octubre 26, 2020

“Transporte público”: ¿Sindicato o mafia?

por: Pilar Uriona Crespo

Hace un par de semanas, una editorial del periódico La Razón titulada ¿Servicio público? se ocupaba de describir y transmitir mediante la palabra escrita la indignación y la frustración cotidianas que vive la ciudadanía en La Paz ante la arbitrariedad ejercida por varios sindicatos de transporte que, de manera absolutamente unilateral, han decidido elevar el costo de los pasajes, sin que medie en ello la consulta con la ciudadanía y, sobre todo, sin que exista testimonio de alguna reunión con los niveles estatales e institucionales correspondientes para aprobar y consensuar esta alza en los precios del transporte público.

En las discusiones coyunturales referidas a la política, no han faltado aquellas referidas al tratamiento de una Ley General de Transportes. Así, los últimos días del mes de julio la Cámara de Diputadas/os se ha ocupado de analizar y aprobar en sus estaciones en grande y en detalle el proyecto que da contenido a dicha norma. Esta sobre todo enfatiza —como objetivo compartido entre los distintos niveles autonómicos en que ahora se gestiona la administración pública— la integración y el desarrollo de una infraestructura carretera y de una calidad de servicios que reduzca los riesgos de accidentes.

Sin embargo, establecer cómo se piensa controlar de manera efectiva un aspecto más cotidiano, el de frenar el uso despótico del libre albedrío de los choferes para imponer con descaro a los pasajeros el precio que ellos deciden, queda en el aire. Por tanto, dicha problemática deja de estar vinculada a la política y pasa a ser desplazada al nivel de la disputa privada surgida entre quien se aprovecha y quien debe defenderse, discutir, ser violentado y violentarse ante este hecho.

Que exista al menos una editorial que manifieste indignación por esta arbitrariedad me parece importante, sobre todo porque en la misma se destaca que la idea de “lo público” y de “servicio” poco a poco se diluyen, pierden sentido vinculante, son referentes vacíos. Servicio se lee como dádiva y público como anarquía, cuando ambas nociones deberían tener un significado cohesionador, relacional, pero simétrico y justo.

Si el sindicato como organización de trabajadores de un gremio nació con el fin de defender y promocionar los intereses sociales, laborales y económicos de éstos, para gozar de legitimidad ha requerido que sus integrantes mantengan un sentido ético que señale que tales intereses se ejercen en el marco del respeto a los derechos e intereses de otros y de la justicia social. De ahí que puedan diferenciarse de una mafia, que también se ocupa de proteger intereses sectoriales, pero apropiándose del ejercicio autónomo de la ley y del recurso al delito.

Imponer precios no pactados con la ciudadanía, no contar con un respaldo estatal que corrija esta práctica de poder —que sí considero delictiva pues cae en la tipología del robo— debería conducir a preguntarnos cómo es posible re-vincularnos entre todos y todas con la idea de que una ley responde a nuestras angustias, necesidades y demandas más inmediatas y que es más que un papel escrito. Es un lineamiento de conducta que insta a respetarnos pero que requiere de cultura ciudadana y, sobre todo, de autoridades presentes, reconocidas, que hagan el seguimiento al cumplimiento normativo. Por el momento, veo que prima una sola ley indiscutible: la de la acumulación capitalista que pone como máxima el “vale todo” y que encima distorsiona nuestros sentidos de correcto e incorrecto, cuando los transportistas intentan amedrentarnos y convencernos a gritos que esa es y siempre fue la tarifa. En suma, haciendo retumbar en nuestros oídos que robar es un acto lícito e impune.

Be the first to comment

Deja un comentario