octubre 22, 2020

Mitos y realidades en el debate sobre el Mar


por: Jean Paul Guevara *-.


Un mito que acompaña los debates, tanto dentro como fuera de Bolivia, es el referido a que la solución del diferendo marítimo con Chile está asociada a posiciones ideológicas de los gobiernos de turno, en ambos países. Se supondría que gobiernos afines —como las dictaduras de Banzer— Pinochet, o gobiernos de izquierda como Morales – Bachelet, podrían lograr mejor entendimiento y alcanzar soluciones casi inmediatas.

En todo debate importante, en todo tema trascendente, con el inexorable paso del tiempo se van construyendo mitos a partir de medias verdades. En el tema del mar y la reivindicación marítima de Bolivia no podía darse una excepción. En el presente artículo busco quitar algunas hojas secas del frondoso ramaje que hacen a algunos argumentos y que, a fuerza de repetirse, quedan como verdades. Argumentos que nos impiden ver el bosque en su conjunto y, por lo tanto, nos impiden desentrañar y descubrir alternativas “nuevas” y creativas, para enfrentar el tema.

Comenzaré, entonces, por tocar ese conocido argumento, manejado dentro y fuera de Bolivia, que señala que el tema marítimo, a sabiendas que es un tema cargado de sentimientos y emociones para los bolivianos y bolivianas, es utilizado por los gobiernos de turno frente a sus descensos de popularidad o cuando pretenden acrecentarla y “unir” a la población bajo su liderazgo. A estas alturas de la historia, luego de tantos años, debe quedar claro que la reivindicación marítima de Bolivia es una Política de Estado, para todo gobierno y para cualquier posición ideológica que gobierne.

Antes, se trataba de una Política de Estado implícita, muy bien delineada por el Canciller boliviano Sánchez Bustamante, a inicios del año 1910: “Bolivia no puede vivir aislada del mar. Ahora y siempre, en la medida de sus fuerzas, hará cuanto le sea posible para llegar a poseer por lo menos un puerto cómodo sobre el Pacífico; y no podrá resignarse jamás a la inacción (…) que comprometen las bases mismas de su existencia”. Actualmente, en el Estado Plurinacional y desde la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado, la reivindicación marítima es una Política de Estado explícita que cuenta con un capítulo de la Constitución, con un artículo que señala que “el Estado boliviano declara su derecho irrenunciable e imprescriptible sobre el territorio que le dé acceso al océano Pacífico y su espacio marítimo”. Más aún, ahora se trata de una Política de Estado explícita, constitucionalizada e institucionalizada, dado que se creó una instancia gubernamental, la Dirección de Reivindicación Marítima, de pendiente de Cancillería. Sin embargo, no podemos dejar de reconocer que toda Política de Estado, o la forma de encararla, responde a distintos factores internos y externos, como toda política. Lo importante es comprender que, más allá de las simpatías o antipatías que coseche un presidente, “ahora y siempre”, seguiremos impulsando la reivindicación marítima.

Otro lugar común, entre los argumentos que cuestionan las acciones de los gobiernos bolivianos, es el referido al carácter bilateral de este problema y que mal haría Bolivia al tratar de llevarlo a instancias y foros multilaterales. No se trata de una u otra cosa. Ya lo dijo el Canciller brasileño Celso Amorín hace algunos años: “Evidentemente es un problema bilateral, (pero) no deja de tener repercusiones regionales en Sudamérica y por eso es un problema que nos interesa a todos”. Compartiendo este pensamiento, ya desde el año 1975, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos declaraba que: “La situación de mediterraneidad que afecta a Bolivia es motivo de preocupación continental, por lo cual todos los Estados Americanos ofrecen cooperar en la búsqueda de soluciones”. Mucha más contundente fue la Resolución 426 que obtuvo Bolivia en 1979, en el marco de la X Asamblea General de la OEA, donde se señala que la cuestión marítima es “un asunto de interés hemisférico permanente” y que es necesario encontrar una solución justa y equitativa que proporcione a Bolivia un acceso soberano y útil al Océano Pacífico.

