octubre 22, 2020

Elección de autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional Posibles soluciones constitucionales a algunas observaciones en el proceso

La nueva estatalidad que presenta el texto constitucional toma en si al Estado, pero no para reformar la sociedad, sino para reconstruir el Estado a partir de la misma sociedad plural, es decir de abajo para arriba, por ello todos los problemas de aplicabilidad.

Nueva estatalidad en la construcción de la justicia en Bolivia

La Constitución Política del Estado aprobada mediante referéndum el año 2009 establece una serie de transformaciones político-institucionales, desde la caracterización de Bolivia como un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, los pluralismos jurídicos, políticos, económicos, lingüísticos, institucionales y culturales, hasta un nuevo diseño de división vertical del poder a partir de la cualidad autonómica del Estado, cualidad que debería haber impactado también en la administración de justicia, aun centralizada en Sucre en algunos casos y en las capitales de departamento en otros.

La Constitución debe ser analizada no como un documento final y estable, sino como una carta de navegación política a partir de la cual se precisa construir una política constitucional, pues en el fondo lo que se ha transformado es el Estado, pero no sólo a partir de un nuevo carácter discursivo, sino a partir de una nueva estatalidad que produce la nueva Constitución y que vemos marchar desde el año 2010, no sin problemas de aplicabilidad.

Generalmente un proceso de cambio, tomaba el Estado para una transformación de la sociedad, ya sea a partir de políticas nacionalistas – homogenizadoras, ya sea a partir de la construcción de nueva hegemonía de arriba hacia abajo. La nueva estatalidad que presenta el texto constitucional toma en si al Estado, pero no para reformar la sociedad, sino para reconstruir el Estado a partir de la misma sociedad plural, es decir de abajo para arriba, por ello todos los problemas de aplicabilidad.

Lo plural y la pluralidad es un dato necesario y fundamental para re pensar el Estado y re construir lo público, y una de las condiciones de lo plural respecto a la justicia se encuentra en el pluralismo jurídico y en la nueva manera de concebir a la justicia, establecida en el artículo 178 de la Constitución Política del Estado (CPE).

Artículo 178.

I   La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos.

II  Constituyen garantías de la independencia judicial:

1. El desempeño de los jueces de acuerdo a la carrera judicial

2. La autonomía presupuestaria de los órganos judiciales.

Como puede leerse en el artículo precedente la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano, es decir ya no emana del Estado, o por lo menos de la forma estándar de concebir al Estado, esta vez es el pueblo boliviano el que materializa la justicia.

La manera en la que el pueblo boliviano materializa la potestad de impartir justicia es mediante la elección (vía sufragio universal) de:

a)        Magistrados y Magistradas del Tribunal Supremo de Justicia (Art. 182 de la CPE)

b)        Magistrados y Magistradas del Tribunal Agroambiental (Art. 187 de la CPE)

c) Miembros del Consejo de la Magistratura (Art. 194 de la CPE)

d)        Magistrados y Magistradas del Tribunal Constitucional Plurinacional (Art. 198 de la CPE)

La consonancia en la elección de estas autoridades la encontramos en lo dispuesto por el artículo 26 de la CPE que señala:

Artículo 26.

I.  Todas las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder político, directamente o por medio de sus representantes, y de manera individual o colectiva. La participación será equitativa y en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres.

En consecuencia todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar en la formación, ejercicio y control del Órgano Judicial, el cual es una expresión del poder público conforme lo señala el artículo 12 de la CPE. Esta es una nueva condición de estatalidad pues otorga a la población los derechos de elegir a sus autoridades, no sólo del órgano legislativo o del órgano ejecutivo, sino también del órgano judicial. Además cabe destacar el componente de plurinacionalidad en estos órganos.

¿Qué señalaban las anteriores Constituciones?

Revisaremos las Constituciones recientes, aquellas sobre las cuales tuvimos vivencia y a la vez memoria.

En la Constitución Política del Estado de 1967 los magistrados de la Corte Suprema (actual Tribunal Supremo de justicia) eran elegidos por la cámara de diputados de ternas propuestas por el Senado (Art. 125 de la CPE de 1967).

En la Constitución Política del Estado de 1994 1 los Ministros de la Corte Suprema (actual Tribunal Supremo de Justicia) eran elegidos por dos tercios de votos del Congreso Nacional (numeral 4 del Artículo 117 de la CPE de 1994). De la misma manera los Magistrados del Tribunal Constitucional eran también elegidos por dos tercios del Congreso (numeral 2 del Artículo 119 de la CPE de 1994). Y finalmente ocurría lo mismo con los Consejeros del Consejo de la Judicatura (hoy Consejo de la Magistratura), es decir eran elegidos por dos tercios del Congreso (numeral 3 del Artículo 122 de la CPE de 1994)

Las reformas de la Constitución Política del Estado de 2004 y de 2005 conservan la misma redacción establecida en la Constitución de 1994.

