octubre 25, 2020

“Yo pensaba que era normal”: Violencia Doméstica en Puerto Rico

por: Mildred Rivera Marrero*

Desde hace varias semanas, el Movimiento Amplio de Mujeres de Puerto Rico está circulando por la red un pedido de solidaridad internacional para que se inste al actual gobierno de Puerto Rico a que cese sus intentos por modificar las protecciones que ofrece la Ley de Violencia Doméstica (Ley Nro. 54, 1989) a las mujeres de ese país. Tentativas que posicionan una visión discriminatoria, que da cuenta de la universalidad de la violencia en razón de género que pretende ser legitimada por la norma y que apunta a excluir los derechos de las mujeres que tienen una opción sexual distinta o que establece una forma de unión no basada en el matrimonio. De igual modo, la forma en que desde los tribunales se interpreta qué califica como violencia doméstica está atravesada por una visión patriarcal que termina reforzando patrones de conducta machistas. Estos, como sugiere la autora, requieren ser interpelados desde los procesos educativos y desde la movilización vigilante pues, como vemos en este caso, lamentablemente los avances normativos logrados por las mujeres no dejan de estar en riesgo de ser desechados sin más.

A Élida Ríos Montañez -de 32 años- su compañero consensual la persiguió hasta matarla a tiros en la calle, a plena luz del día. A Brenda Rivera Miranda —de 36 años— su esposo le pegó un tiro fatal delante de sus hijos, para luego suicidarse.

Ellas son parte de un fatal grupo que ha muerto a causa de la violencia doméstica y a los que podría unirse siempre uno/a más. Son también parte de los fantasmas que le recuerdan a Daisy González (nombre ficticio) que ella pudo haber estado en esas estadísticas.

“Si me hubiera mantenido en aquella relación, una de esas mujeres hubiese sido yo. Cada vez le doy gracias a Dios por mantenerme viva y darme la oportunidad”, dice la mujer de 27 años y madre de tres hijos que está en proceso de recuperación. Su caso no es diferente al de otras cientos de miles de mujeres que cada año son víctimas de violencia doméstica y que presentan un complejo cuadro social que explica por qué, en muchas ocasiones, se mantienen en esas relaciones.

A sus 14 años, González dejó la escuela y empezó una relación con un hombre de 47 años que comenzó a maltratarla físicamente cuando quedó embarazada por primera vez: “Estando embarazada me golpeaba. Nadie sabía lo que yo estaba pasando porque cuando uno está en esa situación uno no quiere que nadie sepa nada. Yo me crié con mi mamá solamente. Yo pensaba que era normal porque como no me crié en esa situación (con un padre), todo le parece normal a uno. Uno no tiene quién te oriente y te ayude. Estuve pasando por eso 10 años y al salir de esa relación me metí en otra peor”.

Con su relato, González revive los años de golpes, encierro, enajenación social y violación que vivió en su segunda relación, con un hombre de 55 años con el que se mudó a Estados Unidos, lejos de su familia.”Yo tenía miedo. Ellos te intimidan. Me decía que era el único que me quería, que nadie me quería. Para mí la vida no valía na’, no significaba nada”, recordó.

Lo abandonó. Pero él siguió acosándola, “hasta que un día, por poco me mata. La nena mía le dijo que me dejara y él le dio en el pecho. Ahí yo no aguanté más y salí corriendo”.

El hombre fue encontrado culpable en el juicio que se presentó y, aunque fue a la cárcel, al poco tiempo estaba en la calle para cumplir un año de probatoria.

Impostergable: la educación

Al mirar hacia atrás y al considerar su caso y el de otras mujeres, González menciona la educación como uno de los elementos vitales para combatir la violencia doméstica. Ese, precisamente, fue uno de los elementos que destacó un grupo de profesionales de ese país que establecieron un diálogo para intercambiar experiencias y percepciones sobre el tema, manifestando que urge un enfoque integral que combata el problema desde diversos frentes. Reconocieron que se han logrado avances en áreas como la creación de protocolos para el manejo de esos casos en las agencias del orden público, pero advirtieron que ya no se puede postergar más la integración de esfuerzos en la educación.

