por: Raúl Prada Alcoreza
Después de los acontecimientos de febrero de 2002 reaparece la figura histórica del proletariado minero, lo hace con el método que se vuelve recurso indispensable de los movimientos sociales durante el ciclo de movilizaciones de 2000 a 2005, el boqueo de caminos. Aunque este recurso al bloqueo de caminos, durante las crisis políticas dadas en la contemporaneidad, deviene de las organizaciones campesinas, las cuales, con la CSUTCB a la cabeza expresan su fuerza contundente desde el bloqueo de caminos nacional de 1979. Desde entonces se va convirtiendo en un medio recurrente no sólo de las movilizaciones campesinas sino también de otras organizaciones y otros movimientos sociales, entre ellos del proletariado minero. Esta figura proletaria, que recuerda al proyecto comunista minero, al marxismo de guardatojo, va cobrando peso durante el ciclo de movilizaciones que continúan hasta mayo y junio de 2005, cuando los mineros juegan un papel decisivo en la toma de las ciudades de La Paz, Oruro y Potosí. Por último terminan tomando la capital, la ciudad de Sucre, en la tarde, después que los ayllus y sindicatos campesinos tomaron esta plaza en la mañana. Esta toma se convierte inmediatamente en el sitio al Congreso Nacional, que se reunía para sesionar de emergencia en el tratamiento de una nueva sustitución constitucional, después de la sucesión de Carlos Meza, quien había sido obligado a renunciar. Los partidos de derecha, expresando la voluntad política de las oligarquías regionales, intentaban delegar la sustitución constitucional en Hormando Vaca Díez, entonces presidente del Congreso o, en su defecto, en Mario Cosío, que presidía la Cámara de Diputados. El pueblo reaccionó ante esta maniobra de la derecha y se movilizó, exigiendo la renuncia de ambos personajes y pidiendo mas bien un salto mortal, llegar a la última sustitución constitucional posible, la del presidente de la Corte Suprema, Eduardo Rodríguez Velzé. Lo que efectivamente ocurrió, abriéndose el camino para las elecciones de fines del 2005, para la convocatoria a la Asamblea Constituyente y la nacionalización de loshidrocarburos, que eran los ejes de la llamada agenda de octubre.
Durante la semana de la crisis del gasolinazo (26-31 de diciembre de 2010), la COB, que aglutina a los sindicatos proletarios y campesinos, incluyendo a los sindicalizados urbanos de clases medias, llama a la movilización general contra el decreto 748. Una marcha multitudinaria baja de la ciudad de El Alto el jueves 30 de diciembre exigiendo la abrogación del decreto, se encuentra con otras marchas desatadas en la ciudad de La Paz, convirtiéndose en una movilización popular de las dos ciudades que se oponen a lo que consideran la redituación de las medidas de shock al mejor estilo neoliberal. Cinco mil mineros anuncian su decisión de marchar a La Paz para abrogar el mentado decreto, se preparan movilizaciones y bloqueos en todas las provincias y por lo menos en los caminos troncales del país para el día 3 de enero; sin embargo, el gobierno, presionado por las movilizaciones y aconsejado por el Canciller David Choquehuanca, decide retroceder y ceder ante el levantamiento popular, abroga el decreto la noche de año nuevo. A decir del investigador y teórico Luis Tapia esta movilización es proletaria, es el develamiento del retorno de la lucha de clases del proletariado. Esta interpretación nos exige comprender la coyuntura crítica del proceso, que enfrenta a los sectores sindicalizados proletarios y de clases medias urbanas al gobierno popular de Evo Morales Ayma, dejando pendiente a las organizaciones campesinas e indígenas originarias. Las preguntas acuden con toda su intensidad: ¿El gobierno, en sus constantes retrocesos, ante la aplicación de la Constitución, renunciando en la práctica a esta aplicación, ha cruzado la línea divisoria y ahora se encuentra del otro lado de la vereda enfrentando al pueblo? ¿En el conglomerado de movimientos sociales que han acompañado y apoyado al proceso constituyente, proletarios, campesinos, indígenas originarios, clases medias de las ciudades, conjunto que contenía diferencias de perspectiva, las diferencias se convirtieron en contradictorias, oponiendo las perspectivas urbanas a las perspectivas rurales? Esta última pregunta se hace acuciante sobre todo cuando observamos que ya durante la crisis del gasolinazo las trillizas del Pacto de Unidad, vale decir la CSUTCB, las Bartolinas y los interculturales, apoyaron la medida del gobierno, por lo menos como decisión no consultada a las bases por parte de sus ejecutivos; en cambio, diferenciándose y manifestando una posición contraria al decreto de suspensión del subsidio de los carburantes el CONAMAQ. Ahora en la crisis por el incremento salarial, la derogación del decreto 21060 neoliberal, todavía vigente, la defensa de las cajas de salud y otras reivindicaciones de los trabajadores, crisis desatada el 6 de abril de 2011, se ha vuelto a evidenciar las distintas perspectivas entre la COB y la CSUTCB, afiliada a la COB, cuando Roberto Coraite, ejecutivo de la CSUTCB declara a nombre del CONALCAM y del Pacto de Unidad estado de emergencia en defensa del gobierno, haciendo un llamando a la movilización en defensa del proceso. ¿Enfrentamiento entre obreros y campesinos? Estas preguntas no pueden ser respondidas si no se hace una aproximación y una observación más cercana y detallada, visualizando los movimientos moleculares de las clases y las organizaciones sociales involucradas en la crisis de la coyuntura.
