Termina una semana con buenas noticias generadas en el gobierno central que asumió una postura más estratégica que coyuntural, más inteligente que emocional, sin duda alguna más popular que partidaria. Me refiero a dos líneas de trabajo para el futuro: la primera es enmendar los ruidos que perturban la imagen de la convocatoria a elecciones para los magistrados de los tribunales de justicia; la segunda es la decisión de designar a personal civil independiente, con antecedentes de excelencia académica, para organizar un nuevo y más confiable sistema de identificación para los bolivianos (y naturalizados o residentes en el país).
Ambas decisiones dejaron mudos a los opositores profesionales o a los críticos del Movimiento Al Socialismo (MAS) y seguramente serán respaldadas por la ciudadanía informada En primer lugar está el tema de la convocatoria a elegir mediante voto directo a los magistrados del Poder Judicial, forma constitucional desde 2009. Personalmente no comparto esa opción pues no creo que una votación logre subrayar los méritos profesionales, como es este caso. Sin embargo, parece una buena oportunidad para democratizar una acción que se definía a puerta cerrada. Si ahora nos preocupa no conocer lo suficiente a los candidatos, antes ni siquiera teníamos el chance.
Una postura intermedia la trazamos en 2004 junto a los colegios de abogados y asociaciones de fiscales para que el Parlamento publicase las hojas de vida de los postulantes a cargos judiciales a fin de que la gente pudiese identificarlos y, si era el caso, enviar alguna denuncia o información nueva. También era posible contrastar los nombres con las páginas electrónicas de la Contraloría General de la República y del Tribunal Constitucional que en esa época contenían datos de muchas personas en informes de auditorías o como demandados. Ese formato se desdibujó por la intromisión de agencias externas, o por la idea de que entonces defina la sociedad civil agrupada en redes sociales desplazando las responsabilidades de los legisladores, porque varios candidatos alentaron a sus alumnos a enviar alabanzas sobre sus personas, o porque por simple enemistad personal hubo denuncias anónimas mancillando a profesionales. Tampoco se tomó en cuenta los exámenes de conocimiento y, finalmente, los parlamentarios optaron por el camino fácil de cuoteo entreverando candidatos con muchos méritos con otros por su afiliación partidaria. Entre tanto se acumuló la retardación de justicia.
La nueva convocatoria expresada en la CPE está retrasada con un año. La Ley contradice a la CPE al limitar el trabajo de los periodistas confundiendo propaganda con información y el Reglamento contiene varios artículos críticos, tanto para la libertad de expresión como limitar la participación de abogados por defender a dirigentes opositores. Es más fácil para un abogado que defendió a narcotraficantes o a asesinos múltiples ser candidato que para un abogado crítico
La posición de los periodistas organizados, agrupados en un medio, o de a pie fue unánime: dejen informar. El Tribunal Supremo Electoral mostró dos posturas, una —minoritaria— para escuchar a la prensa/ciudadanos y trazar puentes de entendimiento. Otra, encabezada por el tribuno Ramiro Paredes, anunció públicamente su oposición total a cualquier modificación. Incluso opinó que en estas elecciones no hay contendientes, tema que el mínimo sentido común muestra como un razonamiento incompleto.
La sugerencia del Presidente Evo Morales para escuchar a los periodistas /ciudadanos fue aplaudida y muestra que el Presidente tiene una postura mucho más amplia que sus seguidores, incluyendo al Vicepresidente Álvaro García Linera.
Otra buena noticia llegó con el Ministro Sacha Llorenti que anunció el pase de la oficina más sensible de la seguridad ciudadana a una representación civil. Se conoce por varios diagnósticos que muchos problemas de la Policía Nacional se relacionan con estas reparticiones de trámites. Además se convocó al servicio de un ciudadano independiente, Antonio Costas, probado en la difícil misión de organizar el registro electoral biométrico del 2009. Es una señal de cambio sincero, profundo. Habrán muchos obstáculos y dificultades, pero la muestra de buena fe es evidente.
Como ciudadana boliviana no puedo más que aplaudir que se mejore una ley para ampliar las oportunidades de información ciudadana y que se busque transparentar la labor que formalmente otorga un número de ciudadano a cada habitante nacido en este territorio, permitiendo que cumpla sus deberes y derechos constitucionales.
* Periodista, investigadora e integrante de movida ciudadana anticorrupción
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