octubre 30, 2020

Recomposición de la estructura de poder en La Paz

En la investigación se observa que el gobierno central, efectivamente ha logrado copar políticamente el gobierno departamental de La Paz, de modo tal que las élites departamentales han sido desplazadas por élites nacionales. Desde el lado social se visualiza un faccionalismo social que denota la presencia de una sociedad civil numerosa pero dispersa en sus demandas específicas, sólo unida al centro en función a vínculos prebendales.

 

Este ensayo, titulado en realidad Recomposición de la estructura de poder en la Paz. Democracia, modelo de estado y gestión pública 1, tiene la intención de comprender en qué medida la reconfiguración del bloque en el poder que tiene lugar en el país desde 2000 hasta 2009 se reproduce en el ámbito departamental. Teniendo en cuenta que un nuevo bloque dominante ha logrado destituir al bloque en el poder que rigió en el periodo neoliberal —un bloque de índole indígena sustituye al bloque criollo mestizo previo—, es preciso conocer de qué modo este desplazamiento tiene lugar en el departamento de La Paz y, a partir de ello, conocer qué efectos tiene esta reconformación en la estructura sociopolítica en la democracia, el desarrollo económico y la misma gestión pública.

De ese modo, se plantearon los siguientes objetivos específicos.

1. (En cuanto a la democracia) Conocer qué democracia se va construyendo en el país desde el vértice regional, o, en otras palabras de qué modo la democracia en Bolivia va adquiriendo determinados contornos desde una región específica: La Paz.

    Se analizó este objetivo haciendo uso de una plataforma teórica que estudia el comportamiento de las élites y su efecto sobre la consolidación (o no) de la democracia, 2 partiendo de un esquema descriptivo que visualiza cuatro relaciones específicas entre élites conductoras o activas (élites propiamente) y élites receptivas o pasivas (sociedad civil). Una primera, donde no hay élites conductoras como tampoco élites receptivas, define una no democracia o un régimen de anomia política. Una segunda, donde no hay élites conductoras pero si hay élites pasivas, definen un régimen de democracia no consolidada (o híbrida). Una tercera, donde no hay élites pasivas pero si hay élites conductoras, definen una democracia estable pero restringida. Y, finalmente, una cuarta, donde hay los dos tipos de élites, definiendo una democracia consolidada.

2. (En cuanto al desarrollo económico y a la lucha contra la pobreza y desigualdad) Comprender si la revolución en ciernes va a transitar hacia lo que se ha denominado el “Vivir Bien”. La Paz es el laboratorio desde el que analizaremos si la reconfiguración de poder, anunciada y en marcha, podría traer mejor vida a los marginados de siempre.

    Se analizó este segundo objetivo, haciendo uso de un marco teórico referido al patrimonialismo 3, partiendo de la tesis de que en regímenes de monopolio patrimonial se producen tres rasgos decisivos: primero, se elimina a los potenciales competidores patrimoniales consolidando un régimen de monopolio patrimonial que se ocupa de favorecer menos a los aliados tradicionales que a los adversarios clásicos. Situación que ayuda a preservar el status quo y no a lograr el desplazamiento elitario anunciado. Segundo, se destinan partidas para atraer a nuevas clientelas (tanto en elecciones como en periodos de gestión pública), postergando la focalización de recursos en desarrollo económico y/o lucha contra la pobreza. Por ende, nuevamente se observa que se favorece al status quo. Tercero, no se toma en cuenta criterios de respeto por el Estado de Derecho cuando se trata de promover la reestructuración del poder, lo que determina una reconfiguración autoritaria del poder, capaz de hacer uso de la ley para eliminar a opositores radicales, en lo que deviene un nuevo escenario de desestructuración institucional.

3. (En cuanto a la gestión pública) Conocer en qué medida esta reconfiguración del poder se nutre de la gestión pública en curso para acelerar o retrasar esta recomposición sociopolítica, delineando el nuevo bloque en el poder, y, en ese caso, qué modalidades adopta esta injerencia. El objetivo de fondo, por lo tanto, es observar si la reestructuración del poder en curso viabiliza (o no) una gestión pública estratégica y de qué modo esa misma gestión pública estratégica promueve el asentamiento de un nuevo bloque en el poder, comprendiendo por estratégica la posibilidad de invertir en obras prioritarias del departamento y no en pequeñas obras para las diversas clientelas leales y/o en proceso de conquista, que a lo sumo logran fragmentar la inversión pública sin un sentido de “bien común” (“la paceñidad) y, por tanto, sin capacidad real de asentar el cambio anunciado.

