octubre 25, 2020

Nuevos tributos: ¿corto o largo plazo? ¿Qué es los que importa?

por: H. Ernesto Sheriff B. *

Desde la Reforma Tributaria de 1986 han transcurrido exactamente 25 años, la estructura tributaria actual hace aguas por doquier, con exenciones, regímenes especiales, tributos regionales sin definir, impuestos específicos, alta evasión, contrabando creciente, subsidios, etcétera. Es de esperar alguna iniciativa gubernamental que siente las nuevas bases tributarias acordes con el paradigma de política económica vigente desde el año 2006. Sin embargo, a diferencia del año 1986, no se tiene el ejército de asesores extranjeros financiados por el FMI, el BM y Usaid para encarar un rediseño tributario; a ello se debe sumar la comodidad que otorga el clima externo y macroeconómico en general, cuya bonanza o pseudo bonanza aumenta algunos grados de libertad a una postura pasiva frente a la situación tributaria, derivando en una suerte de gestión tributaria pasiva que sin embargo, ha visto aparecer en el horizonte la dificultad para hacer sostenible en el largo plazo el frágil equilibrio tributario típico de una economía absolutamente subdesarrollada como la boliviana. De ahí que en los últimos meses han proliferado medidas e ideas orientadas a maximizar el poder recaudador del Estado las más cortoplacistas y a replantear la estructura tributaria general, las que ven incompatible la estructura actual con el proyecto de modelo vigente.

La posición del autor claramente apoya una nueva reforma tributaria con objetivos de mediano y largo plazo antes que la búsqueda de nuevos tributos que solamente enmienden determinadas situaciones que afectan la estabilidad fiscal de corto plazo. Mientras más tiempo pase, estaremos ante la necesidad de hacer algo presionados por el desastre, por lo que, para prevenirlo e incluso tornarlo en equilibrio permanente, urgen ahora medidas nacionales e integradas con principios acordes a la Nueva Constitución Política del Estado.

Dos medidas de tono cortoplacista han sido sugeridas en los últimos meses: el famoso “gasolinazo” y el recientemente debatido impuesto al ingreso. Mientras el primero tuvo un desafortunado diseño y una peor aplicación que devino en su inmediata anulación, el segundo, empieza a ser mencionado de manera insistente aunque contradictoria entre las autoridades. Mientras unos no descartan una aplicación inteligente y global, claramente diferenciada del desastroso experimento de 2003, otros, absolutamente niegan cualquier posibilidad de aplicación de un impuesto de esta naturaleza en este gobierno.

Un principio imprescindible del nuevo orden tributario debiera ser la progresividad absoluta. El régimen todavía vigente fue diseñado para ser neutral con ligeras progresividades en el componente de renta presunta que fue de todas formas transitorio. Para diseñar un nuevo orden tributario, debe aplicarse necesariamente tributos progresivos sobre la renta no sobre los ingresos. Un tributo sobre la renta de las personas incluiría además de los ingresos por alquileres, intereses, tenencia de bienes de consumo duradero o inmuebles, etcétera. Los pobres no reciben alquileres, no ganan intereses, no compran autos de lujo, ni fincas, ni time sharings, y su nivel de ingresos apenas roza la subsistencia por lo que este tipo de tributos no los alcanzaría.Como medida sola, aún un tributo a la renta, podría ser inviable políticamente, dado el enorme poder de convocatoria de los afectados por este tipo de tributo, desde empresarios, hasta contrabandistas, narcotraficantes, evasores en general, usureros y hacendados. Hablar de impuesto a los ingresos o a la renta es mala palabra, pero debe ser encarada al diseñar un nuevo orden tributario.

Un segundo principio debiera ser la simplicidad. Incluso las economías más avanzadas del planeta tienen problemas para administrar su IVA. El experimento IVA en Bolivia trata de que el ciudadano y negocio promedio tengan que lidiar con una infinidad de formularios, cómputo y administración del crédito fiscal, retenciones, etcétera que hacen imposible la incorporación de esas enormes masas de informales que son necesarias para apuntalar un nuevo Estado, no sólo con su apoyo político, también con su apoyo económico, comprometido y militante, cuya mejor manifestación es precisamente la tributación justa. Por lo tanto, el IVA debe ser reemplazado por un tributo más simple y automático (por ejemplo un antiguo impuesto a las ventas) con una alícuota baja socialmente aceptable.

Un tercer principio, acorde al mandato constitucional, es que los alimentos que conforman la canasta familiar, debieran tener un claro tratamiento diferenciado, que asegure la soberanía y seguridad alimentaria. De esta manera se eliminarían las presiones crecientes para la creación de subsidios, medidas discrecionales y otras intervenciones distorsivas donde mayor costo social se tiene: los mercados de alimentos. Es claro, que a cambio de esta nueva estructura, el comercio exterior sea severamente controlado para no exportar el abaratamiento al resto del mundo.

Estos principios fuera de los que usualmente lista la teoría fiscal, como la universalidad, podrían servir de base para el diseño de un nuevo régimen tributario en lugar de medidas aisladas que por enfrentar un problema que parece que se viene en el corto plazo alteran las expectativas del público que se ha vuelto mucho más desconfiado desde diciembre de 2010.

*     Economista

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