Diana Valle, ex presidenta de la Casa Protegida Julia de Burgos y profesora de la Escuela Graduada de Trabajo Social de la Universidad de Puerto Rico, manifestó que “la educación es una de las mejores herramientas de prevención. La gente, en general, no conocemos el proceso de la violencia doméstica, donde hay unas estrategias de seducción, entrampamiento, intimidación y amenazas. Lo más fácil es decir: ‘ella se lo buscó, ella lo quería, ella estaba allí y no hizo nada’. Uno apela a las normas culturales, que dicen que la mujer es inferior, que es débil. ¿Cómo vamos a cambiar esas normas culturales que colocan a la mujer en una situación de indefensión, de inferioridad, de subordinación? Una de las formas es a través de la educación”.

Valle recordó que -paralelamente a los esfuerzos tradicionales de orientación- las organizaciones de base comunitaria y de apoyo a mujeres víctimas de violencia doméstica estuvieron por años tratando de llegar al sistema de educación del País para hacer un trabajo de prevención. La integración de una visión que promueve la igualdad entre hombres y mujeres en los diversos niveles escolares se comenzó a integrar en el Departamento de Educación en el 2004 con unos talleres para estudiantes de nivel intermedio. Finalmente, una carta circular del pasado secretario, Rafael Aragunde, integraba la perspectiva de género en el currículo del sistema público.

Sin embargo, el titular actual, Carlos Chardón, la eliminó tan pronto llegó a Educación alegando que eso es un asunto de los padres y de la sociedad y que él no le dirá a los niños qué es bueno y qué es malo.

El sicólogo y decano de estudiantes de la Escuela de Medicina San Juan Bautista, Salvador Santiago, destacó que “en Puerto Rico no tenemos un plan de prevención o para lograr la igualdad en todo el sentido de la palabra. Le preguntas al Secretario de Educación cuál es el plan a nivel elemental para lograr igualdad y ¿dónde está ese plan? Si no hay programas concretos desde Headstart, donde se ven desigualdades crasas, y se empieza a acumular ese capital intelectual negativo, el producto final es la violencia terrible que vemos en la adultez”.

La ex procuradora de las mujeres, María Dolores Fernós señaló que “el Departamento de Educación tiene material preparado por especialistas para escuela elemental, para escuela intermedia y para escuela superior. Hay material escrito, vídeos, teleconferencias. Se tenía que bregar con la educación y nos hemos estrellado contra esa pared”.

A implantar las leyes

Según Fernós, “queda muy poco por hacer en términos de normativa” porque en 1989 se estableció la Ley 54 de Violencia Doméstica, en el 2001 se creó la Oficina de la Procuradora de las Mujeres y, posteriormente, se establecieron protocolos para el manejo de esos casos en la Policía y otras agencias, entre otros.

Sin embargo, Fernós coincidió con otras profesionales en que todavía persisten obstáculos para lograr un manejo adecuado de los casos a nivel de la Policía y los tribunales, como la falta de recursos suficientes para atender los miles de casos que llegan anualmente, la exigua cantidad de policías que ha recibido el adiestramiento requerido, la escasez de albergues para las víctimas y los prejuicios de los agentes del orden público que no aplican las leyes y los protocolos como deben ser. En muchas ocasiones, esas prácticas o carencias son las razones para que las mujeres retiren sus querellas.

Uno de esos aspectos en los que se falla, según la directora del Proyecto Matria, Amárilis Pagán, es en el trato del policía que toma la querella de una víctima de violencia doméstica debido, en muchas ocasiones, a sus prejuicios en contra de las víctimas que la padecen: “Todavía tenemos la situación de que una mujer radica una querella y lo que se hace es que se toma el testimonio de ella, pero no se recopila evidencia médica, física, de testigos adicionales y fotografías, o no se investiga con la rapidez que hay que investigar. Hay todo un andamiaje montado, que si la gente tuviera la voluntad de que eso corriera, correría”.

Esa falta de evidencia es obstáculo para que, en casos en los que se identifique un alto grado de peligrosidad para la persona afectada, se pueda celebrar un juicio en ausencia de la víctima. Pagán también destacó que existen pocos recursos policiacos para atender los casos.

Durante el diálogo, se puntualizó en que luego de que un policía atiende inicialmente a una persona que presenta una querella, tiene que llevarla ante un fiscal, que es el oficial que orienta sobre las protecciones que da la ley y determina la peligrosidad de su situación.

La fiscal Janet Parra, quien dirige la Unidad especializada de Violencia Doméstica y Maltrato a Menores del Departamento de Justicia, aseguró que esas oficinas tienen agentes especializados hasta la medianoche y que luego hay un oficial que contesta un celular a cualquier hora en caso de alguna incidencia. Aceptó que no todas las regiones tienen esas unidades. Sin embargo, la teniente Margarita George, quien coordina las Divisiones Especializadas de Violencia Doméstica de la Policía, la contradijo.