    Se analizó este tercer objetivo, haciendo uso de un marco teórico referido a la “viabilidad política” para hacer gestión pública 4. La tesis de fondo es que a medida que hay menos viabilidad política, hay menos capacidad de hacer gestión o al menos una gestión estratégica. La forma de medir esa viabilidad es conociendo a) el grado de organizaciones que existen en el departamento, b) la polarización entre sí y c) la organización que posean, partiendo de la tesis de que a mayor cantidad de grupos, mayor polarización con el gobierno y mayor organización social (solidez organizativa), mayor capacidad de veto existe desde la sociedad civil, y, por ende, menor capacidad existe para hacer una gestión pública estratégica. Y de no hacerse una gestión estratégica, sólo se promueve el status quo y no el cambio anunciado.

Resultados alcanzados

Resaltan tres conclusiones provisionales y una conclusión general

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En primer lugar, se observó que el gobierno central, efectivamente ha logrado copar políticamente el gobierno departamental de La Paz. De modo tal que las élites departamentales han sido desplazadas por élites nacionales. Tampoco hay vínculos fluidos entre los actores de la sociedad civil —relaciones horizontales con algún o algunos actores de enlace— arrimados directamente al gobierno central. Por otra parte, y desde el lado social, se visualiza un faccionalismo social que denota la presencia de una sociedad civil numerosa pero dispersa en sus demandas específicas, sólo unida al centro en función a vínculos prebendales. Cuadro que acaba delineando un andamiaje ainstitucional desde el nivel central, poco preocupado por respetar las formalidades legales —la existencia de un paraguas institucional autonómico— pero propenso a irradiar su presencia (electoral) en la población del departamento.

En suma, se puede esbozar un tipo de democracia de acuerdo a lo investigado. No hay una ausencia de élites propiamente dicha. Tampoco es que muchas de ellas, en particular aquellas élites que manejan el gobierno autonómico, no tengan una relativa autonomía. Sin embargo ésta queda opacada por la incidencia de sus homólogas nacionales, encargadas de definir los derroteros departamentales. Tampoco es que no exista una sociedad civil, sólo que ésta se halla notoriamente compartimentalizada. Por ende, se descarta el cuadrante de “no élites y no sociedad civil” que auguraba un escenario de anomía política. Su reverso, una presencia decisiva de élites conductoras tanto como de una sociedad civil deliberativa, tampoco refleja lo estudiado. No estamos, asimismo, cerca de lo que ha sido definido como democracia estable pero restringida que dibuja una presencia elitaria orgánica pero una debilidad social muy clara. Queda, por tanto, el escenario de “sociedad civil fuerte” complementada con una débil presencia de élites conductoras. Escenario que augura una democracia no consolidada. Posiblemente es este paisaje el que más se aproxima a nuestra realidad departamental, con un par de salvedades. Por un lado, la sociedad civil es menos fuerte seguramente de lo que se cree. Es demasiado tribal. Pululan organizaciones con ínfulas corporativas, que hacen reverberar un faccionalismo (clientelar). Por otro lado, la ausencia de élites departamentales, hace referencia a su dependencia del nivel central más que a su inexistencia. Lo que deja como saldo una dinámica de des-institucionalización (autonómica) o institucionalización subordinada. Ambos rasgos terminan por definir una democracia a medias o híbrida

En segundo lugar, se puso en evidencia que el MAS ha emprendido un proceso de copamiento político sólo parcialmente democrático. En este ámbito se pone a la luz lo que es un primer rasgo de un sistema patrimonial hegemónico: la necesidad de monopolizar la prebenda. El gobierno no acepta la idea de tener rivales en lo que constituye formalmente la dotación de servicios públicos. Quiere ser el único prestador de servicios. Situación que significa la posesión absoluta de los recursos estatales vistos como instrumentos de solidificación del poder propio.

