octubre 19, 2020

Los tres ejes de la nueva contraofensiva contra el cambio

Conforme pasan los días, la estrategia de la derecha se clarifica: deslegitimar a Evo Morales por su “permisibilidad” con el narcotráfico, por su vocación poco democrática al pretender copar el Órgano Judicial y por mantener relaciones diplomáticas con “amigos” no bien vistos por los Estados Unidos. El objetivo: desgastar al presidente indígena en miras a las elecciones generales de 2015.

A casi tres años de que la derecha —nacional e internacional— fuera derrotada política, ideológica y militarmente en sus planes para derrocar al presidente Evo Morales y revertir el proceso de cambio que busca, con muchas contradicciones y tensiones, saldar cuentas con el Estado colonial y con las dos décadas de neoliberalismo, una envalentonada oposición se propone propinar un duro golpe estratégico al primer gobierno indígena-popular.

El principal pretexto de esta contraofensiva de la derecha boliviana -a cuyas intenciones está siendo arrastrado de manera sorpresiva el centrista Movimiento Sin Miedo (MSM)-, es la selección de 56 autoridades para el Órgano Judicial que se producirá, por mandato constitucional y mediante el sufragio universal, en octubre próximo, en un acto democrático nunca visto en el mundo.

El objetivo estratégico de la derecha va más allá de octubre. En realidad, las elecciones judiciales se presentan como un escenario para medir fuerzas con el gobierno, cuya popularidad en los centros urbanos del país se encontraba en cerca de un 45% en junio pasado, luego de haber llegado a un 35% en febrero, el más bajo desde que Morales conduce Bolivia, pero al mismo tiempo el techo más alto que jefe de estado alguno ha tenido en el pasado, según una empresa de opinión de reconocido prestigio.

El objetivo es desgastar al gobierno en miras a las elecciones generales de 2015, ya que hasta ahora no se perfila en el horizonte proyecto, liderazgo y partido capaz de disputarle a Evo Morales el espacio político que tiene y, sobre todo, la hegemonía en el área rural.

La apuesta por el desgaste se registra a tres años de que la ultraderecha fracasó en su intento de un golpe cívico-prefectural que buscaba dividir el país en dos, para de esta manera forzar la renuncia de Morales a la Presidencia o, como se denunció en su momento, allanar una intervención militar de los Estados Unidos bajo el manto de mantener la paz.

Copamiento de la justicia

Una rápida repasada al discurso de los partidos, analistas y dirigentes de la derecha permite apreciar que la denuncia de “la intención masista de copar el Órgano Judicial” es una de las matrices de opinión, quizá la más importante, que se está activando para lograr un doble efecto, altamente contrario a los intereses y planes del gobierno de Morales.

En primer lugar está la clara intención de desacreditar y deslegitimar las elecciones de octubre. Lo que se dice es que la Asamblea Legislativa Plurinacional preseleccionó como candidatos a ocupar más de medio centenar de cargos judiciales a militantes, abiertos e encubiertos, del Movimiento al Socialismo (MAS), con lo que desaparecería la “independencia de poderes”.

En segundo lugar, tan importante como el anterior, la campaña de la derecha, que busca utilizar los alcances de las redes sociales, como ha ocurrido en otras partes del mundo en las que los planes subversivos estadounidenses no se pudieron ocultar, es bloquear al proceso de implementación de la Constitución Política del Estado, aprobada por el 62 por ciento de la población, mediante referéndum popular, en enero de 2009.

El mecanismo que se utilizará -ya adelantado por los dirigentes opositores- es el llamado a votar nulo, con lo cual estos sectores buscarán montarse sobre los problemas técnico-políticos reales que presentará la organización y la realización de unas elecciones sin precedentes en el mundo y en las cuales los votos fallidos seguramente serán más por razones técnicas que por una adhesión a la convocatoria de la derecha.

Una genealogía de las elecciones judiciales escrita por el abogado Farit Rojas la semana pasada y publicada por La Época da cuenta que, salvo el MSM, el resto de los partidos de la derecha que se oponen al acto electoral de octubre siempre mantuvieron su rechazo, en la Asamblea Constituyente, a que las autoridades del Órgano Judicial sean electos por voto popular.

Lo evidente es que los partidos de la derecha nunca se mostraron favorables en la Asamblea Constituyente a la participación de la población en la elección de los magistrados y vocales de justicia. Lo que hacen hoy, entonces, es seguir la misma línea política del primer período del presidente Morales previo a la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado. Es decir, bloquear por el medio que se pueda el proceso de cambio.

