por: Raúl Prada Alcoreza-.
Comencemos con una paradoja. Para Marx, Lenin y Mao el Estado es un instrumento separado de la lucha de clases pero para servir mejor a la clase dominante. Esta interpretación se opone a los que sostienen la hipótesis del atravesamiento del Estado por la lucha de clases. El Estado no puede estar atravesado por la lucha de clases, pues se desmoronaría en un instante. Para servir mejor como instrumento a la clase dominante, en la lucha de clases en la que está involucrada, no puede dejar que la lucha de clases le atraviese. Incluso en los peores momentos de la crisis política se apela a la unidad, al patriotismo, al deber y a la responsabilidad de los funcionarios. No hay que olvidar que gran parte de los funcionarios vienen de las clases populares, empero esta su condición no modifica el contenido de clase del Estado; se reproduce en ellos, debido a sus tareas, que deben cumplirlas, que apuntan a lograr la separación efectiva del Estado. La administración estatal aparenta neutralidad mediante leyes, normas y reglamentos, que terminan siendo administradas celosamente por los funcionarios. Si bien la mayoría de los funcionarios de base puede provenir de las clases populares, se tiene el cuidado de que los altos puestos del Estado estén ocupados por gente procedente de la clase dominante, la burguesía. El núcleo duro y de emergencia, encargada de la represión y del cuidado de las fronteras, es conformado, consolidado y reproducido, para mantener la continuidad del orden. El Estado debe mantenerse hasta en los peores momentos donde se constata su desaparición, aunque sea como idea. Empero, a pesar de estos derrumbes, que terminan siendo momentáneos, el Estado se reconstruye a partir de las propias ruinas que han quedado. Hay muchos ejemplos en la historia de los estados al respecto. No nos vamos a detener en ellos, tampoco a describirlos, sino basarnos en esta experiencia para mostrar la fuerza reproductora del Estado. ¿Por qué ocurre eso?
Cuando se dan las revoluciones, en algunos casos la clase dominante no desaparece, sino que sigue manejando los hilos de la producción social; en otros, puede haber desaparecido, empero es sustituida por otra clase dominante. Tampoco hay que olvidar que hay fracciones en la propia clase dominante; estas fracciones disputan el dominio y el control del Estado. Este instrumento separado de la lucha de clases no puede permitir que la lucha entre las fracciones arrastre al abismo al conjunto de la clase dominante; el interés general debe preponderar sobre los intereses particulares. Hay también otras situaciones que hay que considerar, cuando la burguesía es vencida por la revolución social, puede ocurrir dos cosas: 1) que los sublevados victoriosos sustituyan el aparato de dominación del Estado por otras formas políticas de participación y asociación colectiva, como en el caso de la Comuna de Paris; 2) que los dirigentes de los sublevados utilicen la maquinaria estatal, este fabuloso instrumento, para constituirse en la nueva forma de dominación, por ejemplo, el dominio de la burocracia, como ha ocurrido en la mayoría de los países llamados socialistas. Como puede verse, en la amplia mayoría de los casos, podríamos decir, casi en todos los casos, a pesar de la excepción que confirma la regla, el Estado como instrumento separado de la lucha de clases reaparece, reconstruyéndose de sus ruinas o prestando su maquinaria al servicio de una nueva clase dominante.
