octubre 26, 2020

Derechos de mujeres, diversidad y pluralismo jurídico

por: Carmen Elena Sanabria*

Al explorar el concepto de pluralismo jurídico, un primer aspecto refiere a la necesidad de analizar los derechos de las mujeres en el marco de las especificidades socioculturales e históricas que caracterizan a los pueblos indígenas y a su intersección con las construcciones jurídicas estatales, en el marco de relaciones de poder. Esto implica no partir de conceptos predefinidos y externos sobre ese ejercicio de derechos y reconocer que los órdenes normativos locales, de pueblos y comunidades se intersectan y traslapan de forma dinámica y compleja con el derecho estatal, en procesos de interlegalidad 1.

Igualmente importante desde un posicionamiento crítico es cuestionar y confrontar visiones y esquemas que, al oponerse al reconocimiento de los derechos colectivos y de autonomía demandados por los pueblos para ejercer sus sistemas normativos o derecho propio, argumentan que éstos violan los derechos humanos de las mujeres indígenas y son contrarios a la igualdad de género.

Diferencia, diversidad y derechos de las mujeres

Sin embargo, una perspectiva crítica también comporta discutir sobre discursos y enfoques que “no permiten tocar” los órdenes normativos de pueblos y comunidades, en función a que su reconocimiento suele formularse en la mayoría de casos, en clave de reivindicación política; de allí por ejemplo los discursos sobre “justicia originaria o ancestral” que asientan su legitimidad como sistemas jurídicos precedentes de un pasado remoto e incontaminado, incluso precolonial. Esto tiene efectos críticos, en el sentido de que, en la mayor parte de casos, la exigencia de reconocimiento de las diferencias y de la diversidad cultural —generalmente manifiesta en regulaciones y normativas religiosas, étnicas y culturales—, no se vincula con los derechos de las mujeres. Por otra parte, en la dinámica de la reivindicación política se desatienden campos y relaciones internas de poder que afectan las vidas de mujeres y hombres.

De otro lado, y al parecer como efecto, desde las visiones dualistas —que oponen los órdenes normativos locales al derecho estatal refiriendo a su funcionamiento como ámbitos totalmente separados y contrapuestos— en el debate no suelen ser extraños argumentos y discursos de mutua descalificación, que oponen a un derecho estatal idealizado, un derecho propio también idealizado. Sin embargo, un análisis más complejo revela sesgos de género que ambos órdenes jurídicos pueden compartir cuando se trata de los derechos de las mujeres, en términos de valores, normas, prácticas y procedimientos que entran en juego en casos concretos.

Al respecto, el tratamiento y gestión de casos de violencia contra las mujeres es uno de los problemas más paradigmáticos para poner de manifiesto patrones e ideologías de género compartidos por operadores judiciales estatales y por autoridades y agentes de los órdenes normativos y comunidades locales que supone:

    Un “deber ser” femenino, manifiesto en valores, que tiende a la invisibilización, justificación o minimización de las denuncias y requerimientos por hechos de violencia. En ese marco, la mayoría de casos no llegan a ser denunciados ni procesados, sólo los casos extremos y de reincidencia.

    En los casos en que se atienden las demandas, que en las resoluciones no se suele cuestionar la violencia en sí, como tampoco se reconoce el derecho a la integridad y a la no violencia, sino otros bienes, como el honor, prestigio social, unidad familiar, etc. La idea de privacidad de la familia anima el imaginario de los operadores, donde la violencia se representa como problemas de la familia y no como relaciones de poder.

    Pautas y mecanismos procedimentales, en conflictos conyugales o de violencia, denuncias por maltrato, incumplimiento de obligaciones familiares, entre otros, donde las autoridades promueven la conciliación de la pareja, argumentando la necesidad de reparar y mantener la vida familiar y social. Éstos, en la mayoría de casos, no resuelven los problemas y más bien tienden a apuntalar relaciones asimétricas entre hombres y mujeres.

    Prácticas y procedimientos que promueven el resarcimiento de daños y de acuerdos internos para hechos de violencia sexual, generando impunidad y desprotección en las víctimas.

    El carácter leve de las sanciones, aspecto profundamente cuestionado por las mujeres, tanto en su orden local como en el derecho estatal.

“Crear derecho” y disputar poder

Ahora bien, desde el cuadro descrito la pregunta pertinente parece aludir a cómo encarar los necesarios debates sobre los derechos de las mujeres, la diversidad y el pluralismo jurídico, teniendo claridad que un diálogo intragenérico, intercultural y reflexivo sobre los derechos de las mujeres no se produce en un vacío de poder.

Es necesario construir marcos propicios para cuestionar representaciones y posturas conceptuales en torno al derecho, el género, la cultura. Es probable que un aspecto importante tenga que ver con el reconocimiento de la alteridad y la diversidad del sujeto mujer. En ese campo, amerita cambiar miradas sobre las otras (campesinas, indígenas, de sectores urbano populares, etc.) como sujetos carentes y vulnerables, homogéneos y estáticos en sus identidades. La agencia social está ahí para mostrar capacidades de resistencias y de ejercicio de derechos en contextos particulares y escenarios complejos de avances y retrocesos.

Otro elemento que se evidencia como central es la conexión y delimitación de los derechos individuales y colectivos, en su alcance hacia los derechos de las mujeres, que en gran parte se realizan a nivel de la persona. El problema de la violencia contra las mujeres pone de manifiesto nudos centrales de la discusión en torno a los derechos individuales y derechos colectivos. De allí que pueden existir conflictos en cuanto a su reconocimiento y ejercicio en espacios donde las mujeres no gozan del mínimo nivel de autonomía personal, y el peso de los mandatos colectivos es predominante. Esto impele a explorar con mayor rigor las posibilidades de realización de los derechos de las mujeres frente a y en relación con los derechos colectivos.

De otro lado, la confrontación a perspectivas esencialistas acerca de los sistemas normativos locales tiende a reafirmar la idea de un “derecho propio”, no estático sino de carácter procesual y capaz de nutrirse de otras fuentes, por ejemplo, del discurso de derechos humanos y contra la violencia de género. En ese marco, la participación de las mujeres indígenas en la discusión sobre sus derechos implica “crear derecho”, y disputar poder, para incidir en la definiciones de normas, valores y estructuras de autoridad. Esto aplica también para el derecho estatal, recordando lo que se sugiere desde las posturas de los feminismos poscoloniales, de “escrutar y aplicar a las propias prácticas el mismo escrutinio que se aplica a los y las otras”.

*     Investigadora y consultora en temas de Género, Derecho y Desarrollo.

1    Aquí se retoma el abordaje teórico conceptual trabajado por Sanabria y Nostas (2009) y un equipo nacional, en el proyecto de investigación sobre órdenes normativos, derechos de mujeres indígenas e interlegalidad auspiciado por la Coordinadora de la Mujer. Ver página web http://www.coordinadoramujer.org/biblioteca.php

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