agosto 4, 2020

Constitucional vs. Constituyente: ¿dónde reside la soberanía popular en Chile?

Pese a la firma urgente del Pacto por la Paz y una Nueva Constitución, el ciudadano de a pie, que se ha movilizado en contra del abuso y la injusticia, no quiere abandonar las calles. La desconfianza y la sospecha inunda el ambiente, ya enrarecido por el humo de las barricadas y los gases lacrimógenos que aún persisten en el país latinoamericano.

La revuelta popular iniciada el 18 de octubre produjo un sismo de magnitud descomunal en la política chilena. A tal punto que oficialismo y oposición se sentaron en una maratónica jornada para lograr, el 15 de noviembre, un acuerdo político en Chile que permitiera un mecanismo para redactar una nueva Carta Magna. Acuerdo que ha sido criticado por gran parte del mundo social que lo considera ilegítimo por ser un pacto realizado sin la participación popular.

«La institucionalidad política, económica, militar, policial, cultural y social creada por la dictadura se ha sostenido por más de cuatro décadas, al amparo de las fuerzas de centro-izquierda que cogobiernan con la derecha, cuyo principal objetivo es mantener intactos los intereses de la elite empresarial», dice a Sputnik Renato Millas, vocero de la Coordinadora de Asambleas Populares Autoconvocadas del gran Santiago.

Para Millas, el «blindaje» al modelo político-social que proporcionó la Concertación de Partidos por la Democracia (la coalición de la democracia cristiana, los socialistas y otros partidos, que gobernó desde 1990 hasta 2010) «fue abierto, sostenido, público, en pos de la anhelada estabilidad institucional».

Según Millas, la infranqueable Constitución pinochetista de 1980 siempre ha sido un tema pendiente porque es base de la institucionalidad vigente y de los problemas sobre la vida de los ciudadanos hasta hoy, y que ha logrado permanecer a pesar de su oscura creación a través del fraude electoral.

«Definitivamente no se resolverá mientras sean los mismos que han sostenido y administrado el modelo neoliberal, los que sigan fijando las reglas del juego para cualquier cambio institucional», opina y agrega: «Es contra ellos y sus privilegios, que se ha alzado la inmensa mayoría de los chilenos y chilenas».

¿Una reforma para que todo siga igual?

En Chile los rasgos autoritarios de su institucionalidad no son un fenómeno contemporáneo, como señala a Sputnik el historiador y académico de la Universidad de Chile, Sergio Grez Tosso.

«Todas las constituciones en nuestro país han sido elaboradas entre gallos y medianoche y aprobadas de manera antidemocrática, a espaldas de la ciudadanía, con personajes de la aristocracia y la alta burguesía, nombrados por el poder de turno, en comisiones restringidas, y en las tres más importantes constituciones de la historia, (1833-1925-1980) ha recibido la presión o la intervención abierta de las Fuerzas Armadas», afirma.

Los intentos de dotar de legitimidad a la Constitución nacida en dictadura se han sucedido desde 1989. Un hito importante en este proceso fue el proyecto aprobado durante el gobierno de Ricardo Lagos Escobar (2000-2006), que concretó la mayor modificación constitucional a la fecha.

El Presidente se vanaglorió señalando: «Hoy 17 de septiembre de 2005 firmamos solemnemente la Constitución Democrática. Este es un día muy grande, tenemos razones para celebrar, tenemos hoy por fin una Constitución democrática, acorde con el espíritu de Chile».

Con esta afirmación, una vez más se daba por finalizada la transición democrática, y se entregaba nuevamente la ilusión de que se daba inicio a una nueva etapa institucional.

Sin embargo, las masivas manifestaciones de estos meses y la solicitud de una nueva Carta Magna desde el comienzo del estallido social, revelaron las contradicciones, los autoritarismos y los desbalances que aún mantenía la renovada Constitución democrática.

El expresidente Lagos, en un escenario completamente distinto, y tratando de representar la opinión de un sector de la población que reclama cambios dentro del marco institucional, ha expresado: «Generar una nueva constitución se ha transformado en una necesidad urgente. ¿Cuántos años se exigió cambiarla realmente y hubo oídos sordos? Tiene que ser una constitución nueva, que tenga un peso real y simbólico».