Se ha hablado de un periodo de transición, que en la teoría marxista se lo ha identificado con la dictadura del proletariado, que no significa dictadura política, como algunos intérpretes vulgares lo creen, sino el desmontaje democrático y participativo de la fabulosa maquinaria estatal; ciertamente no hablamos de la democracia formal institucionalizada. No se trata de la dictadura del partido, de la burocracia, de la nomenclatura, de un grupo reducido o de un hombre, sino se trata de la aplicación de un contra-dominio, de una contra-dominación, que usa otros instrumentos y otras instituciones para transitar la transición transformadora y emancipadora. En Bolivia esta transición ha sido concebida como Estado plurinacional comunitario y autonómico. Obviamente no tiene nada que ver con el Estado-nación y con la vieja maquinaria estatal. Se trata de una invención colectiva en la perspectiva descolonizadora de las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos, los movimientos sociales y el proletariado nómada. Como dijimos en un escrito anterior 2, el Estado plurinacional ya es un no-Estado, pues supone la participación, la democracia participativa plural, la construcción de instituciones interculturales y plurinacionales, el reconocimiento pleno a las condicionantes territoriales y de los ecosistemas. En otras palabras supone múltiples asociaciones productivas y políticas que efectúen el desmontaje de las polimorfas dominaciones, basadas en la herencia colonial. Respecto a esta tarea de transición, el mantener la separación instrumental del Estado, con toda la compleja maquinaria institucional, con la repetición de la división del trabajo de los especialistas y funcionarios, es optar por la reproducción del Estado, la restauración del Estado-nación, por lo tanto de la reproducción proliferante de las dominaciones. ¿Quién domina en este caso? ¿Una nueva casta? ¿Una nueva clase? ¿La burocracia? ¿La dirigencia cooptada por el Estado? ¿O, de manera particular, siendo un Estado-nación subalterno, la dirigencia que se hace cargo del Estado es intermediaria, hace de mediación en la reproducción de las formas de dominación mundial, en el proceso de acumulación ampliada de capital? ¿Entonces se trata de los nuevos intermediarios del poder mundial? Estas preguntas no pueden responderse de manera inmediata, se requiere vivir la experiencia histórica de todo el proceso. Sin embargo, se pueden muy bien dibujar tendencias en un campo de correlación de fuerzas concurrentes y en lucha.
En la corta experiencia de la gestión de gobierno, sobre todo durante el lapso de tiempo transcurrido desde la aprobación de la Constitución, podemos constatar tendencias muy fuertes a mantener el Estado, restaurar el Estado-nación, usar esta maquinaria para mantener el orden, la unidad de la vieja institucionalidad, manteniendo a su vez todo el engranaje administrativo heredado. ¿Cuáles son las condicionantes de esta inercia material? ¿Qué fuerzas se despliegan para lograrlo? Juega en todo esto un rol gravitatorio la inercia de la propia maquinaria estatal, que tiende a conservarse, a reproducirse, a defenderse de cualquier contingencia, pero también de cualquier intento de cambio. El aparato y maquinaria estatal no ha cambiado, sigue siendo la misma; las normas, los procedimientos, la administración de las normas sigue siendo la misma. Lo que conlleva de suyo que la gestión pública sigue siendo la misma. La cartografía institucional del ejecutivo sigue siendo prácticamente la misma, acompañada por las instituciones y las unidades descentralizadas. Lo que ocurre es que la sedimentación administrativa sigue amontonando estratificaciones organizacionales unas sobre otras, acumulando yuxtaposiciones en la geología institucional del Estado. ¿Qué ha cambiado? Podríamos decir la orientación de los discursos, que ahora hablan contra el proyecto neoliberal, retirado del escenario por la lucha de los movimientos sociales. ¿Pero, qué consistencia tienen estos discursos? ¿Son sostenidos por prácticas y modificaciones institucionales? El problema radica aquí; si bien el proyecto neoliberal es retirado del escenario político, su práctica efectiva, sobre todo en el gabinete económico, sus dispositivos legales, sus formas administrativas y sus concepciones monetaristas no han desaparecido del todo. Se encuentran en los ambientes de las oficinas gubernamentales y en los grupos de decisión de decretos y leyes. Por otra parte, instituciones más antiguas, que tienen que ver con la historia misma de la formación del Estado como las Fuerzas Armadas, es decir, el ejército, el aparato militar, no han vivido transformaciones de ninguna clase desde las reformas de 1953, cuando se restaura el ejército, salvo las dadas por las modernizaciones que tiene que ver con el adoctrinamiento norteamericano en la Escuela de las Américas. Se dan intentos de reforma en el gobierno del General Juan José Torres, buscando una orientación antiimperialista, empero esto queda en proyecto. En la actual gestión de gobierno no se ha efectuado una reforma de las Fuerzas Armadas; había la oportunidad para hacerlo, cuando la Asamblea intentó cambiar la condición de las Fuerzas Armadas y de la Policía, se enfrentó a resistencias poderosas. La decisión del presidente fue que la situación quede en statu quo, tal como estaba en la anterior Constitución, para de este modo evitar mayores conflictos, que se avecinaban. A propósito, no se puede valorar como grandes cambios la ampliación del ingreso a postulantes indígenas; esto no cambia la lógica estructural de las Fuerzas Armadas. La concepción nacionalista, no plurinacional, manifiesta claramente el alcance de esa apertura, que no llega de ninguna manera a ser descolonizadora.
