octubre 23, 2020

Sobre la Ley de Revolución Productiva

por: Dr. Rolando Morales Anaya

¡Albricias! Finalmente, después de 6 años de gobierno, alguien se acordó de los sectores productivos. Acaba de promulgarse la Ley de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria. Tiene muchos defectos e inconsistencias, pero como se suele decir en Bolivia, “se irán corrigiendo en el camino”, lo importante es que se haya dado un primer paso para apoyar al sector productivo. Además de manifestar satisfacción por la promulgación de esta ley, este artículo quiere contribuir al proceso de corrección de sus falencias.

Para comenzar. sugerimos la ampliación de su horizonte en dos dimensiones: la cobertura de productores y la cobertura de productos. Es importante, por lo menos desde la economía, buscar que los pequeños emprendimientos crezcan y que haya sinergia entre los grandes, medianos y pequeños. Encerrar a algunos productores en la categoría étnica-económica de “comunidad indígena originario campesina, intercultural y afroboliviana” y hacer de ellos los únicos beneficiarios de la ley es contraproducente desde el punto de vista humano, político y económico y viola la CPE. Sus autores podrían ser acusados de racistas. Convendría más hablar de productor agropecuario o simplemente campesino y abrir el acceso a los beneficios de la ley a todos los que tienen como ocupación principal la actividad agropecuaria. Con relación a los productos que se beneficiarán de esta ley, se menciona a seis alimentos (maíz, trigo, arroz, papa, hortalizas, y quinua), a tres que son rubros que producen insumos alimenticios (avicultura, ganadería y caña de azúcar) y a dos que producen alimentos para animales (forrajes y sorgo). No incluye frutas ni otros cereales. ¿Cuál es la lógica de esta elección? – En una canasta corriente de alimentos participan por lo menos 300 productos diversos. El INE, considerando solamente grandes grupos de productos, hace el seguimiento de 80 productos alimenticios de la canasta familiar. Por otra parte, las regiones son diversas con sus propias vocaciones y preferencias; los campesinos saben qué se puede producir y qué es lo que se puede vender. ¿Será que los promotores de la ley saben mejor que ellos? – Estas observaciones llevan a sugerir no limitar el número de productos que se beneficiarán de la ley y no establecer una lista de ellos.

La ley deja abierta la puerta a los transgénicos. Muchos especialistas en sus ramas respectivas alertan continuamente sobre sus peligros para la salud y el medio ambiente, algo, que al parecer, sigue siendo relativamente polémico. Desde el punto de vista de la economía no debe vacilarse ni un solo instante en oponerse a su introducción. La razón es la siguiente: las semillas transgénicas no se reproducen, al comercializarse a precios más baratos que la natural, serán preferidas por los agricultores provocando que se pierda paulatinamente la capacidad nacional de producción de semillas. Con el tiempo, sólo podremos producir comprando las semillas transgénicas y el paquete de fertilizantes y plaguicidas respectivo de uno de los 10 distribuidores mundiales, 7 de ellos controlados por una solo empresa. Si el país atravesase por una crisis de su sector externo como la de los años ochenta, todos nos moriríamos de hambre. Sin ser tan pesimista, cabe señalar que estas empresas podrán en el futuro aumentar sus precios como les venga en gana. Aprobar la introducción de productos genéticamente modificados es el peor atentado a la “soberanía alimentaria” que la ley considera como uno de sus objetivos y aumentará la pobreza generando problemas de escasez de alimentos. Corresponde, luego, hacer un nuevo barrido “en el camino” de cualquier vestigio en esta ley (y en otras) que permita la introducción de transgénicos.

La norma crea nuevas instituciones pero hay duda que alguna de ellas funcione. Crea el Consejo Plurinacional Económico Productivo con facultades superiores a los del Presidente y de su gabinete de ministros (aunque ellos hacen parte de este Consejo). Como este consejo no tendrá un aparato institucional que haga cumplir sus determinaciones, simplemente se convertirá en una instancia inoperante. Llama por otro lado la atención que en este consejo ni en sus similares a nivel departamental no haya participación de las gobernaciones pero si de una “Confederación Agropecuaria Nacional” inexistente.

Se menciona que deberá haber una adecuada gestión del agua y de los suelos, pero no se designa responsabilidades. Se crea la Empresa Estratégica de Semillas, retirando esta función otra entidad de gobierno, se crea la Empresa de Producción de Abonos y Fertilizantes, ¿con qué insumos? Se determina que investigación y difusión de tecnología estarán a cargo del INIAF pero no se le asigna recursos (se acaba de quitarles los pocos que tenían). ¿No deberían descentralizarse a nivel de departamentos la investigación, tecnología y asistencia técnica?

La Ley prevé que los gobiernos departamentales asignen algo de su presupuesto para lo que llaman“transferencias” lo que en economía se puede entender como donaciones. ¿Lo harán”, se menciona que habrá “condiciones” ¿de qué tipo? Se menciona también que habrá créditos que finalmente son de carácter hipotecario, ¿se ignora que las tierras otorgadas por la Reforma Agraria no pueden ser hipotecadas?

La norma prevé la creación del seguro agrícola, la forma como lo presenta no augura su viabilidad, pero, posiblemente esto se arregle también “en el camino”.

La visión del desarrollo agropecuario que en última instancia propone esta ley es la de la producción individual exitosa del pequeño productor campesino (originario, afroboliviano, etc., etc.). Éste es un error político, pero sobretodo técnico, pues, el éxito de la política agropecuaria depende mucho de lo que el sector público pueda hacer para prevenir la erosión y la consecuente pérdida de fertilidad de las tierras, el manejo de las aguas, la adopción y difusión de tecnología, la capacitación y las oportunidades de comercio. Un agricultor individual no puede asumir la resolución de estos problemas.

Choca el sentido común el discurso de algunos líderes políticos que en suma plantean que es necesario hacer pequeñas perforaciones en la tierra para poner en ellas unos dólares y esperar que de ellas broten árboles cuyas hojas sean billetes verdes. El problema agropecuario en Bolivia que constituye el Talón de Aquiles del Desarrollo y de la lucha contra la pobreza es mucho más complicado que el repartir dinero por doquier.

Es difícil comprender por qué Bolivia hace por lo menos 40 años, desde que terminó el entusiasmo por la Reforma Agraria de los años cincuenta, no otorga ninguna importancia al sector agropecuario. En los gobiernos neo-liberales el ministerio encargado de su promoción era puesto en manos de representantes del Oriente quienes lo único que hacían eran ejercer de tramitadores de los intereses de los patriarcas de su región. En la actualidad, los ministros son sólo para la foto al igual que en tiempos de Sánchez de Lozada o Chirac a quienes les encantaba mostrarse sentados al lado de una señora de pollera o de un indígena.

No obstante que este artículo parecerá crítico al lector, se reitera la satisfacción que sentimos por su promulgación pues pone en el centro del debate la política de apoyo a la producción y como se dijo antes esperamos que todo se vaya mejorando en un proceso de “avanzo un poco, corrijo y sigo avanzando”, es decir que todo se corrija “en el camino”.

Be the first to comment

Deja un comentario