octubre 21, 2020

A la derecha cruceña le sale el tiro por la culata y el oficialismo recibe una advertencia

Si lo que temía el oficialismo departamental de Santa Cruz era que el MAS gane mayor fuerza al interior de la Asamblea Legislativa Departamental con la posesión de la representante del pueblo yukaré – moxeño en esa instancia, entonces negarle dicho espacio a como de lugar fue simplemente “un tiro por la culata”, como dice la expresión. No obstante, a pesar de las apariencias, el desarrollo de esta coyuntura también significó una advertencia para el partido que gobierna el país, pues las consignas levantadas por muchos opositores a Evo Morales durante estos días se pueden resumir en la siguiente frase: “donde hubo fuego, cenizas quedan”.

¿Pero que llevó a la agrupación Verdad y Democracia (VERDES) y aliados a cometer este error? Los argumentos del suspendido presidente de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD), Alcides Villagomes, cambiaron en forma y contenido desde el comienzo. Primero se negó la existencia de dicho pueblo como la suma de dos nacionalidades y luego se negó la cruceñidad de Rosmery Gutiérrez para evitar su posesión.

No son esas, sin embargo, declaraciones de Villagomes las que ayudarán a entender las razones de su negativa a aceptar a Gutiérrez, sino estas otras pronunciadas el 15 de mayo por el jefe de bancada de los VERDES, Javier Limpias, en la ALD cruceña: “Siempre han estado aliados al MAS (los indígenas). Cuando votamos siempre fue 14 y 13. En la práctica hay una alianza entre los indígenas y el MAS. No nos preocupa otro pueblo más”.

Así queda claro qué los VERDES emparentaron a los yukaré – moxeños con el Movimiento Al Socialismo (MAS) por su condición de indígenas, a pesar de que Gutiérrez asumía el curul 28 de la ALD en calidad de representante de ese pueblo y no del oficialismo nacional. Esto quiere decir que los VERDES pudieron haberse acercado a Gutiérrez más que el propio MAS.

¿Cuál era el escenario? Al interior de la ALD existen 28 curules, de los cuales 14 pertenecen a los VERDES y sus aliados del Frente Amplio y Nuevo Pacto Ciudadano (NPC), dándole mayoría a una alianza que garantizaba así la gobernabilidad del antes fiero opositor a Morales, el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas. El resto de los 14 curules se repartía así: 9 para el MAS y 4 para diferentes pueblos indígenas. Todo esto hacía que el curul indígena número 5 se convirtiera en una amenaza para la mayoría de los VERDES.

Lo que los VERDES no pudieron ver era que esa amenaza también podía ser una oportunidad si se llegaba a establecer negociaciones exitosas con Gutiérrez, es decir, “ganarse” a la representante indígena para su lado, algo que era políticamente posible. Una causa posible fue, entonces, un prejuicio racista que les hizo pensar a los VERDES que los indígenas siempre apoyarán al MAS sólo por su condición de indígenas. Aunque no deja de ser cierto que ese curul 28 les quitaba mayoría, y fue tal vez ese razonamiento el que los llevó a oponerse a rajatabla a la posesión de Gutiérrez.

Las consecuencias

Lo que pasó luego resulta aún más interesante que las causas del problema. A primera vista los VERDES resultaron duramente golpeados, pues perdieron la única ALD que no estaba en poder del MAS. No sólo no evitaron que Gutiérrez sea posesionada, sino que posibilitaron que el MAS asuma el control de la asamblea temporalmente, perdieron a dos de sus legisladores (después de la aprehensión de Villagomes, su correligionario Alcides Vargas se declaró en la clandestinidad por miedo a ser también aprehendido), se ganaron la antipatía de muchos indígenas en Santa Cruz, entre los cuales están posiblemente los detentores de los 5 curules indígenas y, finalmente, la alianza que sostenía la gobernabilidad de Costas comenzó a descomponerse de forma evidente tras la pelea por la bacante presidencial de la asamblea que dejó Villagomes.

No obstante, si en el fondo esta fue una lucha entre el oficialismo cruceño y el oficialismo nacional por ganar el control de la ALD de Santa Cruz, entonces el aparente ganador (el MAS) también tiene razones para estar preocupado. Durante el desarrollo de la coyuntura (ahora cerrada) sucedieron dos hechos de una importancia simbólica considerable.

Primer hecho. Después de que Villagomes fuera detenido por negarse a posesionar a Gutiérrez, miembros de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) quemaron un ejemplar de la Constitución Política del Estado (CPE) en clara señal de desafío al gobierno central, a quién ven como una amenaza para la autonomía de su gobierno departamental. Durante el acto exclamaron consignas en defensa de la autonomía y contra el MAS, al que acusaron de querer controlar todos los gobiernos subnacionales por medios no democráticos e ignorando la decisión del pueblo en las elecciones departamentales y municipales de abril del año pasado.

Segundo hecho. Una semana después del hecho antes referido, el Comité Cívico Pro Santa Cruz organizó un acto de concentración en la plaza 24 de Septiembre de Santa Cruz de la Sierra, donde el presidente de esa organización civil, Herland Vaca Díez, anunció una, “cruzada de unidad en contra del abuso, las ilegalidades y el autoritarismo del gobierno del MAS y en defensa de la autonomía cruceña”.

“El poder central está contra la democracia y la libertad. Desde que el MAS asumió el Gobierno, Santa Cruz fue el blanco de todas sus arremetidas. Desde que está en el poder, los cruceños hemos sido denigrados, perseguidos y encarcelados”. Estas palabras también fueron pronunciadas durante el acto y rebelan una clara intención de sectores opositores al gobierno central de volver a levantar la defensa de la autonomía como bandera política en contra del presidente Morales. En otras palabras, tratar de revivir el conflicto regional contra el gobierno central que alcanzó su cresta de violencia durante septiembre de 2008, cuando se preveía incluso el inicio de una guerra civil separatista.

La pregunta es entonces ¿tienen estos sectores los suficientes argumentos como para despertar nuevamente el conflicto regional? La respuesta es: a largo plazo podría ser que sí. Desde el año pasado una serie de procesos legales impulsados por el ministerio Público derivaron en la deposición de varias autoridades municipales y departamentales electas por voto popular, muchas de ellas abiertamente opositoras a Morales.

Entre estas autoridades están el ex gobernador de Tarija, Mario Cossio y el ex gobernador de Beni, Ernesto Suárez, además de algunas autoridades municipales. Más allá de la legalidad y legitimidad de estas deposiciones (que de cuerdo al Gobierno son en cumplimiento de la CPE) la población recibe noticias constantes sobre un aparente “acoso” del gobierno central hacia los niveles subnacionales controlados por opositores.

Esta percepción es alimentada por los procesos que abre muchas veces el ministerio Público contra autoridades municipales. Ejemplos recientes son los procesos abiertos este año contra los alcaldes de la ciudad de La Paz y Oruro, Luís Revilla y Rocío Pimentel respectivamente (ambos del MSM), por diversas causas relacionadas a observaciones de su gestión como tales.

En conclusión, aunque el resultado de la pasada coyuntura en la ALD de Santa Cruz coloca a los VERDES como los que más perdieron y cuyas pesadillas se hicieron realidad, el desarrollo de los sucesos también es una advertencia para el MAS y el gobierno central que viene desde sectores de la oposición regional derrotada en la primera gestión de Morales. Lo que ellos quisieron decir es: “donde hubo fuego, cenizas quedan”, “estamos dispuestos a retomar la bandera de la defensa de las autonomías contra Morales”.

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