octubre 22, 2020

¿Poder, democracia o justicia?

El proyecto político es evitar que las nuevas autoridades que conformen las cuatro instituciones del Órgano Judicial sean las mismas que defendieron a los acusados del caso de terrorismo separatista, hayan sido parte de gobiernos dictatoriales con los que varios opositores a Morales tenían o tienen vínculos y, finalmente, evitar que sean las mismas que tomaron parte en la privatización de nuestros recursos naturales durante las más de dos décadas de modelo económico neoliberal.

Las elecciones para escoger autoridades dentro del Órgano Judicial son una propuesta del Gobierno para refundar una institución cuya legitimidad se ha visto muy cuestionada por la mayoría de la población en la última década. Pero también hay quienes denuncian que detrás de esta iniciativa hay un proyecto político del MAS para controlar una de las instituciones más importantes del Estado. Esa es una preocupación válida, pero la verdadera pregunta es ¿en qué medida poder y democracia pueden ayudar a refundar la justicia?

Nadie está contento con la Justicia en Bolivia. La legitimidad de cientos de procesos judiciales, sobre todo aquellos que involucran intereses políticos o personajes políticos mismos, nunca ha sido plenamente aprobada, de uno u otro lado. Retardación de justicia, veredictos que re victimizan a la victima o dejan huir al culpable, decisiones judiciales influenciadas por dinero o poder y constantes percances burocráticos que benefician a los acusados, son sólo algunos de los defectos más denunciados contra la maquinaria institucional que se supone debería garantizar procesos judiciales justos e imparciales para todos los bolivianos.

En los últimos años casos como el del ex prefecto de La Paz, Alberto “Chito” Valle, o del ex ministro de Salud, Tonchi Marinkovic ejemplifican como la justicia puede tardar tanto que el sospechoso tiene tiempo para escapar del país (primer caso, ligado a corrupción y desvío de fondos del Estado) o como las sanciones impuestas pueden no corresponder proporcionalmente con el delito cometido (segundo caso, compra de medicamentos para niños con sobreprecio y desvió de fondos del Estado).

Del otro lado (del lado de los opositores al presidente Morales) las denuncias tampoco son pocas. Está la interrupción de la gestión de autoridades municipales y departamentales opositoras al gobierno central (el ex alcalde Jaime Barrón o el ex prefecto Mario Cossío) con una figura legal que autoriza al Estado para suspender temporalmente sus funciones por una denuncia de delito presentada formalmente.

Además, las contiguas denuncias de persecución política que muchos acusados de crímenes contra la unidad del Estado y actos de corrupción han estado argumentado para justificar su situación comprometedora. Más allá de la validez o no de estas percepciones, está claro que la confianza en el Órgano judicial está lejos de ser la deseada para una sociedad y que nadie parece estar contento con esta institución.

En el centro de todos estos problemas está el Órgano Judicial y las autoridades que lo conforman. Ante ello, el Gobierno decidió que sea el pueblo quién escoja a aquellos que juzgarán y administrarán justicia. Dicha iniciativa presupone que el problema con el Órgano Judicial son sólo sus autoridades y dado que elegirlas por medio del voto de los ciudadanos es un proceso inédito en nuestra historia es difícil saber a ciencia exacta si autoridades judiciales escogidas democráticamente hacen más efectiva la justicia.

De hecho, el presidente Morales espera que la elección de los magistrados revolucione la justicia en Bolivia y se constituya en un ejemplo a nivel mundial. Sus declaraciones al respecto se muestran optimistas y reprochan que en el pasado estas autoridades judiciales hayan sido escogidas solamente entre unos cuantos legisladores sin que el resto de la población sepa algo al respecto ni qué criterios de selección condicionaron que unos ocupen el cargo y otros no.

¿Dónde está el proyecto político?

Pero existe la preocupación de que la etapa de preselección de los candidatos a autoridades judiciales sea aprovechada por los legisladores del partido oficialista y con mayoría en la Asamblea Legislativa Plurinacional —donde se hará dicha preselección— para imponer su proyecto político que los beneficie ¿Es posible esto? Sí, pero no desde la perspectiva que teme la oposición política al presidente Morales.

Los asambleístas de la principal fuerza opositora dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Convergencia Nacional (CN) sostienen que el MAS utilizará su mayoría en las cámaras de diputados y senadores para imponer candidatos al Órgano Judicial afines al Gobierno. En realidad, esta mayoría ya fue utilizada para imponer criterios de selección que le cierran el paso a cualquier postulante afín a las viejas formas de hacer política en el país y que CN recicla en su seno.

Detrás de un proyecto de Estado suele haber también un proyecto de poder. En este caso el proyecto, sin embargo, no es el control del Órgano Judicial por un partido en funciones de gobierno, algo que se puede evitar con reglas claras en la preselección, como recomendó la ONU al respecto. El verdadero proyecto de poder está explicito y ante los ojos de todos lo bolivianos en El reglamento interno para la preseleción de candidatas y candidatos para la conformación del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo de Justicia,Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura, aprobado por la ALP el último 6 de mayo.