El narcotráfico

Otra de las matrices de opinión que se están desarrollando, de manera sostenida por la derecha boliviana y su respaldo externo, el departamento de Estado de los Estados Unidos, es la “permisibilidad” del gobierno del presidente Evo Morales con el tema del narcotráfico.

Tres supuestos se emplean en esa dirección: primero, el crecimiento de los cultivos de la hoja de coca y la producción de droga en territorio boliviano. Esto implica poner en duda los resultados de la política de reducción concertada de cocales que se desarrolla en las zonas no tradicionales y cuestionar los éxitos en la lucha interdictiva, sobre todo desde que el gobierno expulsara a la fuerza antidrogas estadounidense DEA en 2008. Segundo, la imposibilidad boliviana de impedir que su territorio sea empleado como “paso obligatorio” de la coca y la droga procedente del Perú hacia el Brasil. Tercero, para finalizar, difuminar en el ambiente nacional e internacional la pregunta del por qué se designó como director de una de las unidades de inteligencia del Ministerio de Gobierno al general René Sanabria, actualmente preso en Estados Unidos tras ser capturado en Panamá en febrero pasado por traficar droga hacia ese país.

“La DEA de Estados Unidos no luchaba contra el narcotráfico, controlaba el narcotráfico con fines políticos y ahora busca como implicarlo a Gobiernos y a presidentes que no comparten el capitalismo”, ha expresado el presidente Evo Morales a Telesur al advertir, por tercera vez consecutiva en menos de dos meses, la existencia de un plan estadounidense para desacreditarlo, a través del caso Sanabria, por una presunta pasividad de su gobierno en el combate al tráfico de drogas. La primera vez lo denunció el 11 de marzo, la segunda en la Argentina durante uno de los partidos que jugó Bolivia en la Copa América y ahora ante la ONU.

Un artículo publicado en La Época en los primeros días de julio da cuenta que dos agentes de la CIA y uno de la DEA planificaron, en una reunión secreta en la embajada de Estados Unidos en La Paz, el operativo de captura del general Sanabria, un estrecho colaborador de la DEA, con el objetivo de dañar la imagen del gobierno del presidente Evo Morales.

La investigación periodística revela los nombres de los tres agentes (Reginald Tillery, Rodney Delano Smith y Andy Banks), de los cuales el primero todavía permanece en Bolivia y advierte que Sanabria se ha declarado “culpable” de varios delitos de los que se lo acusa no solo para someterse al programa de protección de testigos, sino para “proporcionar” información contra algunas autoridades del gobierno boliviano.

“Los amigos de Evo”

Un titular del matutino Página 7 de Bolivia, del martes 26 pasado, permite apreciar que otra de las matrices de opinión que se están desarrollando, en este nuevo momento de contraofensiva de la derecha, es el efecto negativo que tiene para Bolivia mantener relaciones con países como Irán.

Independientemente de la fuente y los motivos de la publicación de esta noticia en ese matutino, desmentida por el canciller David Choquehuanca el miércoles en la mañana, es evidente que las relaciones bilaterales de Bolivia con Irán y Venezuela, representan una gran molestia para el gobierno estadounidense y particularmente para la ultraderecha de ese país.

A pesar de que el Canciller boliviano ha afirmado con certeza que en ninguno de los párrafos del borrador del Acuerdo Marco para el restablecimiento de las relaciones boliviano-estadounidense se hace mención, como es obvio, a otros países, no es la primera vez que la Casa Blanca se pronuncia en contra de los acuerdos de Bolivia con Irán. De hecho, el 12 de diciembre de 2009, poco después de que Evo Morales se alzara con el 64% de respaldo en las elecciones de 2009, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, advirtió que “los amigos de Irán” deben atenerse a las consecuencias.

Bolivia ha reiterado su voluntad de restablecer relaciones con Estados Unidos, rotas desde septiembre de 2008, cuando Evo Morales declaró “persona no grata” al embajador Philip Golberg por su estrecha colaboración con los planes antidemocráticos de la oposición. Sin embargo, exige una responsabilidad compartida en la lucha contra el narcotráfico, un acuerdo comercial de largo aliento que sea de ida y vuelta, una cooperación de Estado a Estado que permita evitar que organismos como USAID financien planes subversivos y respeto mutuo como estados.

