octubre 27, 2020

Encarar con optimismo esta nueva fase de la democracia

La Asamblea Legislativa Plurinacional ha concluido con la preselección de los candidatos a 56 cargos del Órgano Judicial y ahora el país se dispone a entrar en una nueva fase de implementación de la Constitución Política del Estado y, por tanto, de este proceso de ampliación de la democracia.

Luego de varias semanas de debate político sobre las supuestas pretensiones oficialistas de copar el Órgano Judicial, dos apariciones públicas —del Presidente y Vicepresidente del Estado Plurinacional— para asegurar que por razones éticas ninguna ex autoridad vinculada al MAS iba a formar parte de la lista de precandidatos, le han quitado una gran parte del discurso a la oposición.

De ahí que el anuncio opositor de convertir las elecciones judiciales de octubre en un referéndum —se supone de índole político— o de convocar al voto nulo se presentan bastante desproporcionadas y con alta probabilidad de terminar en un fracaso. Primero, porque no hay ninguna señal de que el Gobierno vaya a caer en la tentación de asumirlo como referéndum, a pesar de estar en un momento de creciente recuperación de su popularidad. Segundo, porque los sujetos de las elecciones no son los partidos o autoridades políticas, sino la población y los que se pretenden como idóneos para administrar justicia. Tercero, porque se daría un carácter político-partidario a unas elecciones radicalmente distintas a las elecciones generales que hasta ahora conocemos, Cuarto, porque el voto nulo no tiene ningún efecto práctico y, quinto, debido a que ninguno de los profesionales conocidos por sus vínculos con el MAS está en la lista de los preseleccionados. En el caso de los que quedaron en la lista, es evidente que la relación de varios de ellos con algún nivel del Estado —no solo del gobierno— no los convierte automáticamente en militantes del oficialismo ni les priva de su derecho constitucional de ser candidatos.

Los cambios en la justicia hay que asumirlo como proceso. Pedir la suspensión de las elecciones de octubre no es una correcta posición política pues implicaría que la Asamblea Legislativa Plurinacional se vea forzada a llenar las acefalías de varias instancias del Órgano Judicial por los mismos medios que los partidos lo hicieron en el pasado y que dio lugar al llamado cuoteo, con lo cual se obtendría un resultado que más bien se quiere evitar. Es decir, no sería nada ilegal ni ilegítimo que el oficialismo designase entonces a las autoridades judiciales con la sola participación de sus diputados y senadores, pero el mandato del proceso constituyente y de la Constitución va por un camino distinto. Eso es lo que no están leyendo adecuadamente los que cuestionan las elecciones de octubre.

Es probable que frente al futuro, las elecciones de octubre tengan mucho que mejorar. Eso siempre es posible y además deseable. Pero es evidente que frente al pasado es un avance extraordinario para la democracia boliviana que la población tenga la opción de elegir a los responsables de administrar justicia y esté asegurada la igualdad de género.

Le corresponderá ahora al Tribunal Supremo Electoral conducir este inédito proceso con la mayor transparencia y responsabilidad posibles, de tal manera que los problemas, que siempre existen, sean periféricos y no centrales.

Dejemos la negatividad a un lado y con optimismo encaremos una ampliación de la democracia.

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