octubre 26, 2020

Supuestamente

por: Pilar Uriona Crespo

No puedo dejar de señalar el profundo malestar que me causó en días pasados escuchar en una transmisión de la Red Uno el relato indignante de la cabo Jaqueline Ramos, quien no encontró otra vía para sentirse contenida que declarar en este medio televisivo y dar a conocer la impotencia y pesar que le causa ser una víctima más de la falta de acceso a la justicia. En sus declaraciones, Ramos narraba cómo en sucesivas ocasiones estuvo a merced del ejercicio brutal de la fuerza y del abuso sexual y físico que de manera sistemática practicó sobre ella un instructor de la Academia Nacional de Policías, el capitán Milton Gutiérrez.

Sin embargo, no puedo ni quiero ocultar que fue incluso mayor mi irritación cuando, revisando los medios escritos, encontré en todos ellos la noticia publicada en la que, reiteradas veces, al referirse a los daños sufridos por la cabo a manos de su agresor, se empleaban palabras como “supuesta”, “probable” y “presunta”. Todos estos términos, usados quizá con el afán de no lanzar una noticia sin contar con las pruebas necesarias que inculpen al capitán Gutiérrez protegiendo su derecho a la credibilidad, ponían sin embargo en duda la palabra de Ramos. No olvidemos que suponer o presumir son verbos que denotan una idea: aquella que relativiza algo, que le da un carácter hipotético y dudoso.

En efecto, existe un mito difundido en la sociedad boliviana y en las sociedades del mundo que quiere expandir y hacer pasar por cierta la idea de que las mujeres, como “grupo” poblacional, naturalmente mentimos. Si lo hacemos sin un fin, es porque nuestra naturaleza fantasiosa y delirante, poco vinculada al pensamiento razonable y analítico nos impulsa a ello. Si lo hacemos con un fin, generalmente es porque perseguimos un interés económico o nuestra “retorcida alma vengativa” se siente impelida a desagraviarse cuando no obtiene algo que desde el capricho o el desvarío quiere para sí.

Sin embargo, poco o nada se dijo sobre el hecho de que el acusado ha desaparecido o aún no ha expresado su versión de los hechos, así como tampoco, bajo un pacto de silencio, lo ha hecho alguna autoridad policial superior a Gutiérrez. En otras ocasiones, desde el campo político, el hecho de que una persona acusada en instancias judiciales haya escapado (es el caso de Sánchez de Lozada, Manfred Reyes Villa y otros políticos conocidos), para no comparecer y responder por el delito que se le impugna generó mucho revuelo y llevó a creer que, como dice el dicho, quien calla otorga y, por tanto, admite implícitamente su culpa.

Nuevamente se puede hacer aquí una lectura que desnude el profundo arraigo patriarcal que existe en el tema de la administración de justicia: si quien denuncia es mujer y el acusado ostenta un cargo de poder, la víctima deberá procurar cuanta prueba tenga al alcance para dejar sentado que ante todo no miente y se reconozca así desde lo público que es digna de confianza. Pruebas que son también exigidas en las instancias que deberían proteger a la ciudadanía como la Brigada de Protección a la Familia, donde Jaqueline Ramos también presentó su caso sin que fuera admitido. Claro, si dicha Brigada depende de la Policía, ¿cómo podrían admitir una declaración contra una figura de poder emblemática dentro de esta institución? Así, se termina constatando que Ramos debe enfrentar a la FELCC en pleno si quiere justicia, debatir con la Brigada para probar que sí asistió a la misma y soportar que se le diga que esta instancia, como señalaba la coronel Rosario Chávez, sólo se ocupa de los casos de violencia intrafamiliar. Bonito panorama el que nos espera a las mujeres, cuando la vulneración de nuestros derechos no interesa salvo si tenemos testigos poderosos también que den fe que en tanto tales nos hemos reformado y hemos dejado atrás nuestra condición de mentirosas crónicas.

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