La relación del Estado con el ámbito económico es complicada, sobre todo por la ambigüedad de las políticas. Ciertamente la medida de nacionalización de los hidrocarburos, que es más el inicio del proceso de nacionalización, marca el paso hacia la recuperación soberana del control de los recursos; después de la medida no se continua con una estrategia clara de refundación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) como empresa operativa y productiva, tampoco se formulan políticas encaminadas al control técnico efectivo del proceso de producción, con una orientación evidente hacia la industrialización, estancando el proceso de nacionalización atrapado en el mismo modelo extractivista, en el círculo vicioso de la dependencia, en el vínculo perverso con en el mercado externo, condenando en este contexto a la naciente YPFB a la restricción humillante de realizar tareas meramente administrativas. La relación con la minería es peor, pues no se modificaron las normativas mineras, el Código minero, dejando el control abrumador de los recursos naturales y de los yacimientos en manos de las empresas trasnacionales. El proyecto de industrialización del gobierno es incipiente e improvisado, las mega-hidroeléctricas una aventura antiecológica, orientadas a alimentar de energía a la potencia emergente de Brasil, por lo tanto al proyecto geopolítico de la burguesía brasilera articulada al dominio de la burguesía internacional. El mapa de caminos en construcción no responde a una estrategia productiva propia, ausente todavía, se encuentra más ligado a las direcciones de los flujos transoceánicos. En este panorama desolador, hay que incluir lo que pasa con la burguesía intermediaria boliviana; la paradoja es esta: después del desenlace del enfrentamiento con las oligarquías regionales, éstas, en su condición de empresas agroindustriales, han cobrado peso en el mercado interno, alimentando a la población, también en el mercado externo y han incursionado en acuerdos con el gobierno. Haciendo un balance rápido, se puede apreciar que se ha renunciado a la reforma agraria, la política económica agraria se orienta más a lograr un acuerdo con los empresarios, no así a transformar el agro fortaleciendo a la economía comunitaria, como establece la Constitución. La inversión en la empresa hidrocarburífera, la inversión en las empresas públicas en gestación y las inversiones en obras, ciertamente han modificado la participación del Estado en la economía, dándole una mayor preponderancia cuando la inversión pública ha cobrado peso gravitatorio. Este incremento de la inversión pública y de la participación del Estado no llega, sin embargo, a transformar la estructura económica, el modelo extractivista, tampoco el control de las empresas trasnacionales de las áreas estratégicas de los hidrocarburos y de la minería, tampoco el control de las empresas agroindustriales del espacio productivo agrícola y pecuario. Podemos decir que estas son las condicionantes materiales de la inercia estatal. No hay transformaciones institucionales, no hay transformaciones estructurales, no hay reforma agraria, no hay cambio del modelo económico extractivista.
Otro factor concomitante y condicionante de la inercia estatal, esta vez subjetivo, es la ideología, si podemos hablar así, de los funcionarios públicos, incluyendo a los puestos altos, ministros, viceministros, directores y jefes de unidad. ¿Qué se piensa del proceso? ¿Qué se piensa de la coyuntura? ¿Cómo se asumen las contradicciones? Vamos a describir ciertos rasgos de formas de representación y de conducta, pues no es posible describir el conjunto de posicionamientos de los funcionarios públicos, lo que daría lugar a una distribución más abierta. Lo que interesa son ciertos posicionamientos de los sujetos ante los temas candentes del proceso.