A partir de esta determinación y producto de otra Resolución que la refrendaba en 1989, Bolivia, desde 1990, presenta informes anuales sobre la situación de su reivindicación marítima a la reunión de Cancilleres de la OEA. Por todo lo señalado, mal podría sostenerse que el problema tiene que circunscribirse al ámbito bilateral o que, de lo contrario, si se lo expone y trata en ámbitos multilaterales, se inviabilizaría acuerdos y negociaciones bilaterales. Este tema esta en la agenda multilateral desde hace mucho porque tiene repercusiones que afectan a todo el continente. Es en este contexto que en la última Asamblea General de la OEA, en Lima, Perú, 10 países miembros intervinieron para manifestar su preocupación y deseo de solución de este tema pendiente en la Región, donde el Canciller de San Vicente y las Granadinas remarcó que la comunidad regional espera “que este tema se solucione en nuestra generación”. Ambiente y declaraciones que muy probablemente se repitan en la Asamblea General de este año, que se inicia la semana siguiente en San Salvador.

Otro mito que acompaña los debates, tanto dentro como fuera de Bolivia, es el referido a que la solución del diferendo está asociada a posiciones ideológicas de los gobiernos de turno, en ambos países. Se supondría que gobiernos afines —como las dictaduras de Banzer – Pinochet, o gobiernos de izquierda como Morales – Bachelet—, podrían lograr mejor entendimiento y alcanzar soluciones casi inmediatas. Considero que, si bien una afinidad ideológica puede brindar un ambiente propicio para la creación de confianzas (que es la mayor virtud y fortaleza que tuvo la “Agenda de los trece puntos”), la solución final del conflicto esta más relacionada con la capacidad, el perfil de estadistas y la visión estratégica que puedan tener los liderazgos políticos a ambos lados de la frontera. Esto se ve reflejado desde tempranas épocas cuando un Canciller chileno conservador, de un gobierno conservador, como era Domingo Santa María, señala en una misiva a su Ministro de Guerra —todavía en campaña!, en 1880—, que tome en cuenta y recuerde “que no podemos ahogar a Bolivia. Privada de Antofagasta y de todo el litoral que antes poseía hasta el Loa, debemos proporcionarle por alguna parte un puerto suyo, una puerta de calle, que le permita entrar al interior sin zozobra, sin pedir venia…”. Ese reconocimiento claro de los hechos y la capacidad visionaria y estratégica es la que se requiere ahora para enfrentar el conflicto.

Finalmente, otro mito muy relacionado con la talla y liderazgo de nuestros estadistas, es el referido a suponer que, quien resuelva la demanda marítima de Bolivia, el presidente o presidenta que lo logre, será elegido y reelegido de manera permanente en nuestro país. Este entendimiento es compartido tanto por izquierdas como por derechas en nuestro país (no por otra razón, el año 2008, la dirigencia más conservadora de Santa Cruz, en un encuentro con periodistas chilenos, solicitaban que, si de ellos/as dependía, no devolvieran el mar a Bolivia durante el gobierno de Evo Morales, porque se “eternizaría” en el poder). Entonces, la motivación puede ser doble: no sólo el reconocimiento por curar y cerrar una herida que se encuentra en el ser boliviano, sino que, se imaginan, el poder cuasi eterno. Es una certeza que los actores principales y el liderazgo que logre resolver nuestro enclaustramiento, será parte de nuestra galería de gloriosos próceres, contando con nuestro reconocimiento permanente. Pero también es cierto que, si se tiene la capacidad y visión estratégica para alcanzar la meta, también se tendrá el conocimiento suficiente para dejar de lado aspiraciones cortoplacistas. Los procesos de negociación pueden ser dilatados y morosos, pero cuando están firmemente guiados es seguro que logran resultados; es por ello que se requieren liderazgos que puedan trascender su propio tiempo e interés inmediato.

Pero si esos son los mitos, también existen muchas realidades que tendrían que tomarse en cuenta para enfrentar y resolver el diferendo. Y ello pasa por una premisa principal: para negociar se requiere de dos partes y, por lo menos, de dos intereses particulares. Las razones del lado boliviano son por demás explícitas, pero cuáles serán los intereses que motivan al vecino país a “acercarse” a Bolivia? Porque no fue por casualidad ni por el mucho carisma de alguno de nuestros líderes que, para no ir muy lejos, los últimos tres mandatarios chilenos buscaron negociar nuestras diferencias, mientras se publicitaba que no tenían “asuntos limítrofes pendientes con Bolivia” (parte llamativa de este proceso fue la llegada del primer presidente socialista de la Concertación, para participar en las exequias del ex dictador Banzer. Cuánto sería el interés por llegar a “acuerdos”?).

