diciembre 6, 2019

Panamá: crece el clamor de una Asamblea Constituyente

Panamá-. Las reformas constitucionales que impulsa el Gobierno de Panamá chocan hoy contra la oposición de importantes sectores sociales que las catalogan de antidemocráticas e impopulares para triunfar en un referendo.

A pesar de que el escándalo por la filtración de los Varelaleaks desvió la atención de los medios de prensa, líderes estudiantiles, gremiales y diversos actores insisten en la necesidad de eliminar el paquete de modificaciones y realizar el proceso en una asamblea constituyente paralela para algunos y originaria según los más radicales.

El Ejecutivo y su brazo creador de las propuestas, el Consejo de la Concertación para el Desarrollo (CCND), junto a la Asamblea Nacional (AN), hasta ahora no lograron convencer a las masas oponentes de que es democrático el método utilizado, mientras desde hace varias semanas las protestas callejeras piden anulación del pliego constitucional.

CCND incorpora a 22 fuerzas del país, entre ellas, los partidos políticos, organizaciones civiles, empresarios, industriales, jóvenes, trabajadores, campesinos, pueblos originarios y etnia negra, pero los manifestantes dicen no sentirse representados en sus integrantes.

El presidente del país Laurentino Cortizo se refirió al tema en varias declaraciones a la prensa, e insistió en que la vía correcta es la CCND, el Parlamento y tras las censuras, convocó a un diálogo con grupos juveniles y de jubilados.

El diario La Estrella de Panamá, en un análisis de la ideología y discurso del llamado ‘paquetazo’ por sus opositores, lo define así:

‘La visión ideológica de dos actores que sustentan las reformas: por un lado, aquellos que consideran y defienden ?ingenuamente’ el discurso de la panacea de las reformas, y por el otro, aquellos actores sociales que entienden sus intereses y saben que estas reformas no son tal remedio, pero cínicamente la venden como lo necesario para la sociedad panameña actual’.

El artículo, firmado por el sociólogo José Clemente Lasso de la Universidad de Panamá, profundiza en que los promotores de los cambios que los presentan como soluciones del país, proponen como tema central la ‘corrupción y la institucionalidad; mas no, derechos humanos ni las desigualdades’.

Denunció que no se produjo ningún debate de fondo sobre el objetivo principal de las modificaciones o la posibilidad de una Constituyente, solo se exponen ‘artículos y ?mejoramiento’ de los mismos, evitando la discusión conceptual necesaria y sobre todo lo que implicaría en términos de cambios en la matriz económica, social y cultural del país’.

Al analizar los orígenes de la propuesta, el texto apoya las opiniones adversas al CCND, ente que descalificó para la función de redactor por su ‘composición legal y naturaleza’, por lo que consideró que ‘se excede en la prerrogativa’, sin el aval de las organizaciones para ese importante fin.

En cambio, reconoció la legitimidad constitucional de la AN para ejercer tales funciones, ‘pero se ha excedido en articulados que a todas luces generan discordia en la población por la naturaleza de los cambios que introducen, entregando mayor poder a los diputados’, señaló.

Esto último fue el detonante para que una nutrida marcha convocada por el rector de la UP, Eduardo Flores, saliera a defender pretensiones de los legisladores de favorecer a universidades privadas en detrimento de la enseñanza pública, lo que desencadenó el rechazo al paquete reformista.

‘Los grupos estudiantiles que participan en las protestas responden a visiones ideológicas y discursivas distintas. Unos abogan por la lucha contra la corrupción, adherida a un discurso de clase media, y otros abogan por acabar con la pobreza y desigualdad, adheridos a grupos estudiantiles de clase popular’, explicó Lasso.

Desde el CCND la visión es distinta, pues su coordinador Enrique De Obarrio en declaraciones a La Estrella, intentó explicar que ‘nada estaba escrito en piedra, nunca se tuvo el afán de imponer nada; se trataba solo de una propuesta resultante del consenso, pero para ser mejorada, enriquecida, según fuere necesario’.

Por su parte, el sociólogo Marco Gandásegui cuestionó en un artículo que la reforma pretende eliminar, entre otros, el concepto de la actual Constitución de que el ‘poder sólo emana del pueblo’ y lo reemplazaría con la frase que hace alusión al ‘poder público del pueblo’.

El debate comienza a complementar la protesta masiva en las calles, con las argumentaciones de intelectuales reconocidos, a los que se suman universitarios cuyas razones escuchan en silencio los centros de poder, sin replicarlos.

Si el referendo fuese hoy, ganaría el NO según múltiples analistas; eso preocupa al Ejecutivo que se empeña en probar que el paquete se encamina a la reducción de la pobreza, pero a criterio de sus críticos, no lo muestra así el espíritu de los 96 artículos de la reforma en ciernes.

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