En esta ocasión, el acuerdo por la Paz y una Nueva Constitución fue avalado por los partidos de la ex Nueva Mayoría, la coalición de partidos de izquierda y centroizquierda que llevó al poder a Michelle Bachelet en 2013 y por algunos miembros del opositor Frente Amplio.

Para Millas, esto significa que la oposición tradicional «ha iniciado una operación de salvataje institucional que supone cambios cosméticos de la estructura política».

En palabras de Sergio Grez, «en el escenario actual se ratifica la inveterada tendencia de las elites económicas y políticas a arrogarse la soberanía, cuestión que no les corresponde, puesto que la soberanía reside en los ciudadanos».

La contradicción de las propuestas constitucionales

En un momento de gran debilidad institucional generado por la protesta social, el parlamento chileno recogió el llamado del Presidente Sebastián Piñera para superar el dramático período de crisis y llegar a un acuerdo por la paz social.

El Gobierno no lo había logrado con las acciones represivas ni con las medidas paliativas que inyectaron recursos a las políticas sociales, como las mejoras en las pensiones básicas y el ingreso mínimo, ni con el cambio de gabinete, ni la empatía manifestada con las demandas ciudadanas tras la concentración de más de un millón y medio de personas, en la rebautizada Plaza de la Dignidad.

La clase política salió a construir y respaldar el pacto constituyente involucrando al grueso de los conglomerados con representación parlamentaria. «Nadie criticó su baja representatividad, su caída en las encuestas, los escándalos de corrupción quedaron en el olvido, tampoco el hecho de que el congreso fuera uno de los blancos favoritos de la crítica popular. Hablaron en nombre y representación del pueblo chileno», denuncia Millas.

Este proceso constituyente ha sido objetado por un amplio abanico de organizaciones sociales y políticas que se mueven en el límite de la institucionalidad. La Mesa de Unidad Social, organizaciones sindicales, estudiantiles, y los sectores declaradamente anticapitalistas, como la Central Clasista, rechazaron de inmediato que haya sido el Congreso, sin interlocutar con los protagonistas de alzamiento, quienes hayan impuesto una salida política al conflicto.

Para Grez, «la elite política no tomó en cuenta el sentir popular expresado en las calles. No estuvieron en el origen del movimiento social, ni lo alentaron. De la misma forma en que lo han hecho por 200 años, combinando astucia y represión, para imponer una solución, qué si la examinamos con ojo crítico, no es tal, y no responde a las expectativas de la población».

Los flancos débiles de este proceso constituyente se evidenciaron desde el principio, y se han seguido sumando. La designación de los integrantes de la comisión técnica constituyente, encargada dar forma concreta a los acuerdos entre oficialismo y oposición, también ha sido cuestionada por sus fuertes vínculos con el poder político y empresarial, restringiendo gravemente su autonomía, tal como lo reveló el diario electrónico Ciper en una investigación publicada el miércoles 27 de noviembre.

Otras iniciativas

Frente a estas críticas se levantan iniciativas desde los mismos movimientos sociales, políticos, comunitarios, territoriales, feministas, medioambientales y de los pueblos originarios, que proponen una Asamblea Constituyente fundacional, no sujeta a las reglas de los poderes públicos constituidos; elegida especialmente para tales efectos, de forma proporcional, y donde todos los sectores de la ciudadanía puedan quedar representados.

Una Constituyente deliberante, que proponga ella misma alternativas constitucionales, sin presiones hechas por comisiones de expertos que escamoten la auténtica capacidad de propuesta y deliberación de los representantes ciudadanos directos. Que establezca un nuevo sistema electoral que garantice la participación democrática y privilegie la presencia ciudadana por sobre la manipulación o las cuotas partidarias.

«Una verdadera Asamblea Constituyente es un organismo libre, soberano, originario, no sometido a poder alguno, no originado por los poderes constituidos como en este caso el parlamento. La Asamblea Constituyente es la máxima expresión de la democracia y se autodetermina en su forma y fondo», concluye Sergio Grez.

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