octubre 19, 2020

Terremoto en Chile: un negocio redondo

por: Ricardo Balladares *

El fuerte terremoto de Chile en febrero de 2010 fue una desgracia para la mayoría del pueblo, dejando 525 muertos, 23 desaparecidos, 79 hospitales destruidos, 219 puentes colapsados y 200.000 mil viviendas totalmente destruidas, pero también fue un lucro para una minoría chilena en su sistema de capitalismo salvaje.

Hace unos años atrás oí de un chileno en el estado de Florida, Estados Unidos, que se había vuelto rico a partir de los huracanes. En el desastre humano el hombre descubrió su oportunidad de negocio. Reponer los techos destruidos de las casas azotadas por los vientos del huracán.

En una sociedad valóricamente neoliberal y con un modelo de modernización capitalista fuertemente asentado, todos los ámbitos de la vida potencialmente pueden convertirse en nicho para planes de negocios. La oportunidad de generar ganancias pasa a ser lo principal, dejando de lado las consideraciones éticas, sociales y humanas. Las guerras, huracanes, inundaciones, terremotos, maremotos y sus consecuentes tragedias son vistas como nichos de oportunidad comercial.

Destrozos y negocios

El terremoto y posterior maremoto ocurrido en Chile el 27 de febrero de 2010, uno de los más altos registrados en la historia de la sismología, dejó como saldo 525 muertos, 23 desaparecidos, 79 hospitales destruidos, 219 puentes colapsados y 200.000 mil viviendas totalmente destruidas. En total, cerca de 30.000 millones de dólares en pérdidas.

El binomio de mercado oferta/demanda, impuesto a sangre y fuego en la dictadura de la derecha y Pinochet, se hizo parte fundamental de la cultura nacional. Mientras se trataba de dimensionar la catástrofe, allí donde gran parte del país vivió necesidades, desamparo y desigualdad, los especuladores identificaron rápidamente por donde podrían prosperar. Por ejemplo, así ocurrió con las viviendas de emergencia, antes del 27F normalmente el costo de una de ellas bordeaba los 750 dólares, a la semana del terremoto su valor había ascendido a 1800 dólares.

El movimiento sísmico además dejó al descubierto las condiciones de desigualdad entre distintas ciudades, comunas y barrios. Mientras que algunos sectores de la ciudad se vieron afectados sin mayores daños estructurales otros tantos quedaron completamente destruidos. La mayor parte de los afectados correspondieron a barrios populares con una infraestructura antigua y débil. No obstante, se presentaron algunos casos de pérdida total por daño estructural en varios altos edificios de barrios de estratos medios. El caso más emblemático fue el del edificio “Borde Rio” en la ciudad de Concepción, el cual cedió en sus bases cayéndose completamente con todos sus habitantes al interior, falleciendo 7 personas. Esto develó la falta de fiscalización de estándares aptos para la construcción de altura en un país con altos niveles sísmicos.

Rápidamente establecidas las comunicaciones en el país, el día 29 de febrero comenzó a operar la alianza entre la industria caritativa y el gran empresariado, dispositivo que logro recaudar a la semana la suma de 43,3 millones de euros. Se anunció que el destino de este dinero sería la construcción de 20.000 viviendas de emergencia. La procesión de empresas para figurar entre los donantes no se hizo esperar. La Teletón sería un buen momento para iniciar el lobby y el negocio para la reconstrucción. Según datos de la Fundación “Un Techo Para Chile”, una de las empresas organizadoras y ejecutoras de la beneficencia, los fondos dieron una utilidad bancaria de 2.8 millones de dólares.

Todo el territorio nacional se convirtió en una feria nacional de la reconstrucción. Las “desinteresadas” empresas recorrieron el país con sus donaciones, publicitando sus servicios y productos: escuelas modulares, hospitales de campaña, puentes de emergencia, canastas familiares, insumos médicos, casas prefabricadas, herramientas, etc. Pero no todo fue donación. En paralelo, el Estado gasto 1.000 millones de dólares en función de remoción de escombros y alimentación de emergencia. Todo fue a parar al bolsillo de empresas privadas del retail y de maquinaria para la construcción. La ley de estados de excepción, que tipifica el estado y zona de catástrofe, facultaba al jefe de plaza respectivo expropiar o requisar temporal o permanentemente bienes que se consideraren escasos o necesarios para facilitar las labores de emergencia y reconstrucción. A pesar de la urgente necesidad y la especulación en el arriendo de maquinaria, en ninguna parte del territorio nacional afectado por el terremoto se aplicó la normativa. En una sociedad donde el Estado es subsidiario por mandato constitucional, son los privados quienes deben resolver sus problemas y solo en casos muy específicos el Estado opera. Numerosos fueron los casos en que barrios ricos podían limpiar sus escombros, mientras el municipio debía esperar la lenta llegada de los recursos del gobierno central para ir en auxilio de los más afectados y desposeídos. Algunos municipios aún están esperando.

Un mes después de la catástrofe, el gobierno anunciaba el programa de auto reconstrucción “Manos a la obra”. Se asignaron 16 millones de dólares para tal efecto. El programa consistía en un bono para compra de materiales y herramientas pero que solo podía hacerse efectivo en tres grandes cadenas para la construcción: Easy, Construmart y Sodimac. Cabe destacar que el actual ministro de Minería y Energía Lawrence Golborne fue gerente corporativo en Easy y el presente Canciller Alfredo Moreno fue vicepresidente y accionista, con una propiedad cercana a los 10 millones de dólares, en Sodimac. Así sin más, sin licitaciones ni concurso público, se asignaron 16 millones de dólares a repartir entre las tres grandes empresas. A los 120 días después del terremoto el crecimiento económico del país se empinaba sobre el 5%.

Cifras neoliberales

A un año de la catástrofe, el gobierno ha anunciado la adjudicación para el 2011 de más de 200 millones de dólares a grandes empresas privadas ligadas a personeros de gobierno. El Fisco desembolsa y la iniciativa privada es la única ejecutora de esos recursos. Esto ha dado paso a una fuerte especulación, por ejemplo, en el ámbito inmobiliario. Muchas empresas se encuentran comprando a muy bajo precio terrenos donde se ubican viviendas destruidas o estructuralmente dañadas, para allí construir, con dineros estatales, viviendas que serán ofertadas a los damnificados.

El gobierno de Piñera comenzó el año alardeando sobre la proyección del PIB anual para el 2011, fijándolo en un nada despreciable 6%. La OCDE estima que Chile tendrá un crecimiento del 5,6%. Muchos sacan cuentas alegres de ello. Lo que no se dice es que esto será posible porque a nivel nacional hay cerca de 800 mil damnificados, 2 millones de afectados, 200 mil viviendas dañadas, 4 mil escuelas afectadas y 79 hospitales con daños serios, más otras obras de infraestructura pública que deben ser reparadas o nuevamente levantadas. Una cuarta parte del país debe ser reconstruida. El Estado invertirá, las grandes empresas privadas se verán directamente beneficiadas y el gobierno podrá publicitar su gestión en el crecimiento económico del 2011.

En otras palabras, el terremoto fue para la mayoría de chilenos y chilenas una desgracia. Para los menos, una celebración económica y comercial. Habrá crecimiento económico en las cifras gubernamentales y también se acrecentarán las arcas de empresas afines a la derecha. Sin duda que el terremoto para algunos les vino como anillo al dedo. No cabe duda, que para los ricos y poderosos, la tectónica catastrófica de la desigualdad humana fue y seguirá siendo un negocio redondo.

*     Sociólogo chileno

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