octubre 22, 2020

Participación y control social: desafíos para la democratización del proceso de cambio

por: Patricia Chávez León / Dunia Mokrani Chávez

Después de la victoria popular contra el “gasolinazo”, se va haciendo más recurrente, desde el oficialismo, un tipo de argumentación que plantea una suerte de reproche al pueblo por no haber sido capaz de aceptar resignadamente su cuota de sacrificio para apoyar una medida catalogada como patriótica e ineludible. De la misma manera se apela a la capacidad de autoorganización social para resolver problemas tales como la escasez de alimentos, siendo este un problema surgido de una medida inconsulta. Todo lo anterior se orienta a exigir un nuevo tipo de relación entre lo estatal y lo social, expresado en la fórmula de “pasar de la protesta a la propuesta”. Si bien lo anterior responde al horizonte de la participación y control social prefigurados por los movimientos sociales en su crítica al horizonte meramente corporativo de la expresión de la demanda social, está claro que para pasar de la protesta a la propuesta, la condición mínima es la existencia real de espacios de deliberación y toma de decisiones colectivas que paradógicamente, en la etapa post constituyente, más que fomentarse se han ido reduciendo a encuentros entre las cúpulas gubernamentales y las élites de algunas organizaciones sindicales, que se convierten en los únicos interlocutores válidos del gobierno, no precisamente por su capacidad de propuesta, sino por sus niveles de subordinación.

Ahora bien, en este marco es importante examinar lo que dice la constitución actual en torno a las formas de participación y control social pensadas en el marco de un proceso general de transformación estatal y de las estructuras sociales. En este sentido partimos recalcando que la nueva carta constitucional reconoce tanto la forma democrática representativa, como la participativa y directa, y la comunitaria, señalando: “La democracia se ejerce de las siguientes formas, que serán desarrolladas por la ley: 1. Directa y participativa, por medio del referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa. Las asambleas y cabildos tendrán carácter deliberativo conforme a Ley. 2. Representativa, por medio de la elección de representantes por voto universal, directo y secreto, conforme a Ley. 3. Comunitaria, por medio de la elección, designación o nominación de autoridades y representantes por normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, entre otros, conforme a Ley (artículo 11, inciso II) que También se establece que la soberanía reside en el pueblo boliviano y que se ejerce de forma directa y delegada (Art. 7).

En lo que respecta a la participación y control social, se propone incorporar nuevas forma, estipulando, por un lado, que es la misma sociedad civil la que se organizará para definir la estructura y composición de la participación y control social (Art. 241. I y II) y, por otro lado, que desde el Estado se deben generar espacios de participación y control social (Art. 241.VI). Asimismo, se plantea que el sujeto del control social es el pueblo, como soberano, y participa por medio de la sociedad civil organizada.

Como se hace evidente en las líneas anteriores, y considerando que la Constitución Política de Estado, por un lado, reconoce tanto las formas representativas de democracia, como aquellas de índole participativo y comunitarias, y, por otro lado, establece el principio de auto-organización social para la definición de la estructura y composición de la participación y control social, a la vez que reconoce formas de participación y control generadas desde espacios estatales, se hace necesario un amplio debate sobre el rumbo y contenido del control social para ver si se va avanzar hacia esquemas mas deliberativos y participativos de democracia, o si se va reeditar formas liberales representativas, apelando a la democratización como un cambio más de actores que de formas y sentidos del ejercicio de la política.

Creemos entender que la incorporación en el texto constitucional de la democracia de tipo participativo y comunitario, de corte más deliberativo, responde a la necesidad de resignificar la propia democracia, dotándola de nuevos sentidos y contenidos. Sin embargo, en la etapa post constituyente, en la que está en juego la interpretación del nuevo texto para su implementación, observamos que, bajo la premisa de que la presencia de nuevos actores en espacios de poder gubernamentales, es decir, la evidencia de una mayor presencia indígena y popular en los espacios estatales supondría en sí misma la superación de las lógicas de suplantación de la participación popular, se viene reforzando, paradójicamente, la centralidad de las lógicas representativas. Si bien consideramos que es cierto que este vuelco simbólico ha producido un primer momento de democratización, también está claro que no es suficiente, sobre todo si se busca producir, en un nuevo escenario político, los niveles de transformación proyectados por los movimientos sociales. Transformaciones y horizontes de cambio no sólo producidos a nivel discursivo, sino en la propia práctica deliberativa generada en momentos cruciales de nuestra historia reciente, como lo fueron la Guerra del Agua y la del gas posteriormente. Por esa razón, nos parece poco creíble el argumento de que no es posible mantener espacios prolongados de deliberación colectiva, y es menos creíble aún si tomando en cuenta la existencia de una diversidad de prácticas y formas comunitarias, sindicales, barriales, gremiales, entre otras, que son espacios dinámicos de acción política cotidiana en el país.

La disyuntiva actual en la definición de los contenidos y formas de los mecanismo de participación y control social, tienen como marco general la discusión y definición entre un poder social fiscalizador proyectado “desde arriba” -desde el Estado-, o un poder pensado “desde abajo” -desde las luchas sociales. Mientras esta definición tienda a acercarse más al horizonte representativo, habrá una inclinación a constituir una elite monopólica del control social, predispuesta a validar y respaldar los intereses y las prácticas de los sectores en el poder. Por el otro lado, mientras más se tienda hacia el horizonte participativo, existirán más posibilidades para la constitución de un espacio de participación autodeterminada y para la inclusión de la mayor cantidad posible de perspectivas y visiones al respecto.

La democratización del propio proceso político actual, tendría que darse dentro de los marcos de una discusión y un debate amplio y plural sobre la interpretación y aplicación de los mecanismos de participación y control social diseñados en el marco de la nueva constitución, pero principalmente teniendo como referencia los horizontes políticos y sociales abiertos por los movimientos sociales.

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