La secuencia es la siguiente: La Central Obrera Boliviana (COB) realiza un paro y movilización el miércoles 6 de abril, rechaza el aumento salarial del 10% decretado por el Gobierno de Evo Morales y piden reunirse con el mandatario. El lunes 11 de abril parece llegarse a un acuerdo sobre la base de una propuesta del gobierno, que va ser llevada a consulta de las bases, según los dirigentes de la COB. El martes se realiza un ampliado de la COB, que termina rechazando la propuesta del gobierno y exige mas bien un incremento del salario del orden del 15%, planteando una contrapropuesta al gobierno. Ante la reticencia del gobierno la COB masifica protestas con bloqueo de caminos, varios gremios movilizados desde la semana pasada radicalizaron sus medidas de presión en La Paz y en otras ciudades del país, y un ampliado de la Central Obrera Boliviana (COB) convocó al bloqueo de caminos, luego de que el Presidente Evo Morales reiteró que no autorizará un incremento salarial superior al 10%. El miércoles la CSUTCB y el CONALCAM desafían a las movilizaciones de la COB y anuncian una marcha en defensa del gobierno. Miércoles y jueves la ciudad de La Paz se encuentra paralizada por bloqueos múltiples de las movilizaciones y se anuncia bloqueo de carreteras. La intensidad de la crisis va en ascenso y el gobierno decide postergar las conversaciones con la COB hasta el sábado 16 de abril, cuando el presidente retorne de los festejos departamentales de Tarija. Para completar el panorama mostraremos ciertas diferencias en los campos encontrados. Ante la propuesta del gobierno sólo la Federación Sindical de Mineros de Bolivia había aceptado perentoriamente el aparente acuerdo; esto por una parte, por otra, ni el CONAMAQ ni la CIDOB fueron consultados en la supuesta declaración conjunta del Pacto de Unidad. ¿Fueron consultadas las bases? Por otra parte, en este contexto de crisis y deterioro de legitimidad, desmoronamiento de imágenes, después de la crisis del gasolinazo, el gobierno cambia abruptamente de estrategia en lo que respecta al tema marítimo, cambiando la negociación bilateral con Chile por la denuncia ante la Corte permanente de Arbitraje de la Haya, llevando el tema a un conflicto internacional o si se quiere multilateral. ¿A qué se debe este viraje? ¿A una medida desesperada de recuperar legitimidad e imagen perdidas? ¿A la necesidad de buscar consenso y unidad ente las movilizaciones sindicales? ¿O se trata de que en la coyuntura se da cuenta el gobierno que las negociaciones bilaterales son una pérdida de tiempo, como se dijo, donde se produce un desgaste de la posición boliviana y mas bien acumulada ganancia de la posición chilena? Es difícil responder a estas preguntas, a no ser que lancemos hipótesis arriesgadas. Lo que no es nada conveniente.
Una conclusión provisional respecto al momento de la crisis podría ser la siguiente: Efectivamente hay una eclosión proletaria, sus reivindicaciones salariales son legítimas, ante el deterioro constante del poder adquisitivo del salario y la evidente inflación, sobre todo de los alimentos. Las disonancias en los sectores populares se hacen sentir cuando se hace patente que el proceso de transformaciones se ha estancado y mas bien manifiesta una preocupante tendencia a restaurar el Estado-nación, el Estado liberal, el Estado colonial, en vez de fundar el Estado plurinacional comunitario autonómico sobre la base de la democracia participativa. Lo que significaría construir colectivamente las decisiones, las leyes y la gestión pública.
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