octubre 27, 2020

El cuidado como derecho social

La inclusión del cuidado como derecho social y, por lo tanto, como un problema de políticas públicas ha sido hace mucho tiempo y continúa siendo una demanda de las luchas feministas. El cuidado engloba todas las actividades cotidianas que necesitan las personas para sostener sus vidas con dignidad y esperanza. Niños y niñas, adolescentes y jóvenes, personas de la tercera edad, enfermos y personas con capacidades limitadas son grupos que, por edad, condición física o mental requieren la provisión continua de supervisión, aseo, alimentación, apoyo psicológico, estímulos cognitivos y físicos.

La forma como las sociedades organizan la provisión del cuidado y cómo distribuyen las responsabilidades entre las familias, el Estado y el mercado son determinantes para garantizar la provisión adecuada del cuidado para sus ciudadanos.

El problema está en que la forma tradicional de organización del cuidado, centrada unilateralmente en las familias y, en su interior en las mujeres, está en crisis. Las transformaciones familiares con el incremento de las familias monoparentales, la creciente incorporación de las mujeres al mercado de trabajo y la inflexibilidad de la distribución de las responsabilidades al interior de las familias han cambiado de forma decisiva la relación entre vida laboral y familiar, generando nuevas tensiones y desafíos.

Es urgente encarar seriamente los problemas que enfrentan las familias, principalmente las más pobres, para conciliar la provisión de cuidado a sus seres queridos y la generación de ingresos sin el adecuado apoyo del Estado y de la sociedad. La ausencia de políticas y servicios de cuidado impone la delegación temprana de responsabilidades a los mismos niños, niñas y jóvenes y la dedicación de las mujeres a trabajos que les facilite cumplir mínimamente con las responsabilidades de cuidado. De hecho, una de las principales razones para la inserción de las mujeres en trabajos informales al margen de la seguridad social y mal remunerados es la falta de servicios públicos de cuidado como, por ejemplo, guarderías y escuelas públicas de 8:00 a 17:00 hs.

Las políticas de provisión de cuidado y de conciliación entre la vida laboral y familiar no sólo son mecanismos fundamentales para mejorar la inserción laboral de las mujeres, principalmente de los estratos sociales menos favorecidos y así incrementar el ingreso de los hogares como también para romper la transmisión inter-generacional de la pobreza y desigualdad social, garantizando mayores niveles de rendimiento escolar y previniendo los riesgos de exposición de los niños(as), jóvenes y adolescentes hacia: (i) actividades delictivas y el consumo de drogas, (ii) ingreso temprano en el mercado laboral en detrimento de la formación educativa, (iii) inseguridad física y emocional como la violencia sexual intra y extra-familiar, (iv) embarazo adolescente, (v) problemas de salud debido a su permanencia en espacios públicos inadecuados, entre otros.

Estos riesgos son preocupaciones manifiestas por las mujeres que no tienen la opción de comprar servicios de cuidado en el mercado ni de acceder a servicios públicos o subvencionados.

Los problemas ocasionados por la ausencia de políticas de apoyo al cuidado familiar van más allá de las personas directamente involucradas y afectan al conjunto de la sociedad. Además los servicios públicos de atención a los niños (as), adolescentes, jóvenes, personas con discapacidad y personas mayores generan nuevas fuentes de empleo. En este sentido, las políticas públicas de corresponsabilidad en la provisión de servicios de cuidado entre el Estado, las Familias y el Mercado están orientadas a reforzar las trayectorias de crecimiento económico con equidad social. Hoy enfrentamos el desafío de incluir el cuidado como un derecho social que debe ser garantizado por el Estado en coordinación con los actores sociales —las familias, las empresas, los sindicatos y las organizaciones sociales—. De lo que se trata es situar el cuidado en el centro de un nuevo modelo de protección social.

 

*     Socióloga, Docente e Investigadora del CIDES-UMSA

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