El Gobierno interino de Bolivia, que se hizo con el poder tras la dimisión del presidente Evo Morales, ha escalado un nuevo peldaño en la crisis con España y México y ha declarado este lunes personas non gratas a los diplomáticos españoles Cristina Borreguero y Álvaro Fernández, a la embajadora mexicana en La Paz, María Teresa Mercado, y a cuatro policías españoles, a los que ha dado 72 horas para abandonar el país. El Gobierno español, que hasta ahora había mantenido una actitud de suma cautela, ha decidido responder con la expulsión de tres diplomáticos bolivianos acreditados en Madrid.
«Este grupo de representantes de los gobiernos de México y España ha lesionado gravemente la soberanía del pueblo y del Gobierno constitucional de Bolivia», aseguró la presidenta Jeanine Añez, en una comparecencia en el Palacio de Gobierno de la Paz. «El Gobierno constitucional que presido ha decidido declarar persona non grata a la embajadora de México en Bolivia, María Teresa Mercado, a la encargada de negocios de España en Bolivia, Cristina Borreguero, al cónsul de España en Bolivia, Alvaro Fernández, y al grupo de los presuntamente diplomáticos encapuchados y armados», subarayó. «La conducta hostil [de estos funcionarios] intentando ingresar de forma subrepticia y clandestina a la residencia de México en Bolivia desafiando a los oficiales policiales bolivianos y [a] los propios ciudadanos son hechos que no podemos dejar pasar», concluyó.
Añez aludía al incidente que se produjo el pasado viernes en la entrada de la Embajada de México en La Paz, a donde la encargada de Negocios y el cónsul español acudieron, escoltados por cuatro miembros del Grupo de Operaciones Especiales (GEO) del Cuerpo Nacional de Policía, por invitación de la embajadora mexicana. Cuando los agentes españoles se disponían a recoger a los dos funcionarios de Exteriores, los policías bolivianos que mantienen rodeada la Embajada mexicana les impidieron el paso y un grupo de civiles comenzó a increparles y a golpear y zarandear sus vehículos, con matrícula diplomática. Al advertir que los estaban grabando y fotografiando, los geo se cubrieron el rostro para evitar ser identificados.
Las autoridades de La Paz dieron pábulo a la teoría de que la presencia de los policías españoles respondía al objetivo de sacar clandestinamente de la legación diplomática mexicana a la decena de ex altos cargos del Gobierno de Evo Morales que se encuentran allí refugiados y, en especial, a los exministros de Presidencia y Cultura, Juan Ramón Quintana y Wilma Alacona, contra quienes la Fiscalía boliviana ha dictado órdenes de busca y captura.
La canciller boliviana, Karen Longaric, envió una carta a su homóloga española, Margarita Robles, en la que protestaba «enérgicamente por el atropello realizado por funcionarios de su misión diplomática a la soberanía y dignidad del pueblo bolviano»; mientras que el ministro de Presidencia, Yerko Núñez, denunció «la existencia de un plan internacional para desestabilizar» a su gobierno.
España reaccionó inicialmente con sorpresa ante el incidente diplomático. Ni el presidente en funciones, Pedro Sánchez, ni la ministra de Defensa, Margarita Robles, encargada interinamente de la cartera de Exteriores, tenían noticia de la visita de los dos diplomáticos españoles a la Embajada mexicana en La Paz. Se enteraron cuando llegó a Madrid la noticia que los geos estaban siendo acosados a la entrada de la legación diplomática mexicana y de que no podían recoger a los funcionarios de la Embajada española que estaban dentro. Por eso, su reacción inicial fue emitir una escueta nota, ya en la madrugada del sábado, en la que se anunciaba la apertura de una «investigación» interna sobre lo sucedido.
Solo horas después, cuando fue tomando cuerpo en Bolivia la acusación de que la Embajada española estaba implicada en una supuesta operación clandestina, Exteriores difundió un nuevo comunicado en el que aclaraba que la visita de los dos diplomáticos a la Embajada mexicana en La Paz «era exclusivamente de cortesía» y negaba «rotundamente que pudiera tener como objeto facilitar la salida de las personas que se encuentran asiladas en aquellas dependencias».
La aclaración no pareció convencer a las autoridades bolivianas. Fuentes gubernamentales españolas atribuyen la escalada a una «sobreactuación» interesada del Gobierno de Jenine Áñez, que está ulilizando el incidente para buscar el respaldo de la población envolviédose en la bandera nacionalista frente a un supuesto «colonialismo español». La presidenta interina, que ostentaba la segunda vicepresidencia del Senado, se hizo con el poder el pasado 10 de noviembre, tras la dimisión del presidente Evo Morales por la falta de respaldo de la Policía y las Fuerzas Armadas y ante la graves sospechas de fraude en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de octubre. La UE apoyó inicialmente la «solución institucional» que representaba Añez ante el vacío de poder, pero con el compromiso de ir a unas elecciones que aún no se han convocado.
Los cuatro policías españoles cuya expulsión ha decretado ahora el Gobierno boliviano, junto a otros dos más, llegaron a la Paz el 14 de noviembre, cuatro días después de la dimisión de Morales y en medio de unas protestas que dejaron un saldo de 29 muertos. Estaba previsto que los agentes regresaran a España el pasado sábado, pero el incidente del día anterior ante la Embajada mexicana llevó a Interior a aplazar su regreso.
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