El caso es que, podemos suponer, Chile tiene los intereses suficientes —y que trascienden sus gobiernos de turno—, como para buscar llegar a acuerdos y soluciones duraderas. Casi podríamos decir que también para nuestros vecinos es una Política de Estado el resolver nuestros problemas y, principalmente, poder lograr acuerdos económicos complementarios. Porque, dejando de lado las especulaciones, una realidad es que el modelo de crecimiento económico elegido e implementado por los gobiernos del país vecino, en dictadura o en democracia, durante casi medio siglo, es insostenible con sus recursos propios, y las soluciones alternativas, sin acuerdos con Bolivia, son tan costosas que las inviabiliza.

Dicen que, para ejemplo, un botón basta, pero en esta oportunidad presentaremos dos botones. Por un lado el tema de los recursos hídricos, no ya para el consumo doméstico —que, en otros escenarios, podría ser una prioridad para cualquier gobierno—, sino para la permanencia y crecimiento del sector minero. Para los próximos ocho años, se tiene prevista una inversión de 50 mil millones de dólares en proyectos mineros, donde el desafío mayor se encuentra en “conseguir” más de 150 millones de metros cúbicos de agua, adicionales a los cuatrocientos millones que ya utiliza el sector. El gobierno vecino ya señaló que, “de concretarse todas las iniciativas esperadas al 2015 —en tres años!—, para esa fecha habrá un déficit de agua”. Por decir lo menos.

Paralelamente, tenemos el tema de energía. Sólo pensando en el sector minero, se sabe que actualmente nuestros vecinos enfrentan un déficit, sin tener en cuenta proyectos futuros y las inversiones programadas en el sector, antes mencionadas. Lo que hace que los costos de energía sean, de lejos, los más altos de América Latina: de acuerdo a Bice Inversiones, el costo de la energía aumentó 68% en el período enero-mayo, del presente año en referencia al mismo periodo del año pasado (el promedio de estos cinco meses fue de 228,7 dólares por MWh, comparado con los 135,9 dólares por MWh, durante el año 2010). En este escenario, a fines del año pasado, Nelson Pizarro, gerente general de una importante empresa minera (Lumina Copper Chile), declaraba que “todo el esfuerzo que se le pide a la minería para desalar agua para combatir la escasez en el norte significa energía al final de día. Es imposible financiar la desalinización de agua a los precios actuales de la energía”. El mismo empresario declaraba que: “En el largo plazo, no estoy seguro si Chile alguna vez tendrá una matriz energética capaz de cubrir la demanda”.

Resumiendo lo analizado, queda claro que, más allá de los mitos construidos, tanto Chile como Bolivia cuentan con las suficientes razones para resolver este problema y lograr una relación virtuosa. Para alcanzar este objetivo no podemos seguir tratando el tema con la lógica y los ojos del siglo XIX. En los más de 130 años que no se logró un acuerdo que satisfaga a las partes, el mundo ha cambiado radicalmente. Siguen existiendo y prevaleciendo los intereses, pero en el ámbito de las relaciones entre países, el sistema internacional de los siglos XIX y XX, que se basaba y funcionaba enteramente sobre la soberanía de los Estados, se ha desintegrado y ya no responde a los intereses de la humanidad. Un nuevo orden pugna por surgir con nuevos actores e institucionalidades distintas. En nuestro propio continente se van desarrollando —con nuestra activa participación—, distintas y novedosas iniciativas de integración.

Ya no se puede tratar el tema por medio de declaraciones emotivas y altisonantes; ni Bolivia ni Chile pueden seguir esperando por una solución, los tiempos y las oportunidades en un mundo globalizado son muy dinámicas. Resulta imprescindible retomar el camino de construcción de confianzas mutuas y, a partir de lecturas realistas —que poco tienen que ver con la realpolitik—, se termine de asumir que son muy pocas o casi inexistentes economías tan complementarias como la boliviana y la chilena, que “Bolivia no puede vivir aislada del mar” y que se debe “proporcionarle por alguna parte un puerto suyo, una puerta de calle, que le permita entrar al interior sin zozobra, sin pedir venia…”, como decía el Canciller chileno Santa María.

*     Profesor universitario.

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