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Denuncian rearticulación de MIR, ADN y MNR, por vía de el Granado y Doria Medina

El abogado ex candidato a la Presidencia de Bolivia y a la Gobernación de Santa Cruz, Jerjes Justiniano, denunció ayer martes la rearticulación de partidos políticos que, coaligados, gobernaron el país en el período 1985-2005 y que ahora propugnan “el fracaso” de las inéditas elecciones judiciales de octubre que viene.

“Volvemos al pasado y pregúntenle a estos personajes si ¿quieren que volvamos al pasado?, ¿si quieren el cuoteo?, ¿si quieren que les consultemos?, ¿si quieren que repartamos la cuota?, díganles eso. Yo creo que eso es lo que corresponde decir para que el pueblo pueda apreciar en su justa dimensión qué es lo que está ocurriendo”, lamentó en declaraciones a la prensa.

Una de las personalidades mejor reputadas en Santa Cruz, Justiniano se refirió, específicamente, a los resabios del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR, socialdemócrata, del ex presidente Jaime Paz Zamora), de la Acción Democrática Nacionalista (ADN, conservadora, del ex dictador y ex presidente Hugo Banzer) y del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR, liberal, del ex Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada).

La denuncia del académico se registró después que el alcalde de La Paz, Juan del Granado (2000-2010), devenido en líder de la oposición política y el empresario Samuel Doria Medina, llegaran a la ciudad de Santa Cruz, en medio de rumores, también de la rearticulación de la denominada _Media Luna_, suerte de junta de capitalistas y políticos de derecha que en 2008 intentó un quiebre institucional en Bolivia, con el derrocamiento del presidente de izquierdas Evo Morales.

“Doria Medina es pues mirista y Juan Del Granado era mirista, habrá sido su pasado” el que los hizo coincidir en Santa Cruz, hasta 2009, epicentro de la oposición más radical al progresista Morales, que incluyó, en abril de 2009, un intento frustrado por desatar una guerra civil que apuntaba a la secesión de Santa Cruz, pulmón económico del país, del resto de Bolivia.

La presencia de Del Granado y Doria Medina en Santa Cruz se registra también en momentos en que grupos afines al gobernador del departamento Beni, el conservador Ernesto Suárez, formalizado por corrupción pública, han desencadenado tensiones políticas en esa región del nordeste amazónico.

También después que el Ministerio de Gobierno promoviera el traslado de dos presos, el comentarista Jorge Melgar entre ellos, procesado por soliviantar en contra de Morales entre 2008 y 2009, a una cárcel segura, luego de “sofocar” una fuga masiva en un penal de Trinidad, capital de Beni.

Arraigado por la justicia local, Suárez arriesga la suspensión de su cargo, en sujeción a la Ley de Autonomías.

Líder del Movimiento Sin Miedo que controla la Alcaldía de La Paz, Del Granado se ha puesto en cabeza de la oposición y públicamente ha llamado a la ciudadanía boliviana a pifiar el voto en las elecciones judiciales de octubre, las primeras en Bolivia por vía de las urnas, proceso que según el gobierno de Morales introducirá una reforma en la justicia, socavada por la corrupción y la influencia de los partidos políticos.

Entre 1985 y 2005, los jueces bolivianos eran electos, para mandatos decenales, por los partidos que conformaban el Congreso.

De acuerdo con un reportaje del periódico La Razón, publicado en 1997, los magistrados bolivianos surgían de una repartija, por cuotas asignadas a los partidos con representación parlamentaria, a la sazón, el MIR, el MNR y la ADN.

El tabloide cita una declaración del ex ministro de Defensa de Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berzaín, actualmente refugiado en Estados Unidos, acusado de genocidio y peculado, en la que reconoce tal extremo, conocido como _cuoteo_ en la jerga de la política criolla.

“Entonces, los ciudadanos que querían buscar, que querían acudir a la justicia tenían que tener tres carnets, en el primer bolsillo tenía carnet del MIR, en el otro bolsillo el carnet del MNR y en el otro bolsillo el carnet de la ADN, entonces depende del cuál que iba entonces le mostraba su carnet que era militante del partido, y eso degrada a la política, y eso fue lo que ocasionó el deterioro de la imagen de la justicia”, dijo Justiniano, que en 1997 ejerció un curul en la Cámara de Diputados.

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