Es lógico que cada vez que el Congreso realizaba la elección de estas autoridades las susceptibilidades de los partidos de oposición apuntaban a un cuoteo del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional 2.

En consecuencia, hasta la nueva Constitución Política del Estado de 2009, la elección de los ministros, magistrados y consejeros del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional era realizada por uno de los órganos más políticos del Estado. Calificamos al Poder Legislativo en tanto órgano político pues era y es el espacio de mayor presencia política partidaria, pues en el se encontraban (y hoy se encuentran) los representantes de los distintos partidos políticos que competían en elecciones. Eran estos partidos políticos los cuales a partir de acuerdos elegían a las autoridades de estos poderes (hoy órganos).

Es lógico que la condición de estatalidad en estas épocas era otra. El Estado era construido a imagen y semejanza de los partidos políticos de turno, y en consecuencia las autoridades del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional tenían en sus manos una responsabilidad de gestión para lograr legitimidad ante la población. Para estas autoridades no estaba sólo en juego la manera por la cual fueron elegidos sino y ante todo su desempeño.

Sobre la elección de autoridades del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional, hoy: soluciones a algunas observaciones de este proceso

Analicemos lo que señala la CPE vigente respecto a la elección de autoridades del Órgano Judicial y magistrados y magistradas del Tribunal Constitucional Plurinacional.

Analizaremos como ejemplo de esta elección lo dispuesto por la CPE para el Tribunal Supremo de Justicia, conforme a lo establecido en el artículo 182, pues es esta manera de elección la isomórfica respecto a los otros cargos.

Artículo 182.

I   Las Magistradas y los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia serán elegidas y elegidos mediante sufragio universal.

II  La Asamblea Legislativa Plurinacional efectuará por dos tercios de sus miembros presentes la preselección de las postulantes y los postulantes por cada departamento y remitirá al órgano electoral la nómina de los precalificados para que éste proceda a la organización, única y exclusiva, del proceso electoral.

III Las y los postulantes o persona alguna, no podrán realizar campaña electoral a favor de sus candidaturas, bajo sanción de inhabilitación. El Órgano Electoral será el único responsable de difundir los méritos de las candidatas y los candidatos.

IV    Las magistradas y magistrados no podrán pertenecer a organizaciones políticas.

V Serán elegidas y elegidos las candidatas y los candidatos que obtengan mayoría simple de votos. La Presidenta o el Presidente del Estado ministrará posesión en sus cargos.

VI    Para optar a la Magistratura del Tribunal Supremo de Justicia será necesario cumplir con los requisitos generales establecidos para los servidores públicos: haber cumplido treinta años de edad, poseer título de abogado, haber desempeñado, con honestidad y ética, funciones judiciales, profesión de abogado o cátedra universitaria durante ocho años y no contar con sanción de destitución del Consejo de la Magistratura. Para la calificación de méritos se tomará en cuenta el haber ejercido la calidad de autoridad originaria bajo su sistema de justicia.

VII El sistema de prohibiciones e incompatibilidades aplicado a las Magistradas y a los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia será el mismo que para los servidores públicos.

El artículo 182 visibiliza tres momentos distintos en la elección de los magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Justicia:

El primer momento, referido a la pre-selección de postulantes. En esta etapa es posible dar respuesta a una de las críticas a este proceso, es decir es posible que todos los medios de comunicación puedan informar sobre los postulantes a ésta pre selección. Para ello el Órgano Legislativo podría comunicar la lista de todos los abogados que se postularon a esta pre selección, y de esta manera los medios de comunicación podrían difundir sus méritos y realizar debates entre postulantes, invitarlos a programas, hacerles entrevistas, hojas de vida, difundir sus antecedentes, sus logros y sus desaciertos, pero bajo la condición de que estos postulantes se encuentren para la pre selección ante el Órgano Legislativo, es decir todavía no hayan sido seleccionados como postulantes por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Si se aprovecha esta etapa es posible, incluso, colaborar a la Asamblea Legislativa Plurinacional a seleccionar postulantes idóneos, y que esta selección sea transparente y altamente participativa.