En dicho reglamento existen tres requisitos que comparten todas las postulaciones:

a)        “No haber patrocinado a personas que resultasen culpables de la comisión de delitos contra la unidad del Estado”

b)        “No haber participado de la conformación de gobiernos dictatoriales”

c) “No haber patrocinado procesos de entrega o enajenación de recursos naturales o del patrimonio nacional”

He ahí el proyecto político: evitar que las nuevas autoridades que conformen estas cuatro instituciones del Órgano Judicial sean las mismas que defendieron a los acusados del caso de terrorismo separatista que salpicó a la oposición a Evo Morales durante su primera gestión, evitar también que dichas nuevas autoridades judiciales hayan sido parte de gobiernos dictatoriales con los que varios opositores a Morales tenían o tienen vínculos y, finalmente, evitar que dichas autoridades judiciales elegidas sean las mismas que tomaron parte en la privatización de nuestros recursos naturales durante las más de dos décadas de modelo económico neoliberal.

En resumen, el proyecto político es evitar que sean autoridades judiciales todos aquellos que hayan estado vinculados, de una forma u otra, con el antiguo sistema de partidos conformado principalmente por el MNR. ADN y MIR. Es decir, conformar un Órgano Judicial libre de juristas que hayan estado vinculados a la derecha más agresiva —sea terrorista o dictatorial— y libre de juristas que hayan estado vinculados con gobiernos neoliberales.

Contra esto la oposición parlamentaria a Morales puede hacer muy poco y debe enfrentarse no solamente a la mayoría oficialista dentro de la ALP en la fase de preelección sino también a una población electoral que en su mayor parte rechaza las mismas características que el reglamento anteriormente citado, a juzgar por la estrepitosa muerte electoral del antiguo sistema de partidos que se puede inferir por el fracaso de las siglas que lo componían en todos los procesos electorales de los últimos 5 años.

Libertad de expresión, derecho a la información y calidad democrática

La atención de los medios de comunicación sobre la elección de autoridades judiciales ha estado más concentrada en la posible limitación de sus funciones que en los aspectos políticos del asunto. La polémica para ellos gira entorno un artículo de la Ley de Régimen Electoral que les prohíbe de difundir información diferente a la emitida por el Órgano Electoral. Aún así, la transparencia de la información y su objetividad influyen en la calidad democrática de las elecciones para refundar la Justicia.

El artículo 82 de esta norma dice que los medios de comunicación, “No pueden difundir documentos distintos a los producidos por el Órgano Electoral, no pueden referirse específicamente a una o un postulante, en forma positiva o negativa, no pueden generar espacios de opinión de ninguna índole sobre los postulantes y no pueden dar espacios de opinión, conducción o participación en programas a cualquier postulante”

La preocupación de los medios de comunicación y sus líneas editoriales es que se proceda a elegir autoridades judiciales sin la información suficiente, lo que disminuiría el carácter democrático de este proceso electoral al evitarse que los ciudadanos cuenten con la información suficiente para determinar su posición. La preocupación del Gobierno y de la ley que impone estas restricciones es que los medios no otorguen igual cobertura a todos los candidatos, favoreciendo a unos y perjudicando a otros, y que los espacios de información sean utilizados para difundir rumores y hacer campaña política en vez de brindar información objetiva y veraz.

El Órgano Electoral deberá garantizar que los 125 postulantes a los cargos judiciales gozarán de los mismos tiempos y oportunidades de difusión en los medios de comunicación, sea radio, televisión, Internet o prensa. Algo que resultará complicado dado que sólo se cuenta con 150 días a partir de este viernes 13.

La sanción para los medios de comunicación que violen el artículo 82 de dicha ley establece que estos no podrán emitir ninguna propaganda de campaña electoral durante dos comicios consecutivos, privándoles así de fuentes de publicidad y de ingresos necesarios para su subsistencia. Solamente un periódico ha anunciado que publicará información objetivamente respaldada sobre este proceso y sus candidatos en caso de poseerla, ese periódico es Página Siete.

Para tranquilizar la ansiedad de los medios, el vicepresidente Linera aclaró este último viernes que los medios podrán difundir denuncias contra los candidatos siempre y cuando esta sea objetiva y fundamentada. “Ante una información objetiva, no una opinión, no un comentario sino una información objetiva tiene que tener difusión, eso no está prohibido, pero hay que reglamentarlo; porque una cosa es un dato objetivo de un candidato pero otra es un comentario o una opinión; esto tiene que tener un conjunto de limitaciones para que no se induzca al voto”, dijo e conferencia de prensa.

Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) recordó que la difusión de denuncias de desmérito contra los candidatos será admitida solamente durante el periodo de preselección, pues después de eso se estaría haciendo campaña política en contra de los candidatos. El proceso de lección de autoridades constará, pues, de dos etapas: la primera de preselección que se realizará en la Asamblea Legislativa Plurinacional; y la segunda, que será decidida por el veredicto de las urnas el 16 de octubre próximo.

A la espera

Las elecciones judiciales en las que votarán más de 5 millones de bolivianos de acuerdo al padrón electoral pondrán a prueba si es que la democracia como elección popular de autoridades judiciales podrá poner a funcionar satisfactoriamente una institución que de acuerdo a varias encuestas y sondeos de opinión no goza de mucha legitimidad ni confianza entre los bolivianos.

La existencia de un proyecto político destinado a desplazar a juristas relacionados con el viejo sistema de partidos, por otra parte, no parece ser algo que se maneja desde las sombras. Esta intencionalidad puede leerse explícitamente en el reglamento de preselección aprobado por la ALP el pasado 6 de mayo y no contradice la intención de refundar la justicia. Espera hacerlo deshaciéndose de aquellos magistrados que durante las últimas décadas fueron parte de un sistema judicial corrupto y que desde estas elecciones son vistos como la raíz del problema ¿Será así? Habrá que esperar algunos años para comprobar si las autoridades judiciales elegidas democráticamente no caen en los mismos vicios de sus predecesores.

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