“Voy a discrepar de usted. Hay unas instrucciones del Fiscal General que dicen que solamente los fiscales se van a llamar en asesinatos y en accidentes de vehículo graves, y son todos los fiscales, no hace excepción. La realidad es que no hay tal cosa como un fiscal de madrugada en casos de violencia doméstica”, aseveró George. Ante el planteamiento, Parra insistió en que la región de Bayamón opera con un fiscal a cargo las 24 horas. Tampoco son suficientes las intercesoras legales, que son personas de las organizaciones no gubernamentales que ofrecen apoyo a las víctimas de violencia doméstica en los tribunales y que, en muchas ocasiones, identifican los fallas procesales.

“Una mujer puede llegar al tribunal y jamás toparse de frente con la intercesora legal porque es una sola”, lamentó Pagán, quien también denunció que los 12 albergues que protegen a las víctimas de sus agresores por espacio de tres meses son pocos.

“Es una de las cosas que hacen que la mujer no vaya al tribunal y que la mujer retire los cargos. Si reconocemos que la violencia doméstica es resultado de la desigualdad social, hay que crear programas que ofrezcan un balance, como vivienda transitoria, de desarrollo económico y de cuido de niños”, declaró Pagán.

A usar la discreción

Otro problema es que los jueces no están utilizando recursos que existen en la ley y los protocolos para ayudar a las mujeres a cortar con el ciclo de violencia, de acuerdo con las entrevistadas.

George indicó que al momento de otorgar una orden de protección, la ley provee elementos para que los jueces establezcan relaciones paterno y materno filiales, pensión alimentaria y custodia provisional. “Son remedios que el juez tiene para que esa mujer se sienta segura” y no crea que tiene que volver con el agresor para tener un sustento o para que no esté en peligro durante las visitas a los hijos, dijo George.

Las estadísticas revelan que son ínfimos los casos en que los magistrados utilizan su discreción judicial para adoptar esas medidas. Del total de 5,572 órdenes de protección expedidas desde enero hasta la última semana de abril, sólo en 310 de los casos se establecieron las relaciones paterno filiales y en 176 se estipuló pensión alimenticia. De igual forma, el juez tiene la discreción de establecer un proceso de monitoreo al fijar una orden de protección.

Según Fernón, aún cuando la Fiscalía decida que no hay condiciones para radicar un cargo, si se identifican condiciones de letalidad, se podrían hacer más cosas. El manual del juez, el libro de estrado, contiene una disposición que algunos jueces la han utilizado y ha sido efectivo. Ésta se presenta en estos términos: “Le expido esta orden de protección y todos los meses viene aquí”. Eso no está en la ley, pero a los jueces que lo han implantado les ha funcionado porque el agresor siente que el sistema lo está vigilando.

No obstante, en ocasiones, esa discreción judicial tiene un peso negativo a la hora de condenar a los acusados, ya que muchos de los agresores son referidos a programas de desvío en los que se supone que se ofrece educación. Un estudio realizado el cuatrienio pasado reveló que el 70% iba a desvío, dijo Fernós, para quien esa proporción demuestra “que se está tratando muy livianamente la sanción”. Eso ocurría en momentos en que algunos de esos programas sólo existían en papeles y no ofrecían ningún servicio de rehabilitación, según descubrió posteriormente la Junta de Rehabilitación a la que perteneció la ex Procuradora y la cual recomendó el cierre de tres de ellos.

De igual forma, el sistema resultó muy permisivo a la hora de imponer sanciones a los compañeros de las sobrevivientes de violencia doméstica Daisy González y Jessica Rivera (nombre ficticio) de 28 años y madre de dos menores. Esta última sufrió un patrón de violencia y de poner y quitar órdenes de protección hasta que su esposo trató de ahorcarla delante de sus hijos. Nueve días después del incidente decidió denunciarlo e ingresó a un albergue, pero cuando salió tuvo que irse del País porque el agresor ya estaba en la calle y eso la ponía en peligro.

Su conclusión es tal vez la realidad de miles de mujeres: “El sistema no funciona porque, por denunciarlo nueve días después, le bajaron los cargos. Yo me sentía presa en el albergue y él por ahí”, afirmó la mujer refiriéndose al hombre que comenzó a agredirla tan pronto quedó embarazada.

*       Colaboradora del Nuevo Día, de Puerto Rico, medio en el cual ha sido originalmente publicado el presente artículo.

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