Un segundo momento, referido a la selección de los postulantes por el Órgano Legislativo. En esta etapa el abogado que se había presentado para ser considerado postulante ya cambia de estatus, es decir no es un postulante a la pre selección, sino es ya un postulante seleccionado por la Asamblea Legislativa Plurinacional, y la prohibición establecida en el parágrafo III del artículo 182 se haría efectiva. Los medios de comunicación tendrían sólo que informar sobre la lista de postulantes seleccionados por la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Un tercer momento referido a la elección misma de los futuros magistrados y magistradas de este órgano. Ya elegidos se habilita el control sobre la calidad de justicia que administrarán.

Operaría lo mismo para Magistrados y Magistradas del Tribunal Agroambiental, para los miembros del Consejo de la Magistratura, y para los Magistrados y Magistradas del Tribunal Constitucional Plurinacional 3, pues las reglas para la elección del Tribunal Supremo de Justicia son, en parte, las mismas para la elección de estas otras autoridades.

¿Qué es más importante, la forma de la elección o el desempeño?

Es necesario reflexionar que los problemas de Justicia en Bolivia no se solucionarán con la elección de autoridades judiciales. El problema en si es estructural, y debe pensarse en una reforma estructural de todo el sistema judicial occidental (la posibilidad de aprender de otras formas de justicia está abierta en el pluralismo). En un futuro debemos dar un paso adelante con la Justicia de Paz, en virtud de lo establecido en el artículo 10 de la CPE que reconoce el derecho a la paz y transformar con esta herramienta la administración de justicia en nuestro país, es decir hacerla menos onerosa, menos patrimonial, hacerla rápida y efectiva. Otra manera es extendiendo el pluralismo jurídico, es decir extendiendo la noción que el pluralismo jurídico reconoce la existencia de más de un productor de derecho, y más de una manera de hacer justicia. Hay otro Derecho. Es preciso transformar la concepción de que la Justicia sea un espacio de poder y avanzar hacia una nueva concepción, que posibilite pensar que la Justicia es un servicio a la gente, es una necesidad de la gente, es un derecho de todos y no un negocio de abogados ni un botín de disputa política.

Entonces no cambiará la Justicia a partir de la forma de elección de los magistrados y magistradas, de los consejeros y consejeras. No creo que la elección que teníamos en los textos constitucionales anteriores sea mejor, pero tampoco creo que el problema de la Justicia esté en la elección de magistrados. Para cambiar la justicia precisamos de una política de justicia distinta, una administración distinta que privilegie al ser humano, más acorde con el pluralismo, la justicia de paz y la nueva condición de estatalidad que nos presenta la Constitución.

Considero que es preciso un cabal ejercicio de nuestro derecho establecido en el artículo 26 de la CPE, es decir nuestro derecho a participar libremente en la formación, ejercicio y control del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional, que va más allá de la elección de magistrados.

Por el momento, una vez que se elija a las nuevas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional debemos generar formas, maneras de controlar el desempeño de estas autoridades, pues después de la elección está el desempeño de la actividad jurisdiccional. Es preciso controlar la calidad de justicia que tenemos, observar el desenvolvimiento del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Constitucional Plurinacional y exigir ante todo una mejor calidad de justicia. Observar los fallos, la jurisprudencia.

Lo bueno que trajo esta elección es que la gente está discutiendo sobre la Justicia, se está preguntando sobre la politización de la misma y sobre la necesidad de hacer cambios a la misma. La sola posibilidad de que estas temáticas se discutan todos los días en los medios de comunicación es positiva, pero debemos dar un giro y empezar a analizar cómo está la justicia hoy, más que preocuparnos sólo por una elección que no solucionará los temas de fondo. Entonces es más importante el desempeño de la Justicia que la manera en la cual elegimos a los magistrados.

*     Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica Boliviana “San Pablo”

1    Técnicamente debe decirse la Constitución Política del Estado de 1967 reformada el año 1994, pues en si el año 1994 no se realizó una nueva CPE sino una reforma a la CPE del año 1967. Debe decirse lo mismo de las reformas constitucionales de 2004 y 2005.

2    Bastaría revisar la prensa en las ocasiones en las que el Congreso elegía a estas autoridades.

3    Dos elementos que son necesarios reflexionar, pero que no son en si centrales en la reflexión de este ensayo. El primero respecto a los requisitos para los postulantes. La CPE establece de manera clara los requisitos para selección de postulantes a los distintos cargos y no establece ninguna reserva de ley para extenderlos o suprimirlos. El segundo elemento, de acuerdo a lo señalado por el artículo 240 toda persona que ejerza un cargo público electo podrá ser revocada, excepto el Órgano Judicial. Sin embargo hay un vacío respecto a los magistrados y magistradas del Tribunal Constitucional Plurinacional, pues este órgano no forma parte del Órgano Judicial, entonces una interpretación del alcance del artículo 240 de la CPE podría habilitar en un futuro su revocatoria de mandato.

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