Sánchez de Lozada en la Corte Federal de Fort Lauderdale, Estados Unidos, Apaza reiteró que no concurrió por intereses mercantiles.

Insistió en que primero hay que ser humano antes que mercantilista, y defender los derechos de los hermanos.

Por su parte, el legislador por la opositora Unidad Democrática Wilson Santamaría recordó que tras la matanza, cuando ocupó la presidencia (2003-2005), el actual aspirante de CC prometió ‘ni perdón ni olvido’ respecto a la masacre denominada octubre negro. Sin embargo, deploró que ahora mantenga silencio sobre el dinero que habría recibido, y añadió que los alteños deben preguntarle dónde está la justicia prometida, asunto sobre el cual solo él puede responder.

Para añadir más ingredientes a la tragedia política de Mesa, el 5 de octubre el abogado de los familiares de las víctimas, Thomas Becker, informó que en noviembre se realizará la audiencia oral presentada en contra del fallo emitido en mayo de 2018 por el juez James Conh, favorable a Sánchez de Lozada y su exministro de Defensa Sánchez Berzaín.

‘La Corte de Apelaciones del Circuito 11 de Florida aceptó nuestra apelación -confirmó el jurista-, y tenemos una audiencia en noviembre y vamos a presentar todos los argumentos que ya expusimos en el juicio’.

Junto con ocho familias Becker logró colocar en el banquillo de los acusados al exgobernante y a Sánchez Berzaín en un juicio civil por el delito de ejecuciones extrajudiciales durante las protestas de 2003.

Como parte de ese proceso, el jurado civil de Fort Lauderdale los consideró culpables del crimen, sin embargo, la sentencia pasó al juez Conh, quien libró del castigo al exmandatario impulsor del neoliberalismo en Bolivia y a su extitular de Defensa.

MESA Y EL FEDERALISMO

Una nueva contradicción surgió en la campaña presidencial de Carlos Mesa, después que el 4 de octubre en la protesta antigubernamental bajo la denominación de cabildo, el Comité Cívico de Santa Cruz propuso la federalización de ese departamento.

De inmediato, el aspirante de CC sugirió un ‘debate abierto y sin miedo’, a lo cual respondió el ministro de Comunicación, Manuel Canelas, con un mensaje en su cuenta de Twitter.

‘Oportunismo y contradicción: Mesa dice que hay que debatir propuesta federalista sin miedo; mientras su socio Revilla rechaza esa medida por no estar en la CPE (Constitución Política del Estado)’, escribió el jefe de cartera.

Canelas recordó la contradicción de Mesa al referirse a la posibilidad de realizar un nuevo estudio técnico, si llega a la presidencia, para definir si un porcentaje del yacimiento de gas de Incahuasi pertenece a Chuquisaca, pese a que una investigación científica demostró que plenamente corresponde a Santa Cruz.

Posteriormente, ante las críticas de los cruceños, el exmandatario se retractó y dijo que no propuso un nuevo estudio.

En relación con la iniciativa de federalismo, el alcalde de La Paz, líder del partido Soberanía y Libertad y aliado de Mesa en CC, Luis Revilla, sostuvo que esta forma de gobierno no está prevista en la Constitución Política del Estado Plurinacional.

‘Llevar adelante una discusión de esa naturaleza en este momento, además electoral, me parece muy complicado’, declaró Revilla a la prensa, como si quisiera alertar a su aliado de otro mal paso en su ‘maldita tragedia’.


* Corresponsal jefe de Prensa Latina en Bolivia.

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