En primer lugar hay que anotar que la amplia mayoría de los funcionarios ha sido ajena al proceso abierto por las luchas sociales de 2000-2005; por lo tanto, una vez que el gobierno indígena-popular asume el gobierno, después de las elecciones de diciembre de 2005, se ven sorprendidos, interpelados y compelidos a adecuarse a las nuevas circunstancias. Un pequeño grupo de nuevos funcionarios ingresa, por su vinculación con el proceso, con el MAS o con las organizaciones sociales, sin experiencia en la administración pública o muy poca, aunque con ganas de cambiar la gestión. La mayoría de este pequeño grupo ha sido tragado por la administración pública, por lo tanto por la administración de normas y las tareas recurrentes de las oficinas. No cambiaron para nada del aparato público. Hay otro grupo de funcionarios en esta composición, son los famosos consultores, que se convierten en indispensable por el estilo abierto en la gestión pública por los gobiernos neoliberales. Se trata de funcionarios pagados prioritariamente por la cooperación internacional, los cuales ingresan a través de convocatorias y haber concursado. Presentan buenos curriculum vitae; muchos de ellos tienen trayectoria y experiencia como consultores. Es como su modus vivendi y sumodus operandi. Hacen diagnósticos, evaluaciones, propuestas, son incorporados a tareas especiales, como las relativas a las formulaciones de proyectos. En la medida que el gobierno no encontró respuestas en sus propios funcionarios de planta para las tareas de cambio, terminó incorporando a estos consultores para que elaboren propuestas de transformación o, por lo menos, documentos que dibujen las visiones de estas propuestas. Es de esperar que la mayoría de estos documentos terminaran siendo altamente conservadores, más cerca de la reproducción de lo mismo que propuestas de cambio. Las formas de participación de los no-funcionarios, de las organizaciones sociales, de la gente del pueblo, de las comunidades, no encontraron espacio, tampoco fueron incorporadas a la gestión pública y a las decisiones políticas, salvo como espectáculo, donde no se recoge criterios colectivos formados, sino se tiene a la masa como espectadora y legitimadora de las decisiones tomadas por grupos de “elite”. En el contexto de este ambiente puede explicarse la ausencia de la crítica y de la predisposición a la crítica, al contrario, estamos ante una población de aduladores y personal predispuesta mas bien a justificar todas las acciones del gobierno. Hay un esmero por encontrar sentido a las políticas y a las medidas, aunque sean metidas de pata. En esta atmósfera es muy difícil encontrar la posibilidad de la identificación de errores políticos, estratégicos o tácticos, a no ser que sean errores de procedimiento respecto a la norma. Se entiende entonces que se produce en este ambiente recurrente una retroalimentación de todo el sistema burocrático, de las políticas gubernamentales y de los aparatos estatales.
Una de las representaciones más sintomáticas que se hacen los funcionarios es respecto al Estado plurinacional comunitario y autonómico. Consideran que la fundación del Estado plurinacional se reduce al reconocimiento de las lenguas nativas, en el mejor caso, a su uso en la administración, en el caso más reductivo, se reduce al aprendizaje de las lenguas por los funcionarios, por lo menos la más hablada en la región. También se aceptan los cambios de símbolos y quizás de ceremonias, también cambios de nombres y sobre todo escuchar y repetir los términos nuevos en los discurso. Pueden crearse nuevas unidades, muy pocas, o incluso nuevos viceministerios, mucho más reducidos, y en el mejor de los casos hasta ministerios, contados con los dedos de la mano, pero estos cambios terminan siendo de poca irradiación, más bien resultan símbolos decorativos ante la abrumadora gestión liberal. En estas condiciones, bajo el manto de esta atmósfera intersubjetiva pusilánime, es inimaginable una descolonización institucional, una transformación institucional, una transformación de la gestión pública en los términos de la condición plurinacional, la condición comunitaria, la condición autonómica, la condición intercultural. Lo mismo ocurre con valores y propuestas alternativas como el vivir bien; al respecto, se ha escuchado decir a altos funcionarios del gobierno y de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que el vivir bien no es nada más que el bienestar. Esta es una muestra patética de su comprensión del proceso. La condición comunitaria queda relegada a las comunidades campesinas, se trata de una entidad local y rural. Con esto se está lejos de comprender la matriz comunitaria del Estado plurinacional en la Constitución. La condición intercultural queda circunscrita a programas especiales; de ninguna manera se puede convertir en eje transversal de las transformaciones institucionales, de la transformación pluralista y participativa de la gestión pública. Los temas estratégicos y orientadores del cambio de modelo económico como los relativos a la economía social y comunitaria son supeditados a las políticas de equilibrio macroeconómico, monetaristas; en el caso de algunas proyecciones, a diseños e implementaciones provisionales de empresas públicas, que no terminan de sostener el imaginario de la revolución industrial. Como se puede ver, la predisposición subjetiva es a mantener la separación del Estado de la lucha de clases, de la lucha anticolonial y descolonizadora, a mantener la separación del Estado de la aplicación efectiva y consecuente de la Constitución, es decir, de las transformaciones institucionales y estructurales económicas, políticas, sociales y culturales.
1 Revisar de Louis Althusser el capítulo IX ¿En qué sentido es el estado “instrumento” y “separado”? Libro citado.
2 Transformaciones pluralistas del Estado. Libro colectivo de Comuna. Muela del diablo; La Paz.
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