Un segundo rasgo en la construcción de un modelo patrimonial, es la efectivización de una inclusión social sesgada tanto a lo largo de la campaña electoral como en el transcurso de la gestión del gobierno autonómico, no (o menos) en beneficio de los más pobres (de aquellos sectores precisamente más leales) sino de actores del “antiguo régimen” reciclados como masistas tanto como de sectores no afines al MAS pero de notable importancia electoral (en especial en la ciudad de La Paz: las llamadas clases medias). Este rasgo denota la imposibilidad de fomentar una verdadera revolución, entendida como la posibilidad de que los marginados adquieran similar nivel de vida que sus pares tradicionalmente privilegiados. Se garantiza, más bien, el asentamiento de un modelo patrimonial de Estado, entendido como aquel que en su afán de maximizar su caudal electoral termina por invertir más en los más favorecidos (clases medias urbanas) que no condicen con el gobierno, que en los más desfavorecidos (que sí condicen) en una dinámica que perpetúa las diferencias sociales e incluso las ensancha.

Un tercer rasgo, es el quiebre del Estado de Derecho o su serio debilitamiento. El mismo monopolio patrimonial exige eliminar a los potenciales suministradores de bienes públicos. Los potenciales competidores. Y si para ello hay que sobrepasar la ley, se lo hace. La política queda, así, encima de la justicia. De ese modo, se ve que el MAS ha impulsado una dinámica de marginación de sus propios militantes críticos así como ha iniciado una persecución judicial contra aquellos opositores que no se cuadran al credo gubernamental.

En tercer lugar, el MAS tiene la posibilidad de hacer una gestión sino estratégica (la más cercana a promover un verdadero cambio) al menos no simplemente coyuntural. Se vio que posiblemente hay muchas organizaciones sociales en La Paz, sin embargo, no existe una polarización marcada de ellas con y el gobierno de turno, así como tampoco existe una organización sólida departamental que logre congregar los variados intereses departamentales en torno a un horizonte común. De no lograrse ello, la gestión sólo irá a consolidar el estatus quo, invirtiendo en obras menores.

En síntesis,¿se va a propiciar un verdadero cambio de élites que además de traer a la palestra a nuevos gobernantes —en su mayoría aymaras— fortalecerá la democracia, consolidará el Estado de Derecho, fomentará una gestión estratégica y, por sobre todo, mejorará la vida de la población paceña? La respuesta, definitivamente provisional es que no hay dudas que se logrará “engendrar” un nuevo bloque con considerable número de autoridades indígenas/campesinas. Sin embargo, simultáneamente se puede concluir que

•  El cambio es menor pues las élites nuevas deben compartir su poder con viejas élites (o representantes individuales) reciclados de forma subordinada al nuevo bloque, en lo que se puede describir como Estado de élites multiclasistas.

•  Asimismo, la democracia propicia un cambio político departamental condicionado a los dictámenes “de arriba” en lo que se puede calificar como el (re-establecimiento) de un Estado centralista.

•  También es de destacar el debilitamiento del Estado de Derecho usado en algunas ocasiones para defenestrar a los que opinan diferente sean militantes propios u opositores, construyendo así lo que se puede denominar un Estado parcialmente autoritario.

•  Simultáneamente se debe destacar que el multiclasismo elitario antes descrito favorece más a los sectores tradicionalmente beneficiados, lo que deriva en unEstado promotor de la perpetuación y/o acentuación de desigualdades sociales

•  Finalmente, se observa que la gestión también puede estar en riesgo. En el afán de mantener indiscriminadamente clientelas leales, se atomiza la inversión pública en el ánimo “conciliador” (dar contento a todos) y no en beneficio de los más necesitados, precisamente aquellos para quienes se ha propiciado la “revolución”.

1    Este ensayo es una versión acortada y aún preliminar de una investigación auspiciada por el PNUD.

2    En lo siguiente este primer objetivo se respalda en Michael Burton, Richard Gunther and John Higley, “Introduction: Elite Transformations and Democratic Regimes.”, en John Higley y Richard Gunther (ed.), Elites and Democratic Consolidation in Latin America and Southern Europe, London: Cambridge University Press, 1992, pp.1-37 y Michael Burton, Richard Gunther and John Higley, “Elites and Democratic Consolidation in Latin America and Southern Europe: An Overview, en ob.cit., pp. 323-48.

3    Se basa en diversos ensayos del trabajo editado por Herbert Kitschelt y Steven I. Wilkinson, Patrons, Clients and Policies, Patterns of Democratic Accountability and Political Competition, Cambridge University Press, Cambridge, 2007.

4    Se trata de una interpretación relativamente libre del fascinante trabajo de George Tsebelis, Veto Players, How Political Institutions Work, Princeton University Press, Estados Unidos, 2002.

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